Representantes de UPA-UCE Extremadura han trasladado este jueves a responsables de la Consejería de Agricultura de la «grave situación» que atraviesan los fruticultores de la región, debido a los «precios ruinosos» a los que se está pagando la producción.De esta forma lo han trasladado representantes de la sectorial de frutas de la organización agraria UPA-UCE Extremadura, encabezados por su secretario general, Ignacio Huertas, en la reunión que han mantenido este jueves en Mérida con los directores generales de la Consejería de Agricultura Antonio Cabezas y Javier Gonzalo, para analizar la situación de esta campaña de recogida de la fruta de hueso y en especial de la ciruela.Una reunión en la que los responsables de UPA-UCE han alertado de la «campaña catastrófica» que están viviendo los agricultores de la región, debido a los «precios ruinosos» que sufre la producción de ciruelas, de la que incluso una parte importante «se está quedando en el campo porque las centrales no aceptan la recogida, aprovechándose que no mantienen contratos con los agricultores, saltándose con ello la Ley», señalan.La consecuencia de todo esto, según asegura UPA-UCE, es «muchos agricultores están viéndose obligados a arrancar sus frutales, arruinados por la situación», mientras que «otros muchos lo harán en noviembre tras las liquidaciones».En definitiva, esta organización agraria alerta de que se está produciendo una «reconversión salvaje» del sector, que se está viendo agravada por la «mala actuación de las centrales».Ante esta situación, UPA-UCE ha acordado con la Junta la convocatoria de una mesa de la fruta en la que esté representada la Consejería de Agricultura, la Dirección General de Comercio y el conjunto del sector, OPAS, Cooperativas y Centrales «para realizar un diagnóstico de la situación y plantear propuestas a futuro con elobjetivo de aportar soluciones al sector», señala.Además, en la reunión también han trasladado la necesidad de «mayores actuaciones» por parte de las administraciones en el cumplimiento de la ley de la Cadena Alimentaria y la ley de Morosidad en este sector, ya que «la crisis que sufre se ve agravada por el incumplimiento de la ley por parte de las centrales» en cuestiones como falta de contratos, precios o pagos, concluyen.