UPA-UCE destaca que el arroz sigue siendo un cultivo fundamental en Extremadura, donde ocupa casi 25.000 hectáreas, especialmente en las Vegas Bajas del Guadiana, a pesar de que ha disminuido en torno al 20% en los últimos años (de 23.496 H en 2017 a 19.500 en 2019) debido, fundamentalmente, a la falta de rentabilidad del cultivo. Por eso, reclaman una regulación del etiquetado del arroz, tanto a nivel nacional como comunitario .
"El bajo precio que ha tenido el arroz en los últimos años debido a la competencia desleal de producciones de países terceros y la subida de los costes por la prohibición de determinados fitosanitarios, está generando problemas en las explotaciones, las cuales han pasado de representar unos 400 /H a unos 800 /H, además de disminuir su efectividad de manera creciente", explica el secretario general de UPA-UCE , Ignacio Huertas.
La organización agraria considera que la puesta en marcha de los aranceles a Camboya y Myanmar ha tenido un "efecto positivo" en los precios del arroz largo, subiendo los mismos sobre 18 /T en la campaña pasada y "esperamos que este año, con la situación ya asentada, puedan ser mayores".
UPA-UCE insiste en la necesidad de un etiquetado del arroz tanto a nivel nacional como comunitario para ayudar al sector
Además, la introducción del derecho arancelario ha supuesto el incremento en la siembra de este tipo de arroz, que ha pasado de representar el 50% de la superficie en 2018, al 65% en 2019 en Extremadura.
Sin embargo, UPA-UCE traslada su preocupación ya que los aranceles son temporales y es necesario buscar soluciones definitivas a este problema. "Lo más importante es que exista una regulación del etiquetado del arroz, tanto a nivel nacional como comunitario, que obligue a poner el origen del producto para acabar con el confusionismo interesado que impide a los consumidores saber lo que compran y arruina a los productores", destaca Huertas.
Por otro lado, las prohibiciones de Bruselas sobre la utilización de productos fitosanitarios están minando la rentabilidad de las explotaciones y, aunque el sector busca alternativas como la siembra "directa", este año se ha sembrado el 30% de nuestra superficie. Sin embargo, este método no se puede extender a toda la superficie y además no garantiza un buen resultado todos los años.
Por tanto, desde UPA-UCE Extremadura exiggen que se busquen alternativas a los productos prohibidos y, mientras éstas no existan, que se autoricen los actuales. Además, reclaman que las producciones procedentes de países terceros "cumplan el principio de reciprocidad, es decir, que se produzcan como aquí, porque si no estaremos engañando al consumidor y favoreciendo la competencia desleal a nuestras producciones".
UPA-UCE Extremadura trasladará todas estas cuestiones al Ministerio de Agricultura en la próxima reunión de la sectorial del arroz, que se celebrará en julio, porque "si no se adoptan medidas, perderemos un sector estratégico para nuestra región".