La Unión Europa frenará la llegada de soja, madera y carne de vacuno entre otros productos que causan deforestación. Un reglamento, que se presentará el próximo día 17 de noviembre, establecerá las condiciones que deberán reunir las importaciones de las materias primas y productos que están bajo sospecha de estar detrás de la destrucción de ecosistemas forestales. La iniciativa de la Comisión Europea responde a la demanda ciudadana creciente para que "el carrito de la compra" esté libre de productos que puedan estar relacionados con la deforestación. La soja (utilizada sobre todo para piensos en la ganadería industrial), el aceite de palma, la carne de vacuno y el cacao, así como la madera de la tala industrial son algunos de los productos que llegan a los mercados europeos con el estigma de causar deforestación. En países en desarrollo, la expansión de campos de cultivo y granjas, en detrimento de los bosques, tiene como fin la explotación de tierras para abastecimiento alimentario de los mercados europeos. Por eso, la Comisión quiere blindar a Europa de estos artículos. Sin embargo, el sistema de control que se propone instaurar está siendo controvertido. Serán en gran medida las empresas las que deberán asegurarse de que sus productos no estén relacionados con la deforestación, según el borrador del reglamento al que ha tenido acceso La Vanguardia . Funcionarios del estado de Pará, al norte de Brasil, inspeccionan un área deforestada en la selva amazónica en Pacaja, a 620 km de la capital Belem, el 22 de septiembre de 2021. AFP La fórmula diseñada descansa en gran parte sobre una autodeclaración del importador La fórmula diseñada consiste en la implantación de un sistema de autocontrol o autodeclaración (proceso de diligencia debida) mediante el cual los operadores intermediarios deberán garantizar que la mercancía no causa deforestación. Para ello, antes de la llegada del producto, deberán dar cuenta a la Administración a la Administración de información relevante como la indicación de la geolocalización de la parcela donde se ha producido la materia prima (para ser utilizada en su caso). De esta manera, ante las sospechas que generen algunos productos de proceder de territorios deforestados, el operador tendrá que identificar, prevenir y mitigar estos riesgos. Una vez que se concluya que la mercancía se ajusta al reglamento, el operador presentará una declaración de diligencia debida al sistema de información que se creará para este fin (una base de datos que debe estar unificada en el ámbito europeo y permitir a las autoridades competentes y Aduanas hacer las comprobaciones necesarias). Así, Aduanas no despachará la mercancía o el producto hasta que se haya presentado la autodeclaración (diligencia debida) La Comisión también propone asignar una calificación de riesgo a los países productores. Y los controles anuales realizados por sus autoridades competentes deben abarcar al menos al 5% de los operadores y comerciantes y el 5% de su cantidad de productos importado. Una vista aérea muestra la deforestación cerca de un bosque en la frontera entre Amazonia y Cerrado en Nova Xavantina, estado de Mato Grosso (Brasil), 28 de julio de 2021. REUTERS El problema y sus impactos Según la FAO, la deforestación alcanza los últimos años una media de 10 millones de hectáreas al año (100.000 km2 al año), lo que equivale a una quinta parte de la superficie de España. Esta destrucción está acelerando aún más la pérdida de biodiversidad y está agravando el cambio climático, y, además, está asociada con violaciones de los derechos humanos contra los pueblos indígenas y las comunidades locales. Se estima que el 80% de la esta deforestación mundial se debe a la expansión de la agricultura industrial, fenómeno en el que la demanda de productos de la Unión Europea (UE) representa una parte alarmante importante. Algunas voces críticas piden más inspecciones que las previstas y dotar de medios a Aduanas Sin embargo, un análisis hecho por Ecologistas en Acción señala que existen "algunas lagunas cruciales en la norma propuesta, que deben abordarse antes de que pase al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo, si la UE quiere acabar realmente con la deforestación", señala. "Aunque sea un requisito obligatorio, la diligencia debida no deja de ser una autoevaluación del operador, dice Isabel Fernández, de la campaña Los rostros de la soja de Ecologistas en Acción. El reglamento establece que los Estados miembros deberán designar a la autoridad competente que dará seguimiento al cumplimiento del Reglamento. "Los recursos designados a estas inspecciones serán la clave para que la exigencia de una de una diligencia debida no sea simplemente otra obligación documental que puede no servir para nada", añade. "La diligencia debida no deja de ser una herramienta que se venía utilizando en el mundo empresarial y que se basa en la evaluación que el propio operador hace del riesgo y en cómo lo subsana", añade Isabel Fernández. En su opinión, será muy importante que el número de inspecciones de las autoridades competentes sobre las grandes empresas importadoras sea superior al propuesto por la Comisión en el borrador" Incendio en la reserva de la selva amazónica, al sur de Novo Progresso en el estado de Pará, el 15 de agosto de 2020 AFP Lista más reducida Otro problema es que Bruselas habría reducido considerablemente el alcance de su reglamento. El proyecto de reglamento incluye una lista limitada de materias primas. Se incorpora en ella la carne de vacuno, pero no la carne procesada, el cuero y otras carnes (cerdo, aves de corral); el caucho y el maíz. "Pero el consumo de la UE de estos productos contribuye también a la destrucción de ecosistemas fuera de sus fronteras", añade Tom Kucharz, también de esta organización. Los productos importantes para la industria del automóvil, como el cuero y el caucho, han desaparecido de la lista. El Parlamento Europeo sitúa a ambos productos entre los que más contribuyen a la deforestación mundial. Una resolución de octubre de 2020 abogó por incluirlos. El caucho cosechado en todo el mundo se transforma en un 70% en neumáticos para automóviles, y el cuero se importa en gran medida como cubierta para la tapicería de los asientos. Ecologistas en Acción llama la atención ante el hecho de que la Comisión incluyó el caucho y el cuero entre los de riesgo en su comunicación de finales de 2019 y ahora las ha eliminado de su borrador de reglamento. "¿Ha cedido la Comisión Europea a las presiones de la industria?", se pregunta Tom Kucharz. Derechos humanos En cuanto a la protección de derechos humanos, todo el sistema de control de aceptación del producto se basa en respetar y dar por buenas las leyes del país de origen -aceptando lo que, por ejemplo, países como Brasil considere "legal"-, pero con frecuencia estos procesos de deforestación "comportan atropellos al derecho internacional de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas", dice Tom Kucharz, de esta misma organización. "Las consecuencias de esto son claras; lo vemos por ejemplo, en Brasil, donde el gobierno de Jair Bolsonaro ha destrozado las protecciones ambientales y de los derechos humanos a expensas de la Amazonia, El Cerrado, El Pantanal y los pueblos indígenas", añade. Exenciones Por otro lado, el sistema de clasificación de riesgo que propone la Comisión Europea exime de la autodeclaración (diligencia debida) a las empresas que importen mercancías procedentes de países que están siendo clasificados como de bajo riesgo. "No deberían permitirse estas exenciones, podrían crearse muchas lagunas y ser un coladero", dice Kucharz contrario a estos salvoconductos. "Podría darse el caso de que un país estuviera en la lista de riesgo bajo, pero podría comercializar en la UE bienes producidos en tierras deforestadas ilegalmente o que son el resultado de violaciones de los derechos humanos. Por lo tanto, no deberían concederse exenciones", insiste. Ámbito más restringido El ámbito de los ecosistemas que el proyecto legislativo pretende proteger se circunscribe a los bosques. Sin embargo, "el consumo de la UE afectan de muchos productos -que como la soja- están vinculado a la destrucción de otros ecosistemas como pastizales, humedales y turberas, que proporcionan medios de vida a las comunidades locales e indígenas, son hábitats de innumerables especies y desempeñan un papel importante en la lucha contra la crisis climática", concluye Controles en poder de los Estados Los Estados miembros serán los que designarán las autoridades competentes encargadas de cumplir las obligaciones del reglamento. ¿Y cómo sabrá un funcionario de la Aduana o Guardia Civil que un producto viene de una zona deforestada, y si la empresa cumple con el reglamento? Tendrán acceso al sistema de información y conocimiento sobre la clasificación que se realiza de los países. Y en principio, si la documentación es correcta se entenderá que cumple con el reglamento. Por otro lado, los Estados miembros son responsables de la aplicación del reglamento. Y para ello elaborarán planes de inspección. Los controles anuales realizados por sus autoridades competentes deben abarcar al menos al 5% de los operadores y comerciantes y el 5% de su cantidad de productos importado. Pero en caso de que las materias primas provengan de países considerados de alto riesgo, el porcentaje de controles sube al 15%. Los Estados también serán los encargados de determinar el régimen de sanciones aplicable a las infracciones y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. En cambio, en el último borrador se ha suprimido la posibilidad de retener las mercancías en las aduanas cuando se importen de países de alto riesgo para que las autoridades competentes puedan hacer más comprobaciones. El papel de España Para España este reglamento tiene mucha importancia al ser uno de los países de la UE que más deforestación tropical ha generado a través del comercio internacional, fundamentalmente en Indonesia y Brasil. España es un punto geográficamente estratégico para empresas que importan soja desde el continente sudamericano para luego comercializar los subproductos (torta de soja y aceite) en el resto de Europa. Así, a partir de la soja importada se producen grandes cantidades de piensos, de las cuales el 98% se destina a la producción ganadera industrial ubicada en nuestro territorio. En toda la UE, el 87% de la soja importada se destina a la alimentación animal. Su importancia es tal que representa más de la mitad (55%) de la facturación que produce la ganadería industrial. España se ha convertido en una factoría para producir grandes cantidades de carne industrial y subproductos animales desvinculados de las necesidades del territorio donde están las naves. "Se está exportando gran parte de la producción ganadera industrial, lo que responde únicamente a las demandas del mercado y con un extraordinario impacto energético, climático y social, además de causar gravísimos daños para la biodiversidad tanto en los lugares de cultivo de la soja como en los territorios rurales que concentran las granjas industriales", dice el análisis de Ecologistas en Acción. En 2019, se importaron a España 2,4 millones de toneladas de soja brasileña, principalmente del Mato Grosso y Matopiba, localizadas en la región El Cerrado (alrededor del 70% de la destrucción de bosques asociada al consumo de soja en la UE se concentró en este bioma). Estas zonas son puntos calientes de biodiversidad devastados por la deforestación de la cadena de suministros de la soja. "La expansión de este monocultivo ha cambiado el uso del suelo de amplias superficies que antes eran ecosistemas o fueron utilizados para la producción de alimentos a pequeña escala. De este modo, muchas poblaciones campesinas e indígenas han sido desplazadas forzosamente de su territorio y obligadas a buscar otras tierras para sobrevivir", dice Ecologistas en Acción. El análisis de Ecologistas en Acción sostiene que la ausencia de normas obligatorias a nivel internacional en relación a las violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales en territorios afectados por deforestación y degradación de bosques es una de las principales barreras para afrontar los abusos que puede conllevar la deforestación. "Las obligaciones de las grandes corporaciones en materia de derechos humanos se remiten a unos ordenamientos nacionales que han sido desregulados y flexibilizados y que, en líneas generales, cuentan con estructuras judiciales y administrativas incapaces de hacer valer las disposiciones jurídicas con las que puedan llegar a contar", dice Kucharz.