Un equipo del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC-CSIC, UCLM, JCCM) ha desarrollado el primer protocolo estandarizado para evaluar la bioseguridad exterior en explotaciones porcinas intensivas frente a la fauna silvestre. El estudio, publicado en Preventive Veterinary Medicine, analizó 40 granjas de Aragón, Cataluña y Murcia -regiones que concentran el 57,7% del censo nacional- y servirá de base para la guía oficial que publicará el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El jabalí, vector indirecto del virus El protocolo, desarrollado por el grupo SaBio del IREC, identifica al jabalí (Sus scrofa) como el principal factor de riesgo en la transmisión indirecta de la Peste Porcina Africana (PPA). Aunque el contacto directo entre esta especie y el ganado porcino resulta poco frecuente en sistemas intensivos, los investigadores detectaron indicios de su presencia en el 47,5% de las explotaciones auditadas. En contraste, el 45% de los ganaderos declaró no haberlos avistado nunca. El virus puede introducirse en las instalaciones a través de vehículos, ropa, herramientas o materiales contaminados que conecten el entorno del jabalí con la granja. Vallados legales, pero ineficaces El estudio revela que el sector cuenta con un nivel general de bioseguridad aceptable, aunque detecta vulnerabilidades estructurales. Solo el 22,5% de los vallados perimetrales analizados resultó impenetrable para el jabalí, y la mitad de las puertas de acceso no impedía su entrada, incluso en posición cerrada. Muchas explotaciones cumplían la normativa vigente sin que eso se tradujera en una protección real. Entre los puntos críticos identificados destacan: el control de vehículos de suministro -piensos, animales o purines-, la gestión del personal en zonas sin separación entre área limpia y sucia, y la vinculación de trabajadores a actividades cinegéticas. De la auditoría al plan de acción La principal innovación del protocolo reside en su capacidad para transformar la evaluación en medidas concretas. A partir de entrevistas, análisis del entorno y auditorías de campo, el sistema genera planes de bioseguridad individualizados que priorizan actuaciones según el riesgo específico de cada explotación. El enfoque sustituye las recomendaciones genéricas por soluciones adaptativas: refuerzo de vallados, rediseño de accesos o formación del personal. Los autores subrayan que la bioseguridad debe concebirse como una inversión estratégica y no como una obligación administrativa. España es el mayor productor de porcino de Europa y un exportador de primer orden: un brote de PPA comprometería el empleo rural, la industria alimentaria y el comercio internacional. Un modelo exportable El protocolo tiene vocación de herramienta transferible a otros países y sistemas productivos. El estudio advierte, además, que la percepción del riesgo por parte de los ganaderos influye de forma directa en la aplicación de las medidas, por lo que la formación resulta tan determinante como la infraestructura. Mientras no exista una vacuna eficaz contra la PPA y persista el reservorio silvestre, la prevención en granja constituye la única línea de defensa disponible.