Entre otras medidas, la ley de bienestar animal , aprobada en marzo de 2023 y que entró en vigor en septiembre de ese mismo año, establece que los cadáveres de los animales domésticos deben ser entregados a un centro de recogida autorizado o a un veterinario, para su posterior incineración o eliminación por otro medio autorizado.
En concreto, el texto dice que: "La baja de un animal de compañía por muerte deberá ir acompañada del documento que acredite que fue incinerado o enterrado por una empresa reconocida oficialmente para la realización de dichas actividades, haciendo constar el número de identificación del animal fallecido y el nombre y apellidos de su responsable o, en su defecto, que quede constancia en las bases de datos de la empresa que se ocupó del cadáver".
Sin embargo, en febrero pasado la Junta de Extremadura publicó una resolución que autorizaba "a los propietarios" de los animales a enterrar de los cadáveres de los perros de caza , perros pastores y perros de guarda de ganado . El Gobierno extremeño alegó, al presentar la resolución regional, que pretendía dar solución al conflicto generado por la citada ley estatal de bienestar animal, la Ley 7/2023, de protección y los derechos del bienestar de los animales , que excluye a los perros de caza de su ámbito de aplicación.
Entierro en el campo
Sobre el papel, sin embargo, la realidad es que esta medida permite al propietario del animal enterrar los cadáveres de perros de caza en el campo, tal y como denuncia la formación Verdes Equo . Por este motivo, la citada formación ha interpuesto un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Agricultura y Ganadería que autoriza que se entierre en el campo de cadáveres de perros de caza, incluidos los de rehala, así como los perros pastores y de guarda del ganado, por, a su juicio, promover el maltrato animal .
De esta forma, solicita la nulidad de la resolución, emitida el 14 de febrero, al considerar que sepultar los cuerpos de estos perros fuera de recintos o instalaciones autorizadas para ello plantea "una amenaza potencial para la salud animal, la salud pública y el entorno natural".
Riesgo de crueldad animal
En su opinión, existen unos riesgos derivados de una manipulación indebida de los cadáveres y la posible contaminación por los lixiviados que se generan en el proceso de descomposición, de suelos y aguas subterráneas.
"Este acto va en contra de las regulaciones sanitarias establecidas para los subproductos animales no destinados al consumo humano, y puede favorecer y estar vinculado a prácticas de crueldad animal y fraudes legales", ha sentenciado Verdes Equo, para quien no está justificada la medida.
TEMAS