Los viticultores afirman que venden la uva por debajo de los costes de producción Un temporero recoge uva en un viñedo de Almendralejo. / HOY Asaja, COAG y UPA afirman que no se cumple la ley de la cadena alimentaria y piden ayudas estatales para los productores Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA han exigido acciones urgentes que eviten que la vendimia este año «sea recordada como una de las más ruinosas de la historia», por lo que han solicitado que no se fijen precios de la uva por debajo de los costes de producción.
En concreto, sus reclamaciones se dirigen por un lado, hacia los bodegueros que compran las uvas, y, por otro, a los gobiernos central y autonómicos.
A los compradores de uva, los agricultores les reclaman que cumplan la ley de la cadena alimentaria, fundamentalmente en lo referente al precio al que pagan las uvas. «Algunas bodegas están actuando con coacciones y de forma desleal, obligando al productor a manifestar expresamente que no vende la uva a un precio inferior a sus propios costes de producción. Una práctica inmoral e ilegal», afirman desde las organizaciones agrarias.
Según indican, los precios que se están pagando son hasta un 30% inferiores a los del pasado año. Para el sector no hay causas que justifiquen dicha caída, teniendo en cuenta que las previsiones para la vendimia de este año apuntan a una producción menor a las estimaciones iniciales, en torno a los 41-43 millones de hectolitros, en línea con la media de las últimas cinco campañas.
Las existencias a final de campaña de vino y mosto son de 36,6 millones de hectolitros, inferiores en un 6,7% a las de la anterior campaña.
Hoy miércoles, las organizaciones agrarias acudirán al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde defenderán una serie de propuestas y medidas, entre ellas clarificar cómo determinar los costes de producción que el precio debe cubrir, mayores controles por parte del Gobierno para verificar el cumplimiento de la Ley o ayudas estatales de hasta 20.000 euros por explotación en tres años, pudiéndose aumentar incluso hasta 25.000 euros.