Por ello, creemos que centrarse en un único producto o ingrediente, no va a permitir resolver el problema de la obesidad (y el sobrepeso) y confiamos más en el resultado de acciones de colaboración y educación que permitan aportar soluciones prácticas a los ciudadanos.
Por otro lado, resulta imprescindible que existan evidencias científicas que aseguren el éxito en cuanto al cambio en el comportamiento de las personas, evidencias que demuestren eficazmente que este tipo de iniciativas son capaces de reducir o equilibrar las cifras de obesidad y sobrepeso, que es lo que debe tratar realmente.
Según el estudio presentado por PWC y la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas el pasado día 20 de octubre, la medida planteada por el Gobierno de España tendrá efectos perjudiciales sobre el empleo y provocará un grave perjuicio económico al sector agrario y alimentario.
El estudio confirma que la subida de impuestos no cambia hábitos de consumo y , por tanto, no combate problemas como la obesidad o el sobrepeso, condiciones que se deben a múltiples factores como se ha señalado. Por último, según el estudio, la subida del IVA afectaría a las clases más desfavorecidas de la población española, situación especialmente complicada en el actual tiempo de COVID-19.
El sector remolachero-azucarero considera imprescindible la colaboración púbico-privada para promover acuerdos y compromisos en los distintos ámbitos para luchar contra la obesidad y otras enfermedades que están originados por múltiples factores, y que no se pueden combatir con impuestos.
Y es desde esa mirada participativa desde la que en AGFAE consideramos que se deberían haber tenido en cuenta las especiales circunstancias que vive el sector remolachero-azucarero, que se ha visto seriamente dañado por la desaparición de las cuotas de producción comunitarias y la posterior reducción del precio del azúcar, que ha llegado a situarse en mínimos históricos.
También queremos poner de relieve su importantísima contribución al dinamismo del medio rural, de esa 'España Vaciada' y, una vez más, olvidada, que ve en este tipo de medidas cómo se cercena la viabilidad de un cultivo social que aporta, como pocos, seguridad y estabilidad a la renta agraria de miles de agricultores remolacheros españoles.
A ello se une el alcance laboral ligado a la actividad industrial pues, por cada puesto de trabajo en la industria azucarera se generan otros 10 fuera de esta, generalmente radicados en el vulnerable entorno rural.
En este contexto, una propuesta de incremento de la fiscalidad ligada al azúcar supondría un desincentivo para la siembra de remolacha por el agricultor, sin cuyo cultivo se podría poner en juego el futuro de alguna de las fábricas en España y con ello el empleo directo e indirecto asociado a la misma.
Por último, desde AGFAE queremos destacar dos aspectos clave del sector : por un lado, el uso agroindustrial de la remolacha como materia prima para garantizar parte del consumo local y de proximidad del azúcar a grandes, medianas y pequeñas industrias.
Por otra, el hecho de que la producción de azúcar de remolacha constituye un modelo de economía circular y bioeconomía único e histórico en el que la industria productora, además de sacarosa, produce muchos otros co-productos tales como materias primas para alimentación animal, biocarburantes, fertilizantes y nutrientes para el suelo e incluso, algo menos conocido, energía producida en forma de electricidad, calor y biogás.
Si se reduce el cultivo de remolacha azucarera se verá afectada toda esta producción no azucarera que no es mucho menor a la producción del azúcar.
Apoyo a la cadena alimentaria
Desde AGFAE nos sumamos a la información presentada ayer por AECOC, ACES, ANGED, ASEDAS, HOSTELERÍA DE ESPAÑA, MARCAS DE RESTAURACIÓN, PROMARCA y FIAB, que contó con la presencia de representantes de A SAJA y COAG , en que se alerta de graves consecuencias de esta medida en la cadena de valor agroalimentaria: sector agrario, industria, transporte, distribución y restauración, con una pérdida directa de Valor Añadido Bruto de 110 millones de euros y una destrucción de casi 2.000 puestos de trabajo de la industria agroalimentaria .