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La agricultura de conservación avanza en España sin créditos de carbono
España cuenta con 2,2 millones de hectáreas en las que se aplican técnicas de captación de CO²
Belén Delgado (Efe)
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Un agricultor en una explotación intensiva de olivar. JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ
La agricultura de conservación avanza lentamente en España gracias al empeño de productores como Pedro Maestre, que durante décadas la ha practicado a pesar de no poder acceder a incentivos como los créditos de los mercados de carbono . En su finca de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Maestre decidió hace treinta años poner coto a la fuerte erosión que sufría el suelo aplicando los principios de la agricultura de conservación, también conocida como de carbono.
Con otros productores creó una asociación de apoyo, recurrió a expertos extranjeros para formarse y poco a poco fue adaptando sus cultivos y el uso de maquinaria a la siembra directa y las cubiertas vegetales.
Maestre asegura que en ese tiempo ha conseguido aumentar la materia orgánica, frenar la erosión y mejorar la fertilidad del suelo y la biodiversidad, además de elevar la productividad.
Reclama más incentivos agrícolas y apoyo financiero para este tipo de prácticas, que requieren una técnica diferente y tienen sus propias dificultades en el manejo.
«Claro que nos interesa que nos compensen porque no emitimos carbono como la industria», detalla el agricultor, que muestra sus reticencias a participar en el mercado de bonos de carbono, «todavía sin afinar» y «sin unas reglas claras» para medir las capturas de CO² y evaluar el cumplimiento de los requisitos.
«Claro que nos interesa que nos compensen porque no emitimos carbono como la industria»
Pedro Maestre - Agricultor
España cuenta con 2,2 millones de hectáreas en las que se aplican técnicas de captación de carbono : 1,35 millones con cubiertas vegetales (781.000 hectáreas de olivar) y 845.000 con siembra directa (750.000 hectáreas de cereal). Según datos oficiales, el uso de esas cubiertas ha crecido un 15% y la siembra directa se ha incrementado un 65 % en la última década. Fondos públicos como los de la nueva Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea permiten reducir los costes y riesgos de este tipo de prácticas, que fijan carbono al suelo y recortan las emisiones, mitigando los impactos del cambio climático.
Los agricultores piden garantías
El director de Proyectos de la organización agraria Asaja, Juan Almansa, destaca que los cultivos leñosos como la vid, el olivo o los cítricos capturan mucho carbono, como han demostrado varios proyectos en los que han participado con otras entidades.
Sin embargo, la agricultura todavía no puede beneficiarse de los créditos de carbono del mercado obligatorio en España, que está limitado al ámbito forestal a la espera del desarrollo de nuevas normas europeas y nacionales que determinen la participación del sector primario.
Entretanto, Almansa precisa que han aparecido muchas empresas certificadoras que ofrecen sus servicios para poner en valor el almacenamiento de carbono, pero muchos agricultores desconfían de ese mercado «no regulado» porque puede cambiar con la ley definitiva y dejar sin reconocer sus proyectos .
El director de Sostenibilidad, Calidad e Innovación de Cooperativas Agro-alimentarias, Juan Sagarna, resalta que la agricultura es «una de las pocas actividades emisoras de gases de efecto invernadero que también puede secuestrar carbono mediante buenas prácticas y bajo determinadas circunstancias». Pide un sistema de supervisión y cuantificación «más robusto» y «amparado por la Administración», a diferencia de los actuales mercados voluntarios de compensación de emisiones que, como en Estados Unidos, dependen de la confianza depositada en agentes privados.
Certificación voluntaria
La empresa Ecoterrae lleva desde 2012 generando créditos de carbono en sectores como los del transporte, los residuos y la energía, y ahora ha comenzado a estudiar las posibilidades del sector primario con algunos proyectos de cereal, olivar y ganadería. Su gerente, Daniel García, afirma que en el mercado voluntario «las empresas calculan su huella de carbono y quieren poner en marcha actividades de compensación comprando créditos de carbono en proyectos de reducción de emisiones o absorción de CO²».
Reconoce que existe «confusión y desconfianza» por parte del sector agrícola hacia estos esquemas privados, pero insiste en que ellos no dan «falsas expectativas» sobre los posibles ingresos adicionales que se generen en el futuro, «que no van ni mucho menos a suplir la actividad principal de producir».
La compañía Azolla Projects está llevando a cabo una prueba piloto con empresas agrícolas y cooperativas con el fin de desarrollar metodologías adaptadas a la región mediterránea y definir tecnologías que sirvan para controlar los procesos, según su director ejecutivo, Orson Acosta.
Esta empresa ayuda a recolectar los datos para calcular la huella de carbono de una explotación agrícola y su almacenamiento de carbono; pacta con el productor un plan de transición hacia un modelo de agricultura regenerativa y se encarga de las mediciones cada año. Acosta añade que operan en el mercado voluntario bajo ciertas reglas y defiende la creación de créditos regenerativos que van «más allá del carbono», pues también se debe tener en cuenta el ciclo del nitrógeno, con una correcta fertilización, la mejora de la biodiversidad y los beneficios sociales.
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