Castilla y León realizará este año todos los controles de la PAC sobre el terreno por seguimiento con satélite aplicando tecnología para su interpretación, es decir, por monitorización, lo que supone un adelanto respecto a las propuestas y recomendaciones de la Comisión Europea de cara a la nueva PAC post 2020. Según indicó el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, se trata de una de las novedades más destacadas de la campaña, en la que el Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl) ha tenido un «papel clave» para impulsar la monitorizació n. Carnero resaltó la mejora en el rendimiento del control y la «gran reducción del número de visitas de campo». La previsión para esta campaña, que comenzará mañana, 1 de febrero, y concluirá, en principio, el 30 de abril, es visibilizar vía satélite las casi 5.300.000 hectáreas pertenecientes a más de 66.200 explotaciones que declaran PAC que recibirán cerca de 1.000 millones de euros . Otro de los puntos importantes de cara a la futura Política Agraria Común y otros requisitos añadidos ligados a la sostenibilidad señalados por Carnero en declaraciones recogidas por Ep es que este tipo de controles e información se podrán utilizar como herramienta de mejora de la información para la gestión de la explotación, «puesto que este proyecto genera datos útiles para una agricultura inteligente, es decir, que emplea tecnología moderna para aumentar la cantidad y la calidad de los productos agrarios aportando notables beneficios económicos a los agricultores». A modo de ejemplo, apuntó que la capacidad de las imágenes por satélite puede servir para proporcionar información sobre el contenido de nitrógeno del suelo o sobre la desecación, así como ayudar a optimizar la aplicación de fertilizantes y reorientar las prácticas en el regadío disminuyendo los costes y reduciendo los impactos medioambientales. «Se conseguirá, de esta manera, avanzar en una agricultura de precisión, optimizar el uso del agua y los fitosanitarios y planificar mucho mejor las cosechas», subrayó. Entre las reivindicaciones, el consejero apeló al «importante esfuerzo» de agricultores y ganaderos de Castilla y León para la adaptación de los equipos a la aplicación localizada de purines, con el objetivo de pedir un año más de excepción para que el sector esté en condiciones de cumplir la nueva normativa. No obstante, precisó, como criterio adicional para cumplir con la excepción en 2021, se exigirá a los agricultores que aún no hayan adaptado los equipos un justificante o compromiso de adaptación en dicho año. Carnero recordó que se trata de una «campaña de transición» de cara a la aplicación de la reforma de la PAC post 2020, cuya entrada en vigor está prevista el 1 de enero de 2023. E incidió en que el «especial momento» que vive el país por la pandemia del Covid-19 hace necesario reforzar los modelos de gestión telemática «y ofrecer más flexibilidad en los controles sobre el terreno para evitar al máximo posible los contactos presenciales». Por ello, aseguró que se garantizará «el mayor grado de flexibilidad posible» a los agricultores y ganaderos, «de forma similar al año 2020 si fuera necesario», con medidas como la concesión de más tiempo para que las entidades y administraciones puedan tramitar las solicitudes correctamente, el aumento de los anticipos para los pagos directos y las ayudas al desarrollo rural o la reducción de las tasas de control.