"Sufrimos plagas de moscas exageradas. Con el buen tiempo, se hacen insoportables. Y luego están los olores; como no paran de arrojar purines de los cerdos, el olor es nauseabundo". Quien así se expresa es Catalina González Bernal. Como otros vecinos de la pedanía de La Celia (Jumilla, Murcia), esta mujer viene denunciando las molestias y los perjuicios que están causando las instalaciones de la ganadería industrial . Es un malestar que se ha extendido como una mancha de aceite por la España vacía hasta hacer estallar una polémica que ha situado las macrogranjas en el ojo del huracán, con onda expansiva sobre la ganadería industrial. Catalina González se opone a la ampliación de la lechonera próxima a su casa (que duplicaría la capacidad de producción de la instalación, hasta 24.000 lechones). Por eso, cuando supo que Cefusa ("los de El Pozo") proyectaban otra macrogranja en la Cañada del Judío, también en Jumilla, decidió alertar a los afectados de la que se les venía encima para unir fuerzas. "Esa zona forma como un cañón; y si se lleva a cabo el proyecto, la peste y las moscas le entraran como un torpedo", pronostica. En la Cañada del Judío, en el altiplano murciano, tiene una finca ecológica -con un olivar y una almazara- la empresa familiar de Ana López, que se muestra alarmada, pues teme que el drástico cambio de escenario social tenga un "impacto brutal" para su actividad. lv Contaminación en aumento "La contaminación por nitratos del agua que bebemos o que usamos para regar va en aumento. Los proyectos superan la capacidad de los pueblos para asumir tantas y tan grandes instalaciones", dice Inmaculada Lozano, que rechaza el proyecto de una macrogranja para 85.000 cerdos al año en Pozuelo (Albacete), un pueblo que no llega a 400 habitantes. En esta localidad ya se han alcanzado los 45 miligramos de nitratos por litro de agua, cuando el máximo permitido son 50 mg/l. Las críticas se dirigen hacia los purines (excrementos de los cerdos) que se almacenan en grandes balsas y se utilizan para abonar cultivos, pero su gestión es muy cuestionada. "No hay hectáreas suficientes para manejar esos purines como abono efectivo. Al final, las balsas se llenan, y necesitan deshacerse del purín", dice Inmaculada Lozano, portavoz de la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial. Reducir las emisiones "Reconocemos que hay una mayor sensibilidad de la ciudadanía hacia la ganadería. Y por eso, con el nuevo real decreto aprobado en 2020, las nuevas instalaciones estarán obligadas a disponer de técnicas que reduzcan el 60% las emisiones de las instalaciones donde están los cerdos y el 80% de las de las balsas de purines. Y eso reducirá los olores", señala Miguel Ángel Higuera, director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor). En Zamora, Marisol Gómez Silva, una funcionaria del Estado jubilada, encabeza la oposición al proyecto para instalar una macrogranja de cerdos en su pueblo de Carbajales (Tierra de Alba). Su temor es que se agraven los índices de contaminación por nitratos que ya miden en las reservas de agua subterránea del pueblo. En los pozos de su jardín ya casi se duplica el tope legal y las mediciones que maneja en la provincia quintuplican. En numerosos pueblos de España el exceso de nitratos ha obligado a cerrar este suministro. Un total de 166 masas de agua subterránea están contaminadas o en riesgos según el Ministerio de Transición Ecológica Expediente de la UE y zonas vulnerables La Comisión Europea -tras un expediente abierto- comunicó su decisión de " llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber tomado medidas suficientes contra la contaminación por nitratos". Para evitar otra sanción de la UE, España debería revisar y seguir designando zonas vulnerables a los nitratos, e incorporar programas de acción y medidas adicionales en 10 comunidades autónomas (las dos Castillas, Extremadura, Galicia, Baleares, Canarias, Madrid y Comunidad Valenciana, Aragón y Murcia). Moratoria en Catalunya En Catalunya, la segunda comunidad con más granjas de cerdos por detrás de Aragón, casi la mitad de municipios es vulnerable a la contaminación por nitratos, lo que llevó a la Generalitat a establecer una moratoria en el crecimiento de granjas y la instalación de nuevas explotaciones que afecta a 68 localidades. "El 45% de las fuentes y manantiales de la comarca de Osona superan el límite legal de los nitratos" (50 mg/l), según explica Joel Vidal, del Grup de Defensa del Ter. En Osona, con 1,1 millones de cerdos, los niveles de contaminación están estancados desde que se iniciaron los registros hacia hace 20 años. "No bastan las plantas de tratamiento, hay que reducir la cabaña porcina", dice Vidal. En los últimos 10 años, España ha catalogado como zonas vulnerables casi 4 millones de nuevas hectáreas -ya alcanza un 24% de la superficie total de España- mientras ha continuado la expansión de las macrogranjas, responsable del 81 % de la aportación de nitrógeno agrícola a los sistemas acuáticos, según informe de la Comisión Europea. Es injusto que se culpe al sector del cerdo, cuando somos los únicos con el yugo de los controles en la producción de purines Miguel Ángel Higuera Director de Anprogapor Miguel Ángel Higuera - director de Anprogapor- rechaza rotundamente que haya vertidos indiscriminados de purines en los campos. "Los purines son oro liquido para la agricultura, imprescindible, pues el precio del fertilizante mineral se ha disparado", replica. "Todos los tractores con cubas llevan sus hojas de cálculo; está controlada la cantidad de nitrógeno que podemos aplicar en las parcelas, que se hace según el cultivo". Higuera admite la contaminación de las aguas subterráneas, pero apunta la responsabilidad de quienes usan los abonos químicos minerales en la agricultura. "Es injusto que se culpe al sector del cerdo, cuando somos los únicos con el yugo de los controles en la producción de purines. Los otros (sectores), en cambio, no tienen controles, ni nada justificar nada. ¿Quién impide a un ganadero echar 10, 15 ó 20 toneladas de abono mineral al campo?" se defiende. Pero las sospechas de falta de controles están justificadas, según Marisol Gómez. Un total de 35 técnicos y jefes de servicio de protección ambiental de la Junta de Castilla y León advirtieron el 15 de junio del 2021 a su consejero que "con los medios actuales no hay garantías suficientes" para realizar de "forma correcta" la protección ambiental en la comunidad y no pueden controlar las industrias más contaminantes por falta de medios. Potencia cárnica La polémica sobre las grandes explotaciones ganaderas ha aumentando en intensidad a medida que ha ido creciendo el sector porcino español, que, con un censo de 32,6 millones de cabezas, es el tercero del mundo con más cerdos. Entre 2007 y 2020, en España ha pasado de sacrificar 41 millones de cerdos al año a matar 56 millones, un aumento del 36%. La producción de carne ha crecido un 28% desde el 2013, mientras que el consumo interno esta estabilizado (con un repunte en el 2020, por la pandemia). Este boom se ha logrado principalmente con la expansión de las granjas intensivas (y el sistema de integración, mediante el cual el granjero es dueño de los animales y una empresa integradora aporta los servicios: pienso, veterinarios...). Mientras, en ese mismo período se ha reducido drásticamente el número de explotaciones de menor tamaño. Otros impactos ambientales Los opositores a las macrogranjas señalan debilidades de la ganadería industrial. Esta es responsable del 94 % de la emisión de amoniaco, un gas que afecta también a la calidad del agua y los cultivos, según denuncia Luis Ferreirim portavoz de agricultura de Greenpeace. Las explotaciones de mayor tamaño, de cerdos y aves, deben aportar sus datos al Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, pero no el vacuno. España ha superado el techo de emisiones permitido por la Unión Europea y es el único gas del que no ha reducido sus emisiones desde 1990. Anprogapor replica que las nuevas instalaciones reducirían drásticamente estas emisiones. Los límites de la granja La normativa establece un límite o carga máxima de animales por granja: 900 cerdas en ciclo cerrado y 3.300 cerdos de producción lechera. El sector porcino destaca que no existe este límite para el vacuno. Pero se dan grandes agrupaciones ganaderas con numerosas granjas en una misma zona, algo que el Ministerio de Agricultura quiere corregir ante determinados excesos. La limitación al número de cerdos está vigente en España desde principios de siglo, mientras que el Gobierno está trabajando actualmente en una norma que limite el número de cabezas de vacuno por explotación a 725 vacas de ordeño o 1.400 terneros de cebo. Mientras que otros sectores y actividades (energía, gran industria...) han reducido las emisiones de gases invernadero en España en 2020, las emisiones de la ganadería han ido en aumento y ya aporta el 9,1% de los gases que calientan la atmósfera, lo que sumado a las emisiones de la agricultura supone un 14 % total. Ello lo convierte en el cuarto sector que mas contribuye al calentamiento en España. Diversos informes relacionan la importación de la materia prima (soja), empleada para fabricar piensos para cerdos, con la deforestación en países de Sudamerica. "El 80% de la superficie agrícola mundial se destina a fabrica piensos para animales", señala Luis Ferreirim, de Greenpeace, crítico con las condiciones de la ganadería intensiva , en la que los animales "no pueden ni ver el sol ni sentir el viento, ni tienen suficiente espacio "para vivir bien", condenados a una explotación ("comer y producir las 24 horas del día"). Bienestar animal Jaulas fuera La normativa europea sobre bienestar animal ha hecho que desde el año 2013 todas las granjas de cerdos deben tener eliminadas las jaulas para las cerdas gestantes (no para los demás). Ahora se discute (Comisión, Parlamento....) eliminar las jaulas para todos los animales para el 2027 (cerdos, conejos. pollos, vacuno...) "Se cumple la normativa sobre bienestar animal, y más del 90% de la importación de soja procede de zonas certificadas", explica Miguel Ángel Higuera -de Anprogapor-. "Solo una pequeña parte de la soja procede de Brasil; y en 2 o 3 años (coincidiendo con la entrada en vigor del reglamento europeo destinado a evitar las importaciones de materias primas asociadas a la deforestación), ese porcentaje será del 100%, añade. lv El debate sobre el desarrollo rural Bodegueros, turismo ecológico y otros sectores económicos recelan del monocultivo de las macrogranjas, un fenómeno que se ha ido extendiendo gracias a una estrategia de los promotores centrada en buscar emplazamientos rurales, generalmente limítrofes al municipio colindante, para "centrifugar" los efectos y aprovechar una escasa capacidad de oposición de una población reducida y envejecida, según la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial. Las macrogranjas no traen prosperidad, sino todo lo contrario. Estamos perdiendo calidad de vida; es la ruina para los pueblos, que están siendo abandonados y pierden su riqueza natural" Inmaculada Lozano Portavoz de la plataforma Stop Ganadería Industrial. "La ganadería industrial expulsa otras actividades económicas, agrava la desertización de la España vacía. Nos vendieron la idea de que las macrogranjas eran algo bueno, que iban a ayudar a fijar población o dinamizar la comarca. Nos lo creímos. Pero vistos los efectos que causan, te das cuenta de que no traen prosperidad, sino todo lo contrario. Estamos perdiendo calidad de vida; es la ruina para los pueblos, que están siendo abandonados y pierden su riqueza natural", dice Inmaculada Lozano, portavoz de la plataforma Stop Ganadería Industrial. En aquellos pequeños pueblos de la España vaciada donde se han instalado macrogranjas porcinas no solo no ha crecido la población, sino que muchos han perdido habitantes. Así se desprende de un informe de Ecologistas en Acción, en el que se han comparado casi 400 pueblos de menos de 5.000 habitantes, para comprobar el impacto en la población entre aquellos donde se han instalado este tipo de explotaciones y en los que no. De los 199 pares de pueblos que se han comparado, en 148 casos el municipio con alta carga porcina ha perdido más población o ha ganado menos que el municipio que no tiene esta industria", un 74% de ellos, se recoge en el estudio. Balsa de Ves (Albacete), contaba con 259 habitantes en el 2000 y ha visto cómo sus habitantes han caído a la mitad en 2020, con una población porcina es de 20.000 cerdos. En cambio, la patronal Interporc sostiene que el sector se ha convertido en "punta de lanza contra la despoblación", ya que el 43 % de las explotaciones se sitúan en municipios de menos de 5.000 habitantes y proporciona un "futuro laboral de calidad y estable a miles de jóvenes en las zonas menos pobladas". Resistencia a la hipervaquería de Noviercas La cooperativa Valle de Odieta propone situar en Noviercas (Soria), un pequeño pueblo de poco más de 150 habitantes , una gran hipervaquería con más de 23.520 cabezas. Sus promotores defienden la creación de empleo en este sitio de la España vacía, y prometen usar modernas tecnologías, incluida una planta de biometanización (con biogás) para productor electricidad equivalente al consumo de 12.000 familias. "No tienen dinero para pagar mis tierras", exclama con sequedad castellana Armando Pérez Ruiz, un agricultor de 55 años que encabeza la resistencia. El proyecto ha chocado con la Confederación Hidrográfica del Duero. "Extraerían toda el agua; no habría más agua que para ellos, y acaparan las tierras, cuando lo que hay que hacer es apoyar la agricultura familiar. Nos dicen que vienen a salvar el pueblo, pero solo vienen a hacer su negocio", espeta Armando Perez, temeroso de que se pierdan las explotaciones familiares. La desaparición de los pequeños productores Marta Rivera Ferre, profesora de investigación en INGENIO (CSIC-UPV), sostiene que todos estos síntomas de insostenibilidad nacen de unas políticas "que alientan la consideración de la alimentación como una mercancía desde un enfoque productivista", lo que entre otras consecuencia ha comportado la expulsión de millones de pequeños productores (4,3 millones de explotaciones familiares en Europa entre 2005 y 2016). Rivera considera que "es necesario cambiar el relato" y tender una cultura que entienda la alimentación como un "derecho humano y un bien común", como propuso en un informe con otros expertos europeos a la Comisión Europea. Las políticas alientan la consideración de la alimentación como una mercancía desde un enfoque productivista frente la consideración de un derecho Marta Rivera Profesor de investigación en INGENIO (CSIC-UPV) Muchos otros expertos creen que la nueva política europea de la granja a la mesa debe incentivar una PAC con ganadería extensiva (que potencie la biodiversidad, las razas autóctonas, que remunere los servicios ambientales de los ecosistemas...) y acabar con unas ayudas comunitarias concentradas en muy pocas manos, para respaldar a los que fijan población en el territorio. "Seguro que se cumple la normativa sobre bienestar animal, aunque no la de aguas, por exceso de nitratos. No vamos a resolver los problemas con meras reformas técnicas, como reduciendo las emisiones haciendo biogás, porque es un problema de enfoque", sentencia. Rivera (una de las pocas firmas españolas en los informes de cambio climático de la ONU) es concluyente: "hay consenso científico en que en alguna partes del mundo hay que reducir el consumo de carne". Pino Delàs, ganadero de cerdo ecológico La concentración del ganado en pocas manos Pino Delàs, un ganadero de cerdo ecológico en Ventalló (Alt Empordà), cree que las macrogranjas son una consecuencia del actual modelo de producción de consumo. En su opinión ni siquiera la dicotomía ganadería extensiva frente a intensiva refleja el debate real necesario sobre el modelo alimentario. "El problema es la concentración del ganado en pocas manos: las de la industria agroalimentaria", pues con las macrogranjas la inmensa de payeses deja de ser propietarios de los animales. Para él, las actuales disfunciones proceden de haber desligado la ganadería de la tierra, lo que explica que cada vez sea más difícil alimentar el ganado con productos de proximidad (cierran molinos de pienso, mataderos municipales, desaparece el tejido agroalimentario local...), cuando son la mejor garantía de calidad, en su opinión. Para ilustrar la complejidad del debate (extensivo versus intensivo), sostiene que en Catalunya el ganado porcino, incluso con certificación ecológica, tiene enormes dificultades estructurales para abrirse paso en modo extensivo (régimen de propiedad de la tierra, legislación a medidas de los grandes ganaderos...). Además, debe estar confinado por razones de bioseguridad, y para evitar en el exterior el contacto y la interrelación con los jabalíes, aunque los animales están en buenas condiciones (con paja, materia para hurgar, espacios amplios, y siempre criado con cereales y legumbres del Empordà). "Para alimentar todos los cerdos de Catalunya necesitaríamos cuatro veces la superficie agraria útil de Catalunya en su totalidad", dice apuntando un crecimiento insostenible de la cabaña. "Cuando el ministro Alberto Garzón habla de carne barata o de poca calidad, le faltaba poner soluciones; y eso significa comprometerse con los profesionales agrarios y su futuro, y aliarse con la pequeña industria y el comercio local para acabar con los precios de miseria y tener precios dignos" Manifestación contra el proyecto para una macrogranja en Pozuelo (Albacete) LV Usar las mejores tecnologías disponibles Dos ministerios preparan nuevas normativas para proteger las aguas de la contaminación Los ministerios de Agricultura y para la Transición Ecológica están preparando sendos decretos para combatir la contaminación por nitratos de las aguas. El Ministerio de Agricultura -y en relación al debate suscitado- comunica por escrito a La Vanguardia que ya viene trabajando desde hace tiempo en "la adaptación y mejora de las normas sectoriales existentes, en busca precisamente del crecimiento ordenado de los sectores en beneficio de la sanidad, el bienestar animal y el entorno de las explotaciones". Este Ministerio sostiene que el real decreto de 11 de febrero de 2020 (que establece normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas) representa "un importante avance en múltiples aspectos tanto sanitarios como ambientales". El citado real decreto comportará la reducción de emisiones de amoniaco y de gases de efecto invernadero, pues prevé "la incorporación de técnicas de reducción de emisiones a través de la implantación obligatoria de las mejores técnicas disponibles en todas las explotaciones que superen una carga ganadera mínima". "La amplitud y ambición de las técnicas de reducción de emisiones y prevención de contaminación será mayor en proyectos de nueva construcción", se añade. "La norma también prevé mantener el criterio actual respecto a la dimensión máxima de las explotaciones, característica única en el entorno de la Unión Europea", desataca el Ministerio. "Además, se clarifican los aspectos en los que se permiten ampliaciones de capacidad, para evitar en todo caso que las granjas puedan crecer a dimensiones elevadas en zonas de alta densidad ganadera". ¿Habrá moratoria a estas instalaciones en la zonas contaminadas? El Ministerio de Agricultura recuerda que la normativa ya prevé que las comunidades autonómicas establezcan restricciones a la instalación de nuevas granjas o ampliación de granjas existentes, así como limitar su capacidad máxima por razones medioambientales o sanitarias. Esto puede darse en zonas declaradas por la comunidad autónoma como de alta densidad ganadera o como vulnerables. Su aplicación corresponde, pues, a las "autoridades autonómicas en función tanto de su estructura productiva como de sus condicionantes ambientales". Mientras tanto, el Ministerio para la Transición Ecológica está acometiendo la revisión de la aplicación de la directiva de nitratos, para combatir la contaminación producida por fuentes agrarias. Y el Ministerio de Agricultura, por su parte, está tramitando un proyecto de real decreto por el que se establecerán las normas para "la nutrición sostenible en los suelos agrarios", destinado al mismo fin. Este es un paquete legislativo que figura entre los compromisos adquiridos por España para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la senda del crecimiento verde que postula el Pacto Verde de la Unión Europea. "Sentará las bases para disminuir el impacto ambiental de la aplicación en los suelos agrarios de productos fertilizantes y otras fuentes de nutrientes o materia orgánica", dice el Ministerio. La previsión es que esté prevista en la primera mitad del año 2022. La intención es que los agricultores contribuyen su actividad agraria en la mejora del desempeño ambiental mediante la adopción del plan de abonado que permitirá ajustar las dosis de fertilización a las necesidades reales de los cultivos, el asesoramiento técnico profesional de las labores y la utilización del cuaderno electrónico de explotación en el que se registrarán todas las labores de fertilización. La meta es "lograr una agricultura más sostenible" y facilitar el seguimiento por parte de las autoridades competentes como base "para seguir tomando decisiones en favor del cumplimiento de los objetivos ambientales". Agricultura resalta que el control del cumplimiento de las normas en materia de contaminación de las aguas por fuentes agrarias es de las comunidades autonómicas y las confederaciones hidrográficas.