Raquel Conde, de 54 años, casada y con dos hijas, tiene en la localidad segoviana de Monzoncillo una explotación de varias naves de porcino con casi 2.000 madres y una producción de unos 53.000 animales , de los que engorda unos 35.000 y el resto los vende como lechones. Da empleo a 17 personas. Las nuevas normas sobre espacio y bienestar animal le obligarán a reducir la producción o poner en marcha otra nave con un coste de más de 300.000 euros, al margen de las dificultades para obtener nuevos permisos. "Para producir lo mismo se me disparan los costes. No podemos seguir. Las naves están preparadas en espacio, con medidas contra el frío y el calor porque soy la primera interesada en cuidar mis animales, pero parece que solo están pensando en que desaparezcamos y traer todo desde terceros países", se queja. Otro tanto le sucede a Héctor Llorente, de 41 años, ganadero de pollos en Cabreros del Río, en León, integrado en la empresa Huevos León. "Hoy, con la normativa en vigor sobre bienestar animal, tengo espacio para criar unos 35.000 animales. Con las nuevas disposiciones que se preparan en la Unión Europea debería rebajar esa cifra a unos 20.000, lo que supone prácticamente mantener los costes fijos y reducir casi a la mitad los ingresos. Es una invitación al cierre de una granja donde invertí hace seis años unos 450.000 euros". Uno de los retos de la histórica Política Agrícola Común se concretaba en ofrecer a los consumidores comunitarios en aumento una oferta alimentaria suficiente en volumen y calidad a unos precios asequibles, lo que dio lugar al desarrollo de un modelo de explotación intensivo y más eficiente, con seguridad alimentaria. Frente a esa política enfocada al autoabastecimiento de la población, en 2020, antes de la pandemia y de la invasión de Ucrania, bajo exigencias medioambientales, de sostenibilidad de los suelos y seguridad alimentaria, Bruselas daba luz verde a su estrategia De la granja a la mesa por la que, a medio plazo, se debería reducir en un 50% el uso de productos fito y zoosanitarios y en un 20% el empleo de fertilizantes minerales. Instituciones económicas e incluso la propia Comisión advirtieron que ello iba a reducir la oferta alimentaria de la UE entre un 20% y un 30%. Esa misma estrategia anunciaba para finales de 2023 una revisión de toda la legislación sobre bienestar animal para su entrada en vigor en los próximos años enfocada en los sectores de huevos, pollos, porcino y vacuno desde su crianza en las granjas hasta el sacrificio, pasando por el transporte. Todo ello previos informes científicos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria encaminados a eliminar el uso de jaulas en la cría de animales, impulsar la cría en espacios abiertos, aumentar el espacio por animal en caso de estar estabulado en la granja, aumentar los niveles de formación de los trabajadores o reducir el número de animales en el transporte o el tiempo de viaje sin descanso. En avicultura de puesta, las 1.500 explotaciones españolas ya sufrieron en 2012 una primera reforma para el cambio de sus jaulas por otras más espaciosas para las gallinas, con zonas de descanso, arena o sistema para afilar las uñas, que supuso una inversión de 600 millones. Actualmente, el 73% de un censo de 47 millones de gallinas se produce bajo ese sistema en un sector con una oferta de 1.200 millones de docenas. Las nuevas exigencias para la explotación de los animales en libertad, según los datos manejados por Mar Fernández, directora de la patronal Aseprhu, supondrán un coste de unos 1.000 millones por el cambio de modelo de las granjas, además de un incremento de un 18% solo por un mayor coste en alimentación al tener una mayor movilidad y actividad los animales y menos producción. Desde la patronal se teme que muchos granjeros opten simplemente por cerrar si tienen ya una cierta edad y no disponen de relevo generacional. Mar Fernández señala que ello está provocando una situación de incertidumbre e inseguridad por una estrategia pensada antes de la pandemia y la invasión de Ucrania y que hoy debería replantearse. En la cría de pollos, desde el sector se estima que las futuras nuevas medidas supondrían una reducción del 70% en el número de kilos de pollo vivo a criar por metro cuadrado, pasando de 39 a unos 11, con inversiones no cuantificadas, pero que apuntan en varios cientos de millones para aumentar la capacidad. Además, se denuncia el objetivo de impulsar el crecimiento más lento de los animales, pasando de 42 a los 80 días, con más incremento de costes, encareciendo la oferta. En el porcino, al margen de las nuevas exigencias que en su día vengan de Bruselas, el reciente real decreto sobre bienestar animal ya supone globalmente la necesidad de aumentar aproximadamente en un 12% sus espacios para el mismo número de animales. Los mayores gastos fijos que supondrá esa medida, estimados en unos 160 millones de euros por el sector, se suman a los derivados de la eliminación de residuos y de subproductos, que se elevan a entre los dos y los tres euros por cada 100 kilos de peso de los animales criados. Con la nueva disposición sobre espacios por cabeza, sobre un censo de unos 16 millones de plazas para engorde, el sector se verá obligado a crear 1,6 millones de plazas más, con un coste unitario de entre 250 y 300 euros, lo que obliga a invertir unos 480 millones para mantener los niveles de censos y de producción. Desde todos los sectores ganaderos se coincide en los efectos negativos de las medidas, que supondrán más gastos, más dificultades para lograr nuevos permisos para levantar nuevas granjas o ampliar las existentes y, además, por los riesgos que acarrea para los propios consumidores una reducción de las producciones, olvidando lo que han cambiado los mercados agrarios y alimentarios tras la pandemia y la invasión de Ucrania, con una mayor dependencia exterior. En vacuno preocupa especialmente la normativa para el transporte de animales, que obliga a tener un máximo número de unidades por camión y modifica las horas de viaje y los descansos. Si se tiene en cuenta que anualmente se importan unos 600.000 animales y se exportan más de 150.000, especialmente a los países del norte de África y Oriente Próximo, estas exigencias forzarán a una menor oferta para los consumidores a precios mayores siempre que se cumpla lo previsto en la ley de la cadena alimentaria. 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