Ya eran numerosas las advertencias sobre el negativo impacto que podría tener la propuesta comunitaria para endurecer las exigencias del transporte de ganado. A ellas se suman ahora las del Consejo Económico y Social Europeo.
La Comisión Europea ha presentado una propuesta para modificar el reglamento de transporte animal.
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Todo el sector agrario, sus representantes, sus cooperativas e incluso sus dirigentes políticos ya habían dejado claro lo mucho que les incomoda la nueva iniciativa comunitaria sobre bienestar animal, en especial la propuesta legislativa de la Comisión Europea (CE) que modifica el reglamento de protección del ganado en el transporte.
Es ahora el Consejo Económico y Social Europeo (CESE), órgano consultivo de la Unión Europea, el que pone palos en las ruedas a las intenciones de las instituciones comunitarias.
Lo ha hecho con un dictamen demoledor que advierte que las intenciones del Gobierno comunitario serán "una condena" para muchas explotaciones ganaderas , en especial aquellas de menor tamaño, que se verán irremediablemente abocadas al cese de la actividad y el cierre.
No es la primera vez que se escuchan voces que ponen en entredicho las intenciones de la Comisión Europea de endurecer las exigencias del transporte de ganado para mejorar el bienestar de estos animales. De hecho existen informes realizados por el mismo sector cárnico en los que se advierte que estas medidas provocarán un incremento del precio de la carne y una pérdida del valor de la producción.
Pero ahora es un órgano consultivo de la propia Unión Europea el que habla alto y claro. Y no precisamente a favor de la propuesta. Lo ha hecho en un dictamen, elaborado a petición del Parlamento y del Consejo Europeo, cuyo ponente es Jaume Bernis Castells, miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional de COAG y que ha sido publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), en el que advierte sin paliativos las graves consecuencias de llevar la propuesta hasta el final tal y como está planteada ahora.
Lo dice con contundencia, sin ambages y advirtiendo con dureza que "las nuevas normas propuestas podrían llevar al cierre a muchas explotaciones", ya que "ponen en peligro su viabilidad y el sustento de quienes dependen de ellas". Y por ello solicita un estudio detallado del impacto en el sector ganadero, dado que el cambio propuesto por la Comisión tiene una repercusión masiva en la estructura, inversión y gestión de las explotaciones ganaderas existentes en la UE. "En un escenario generalizado muchas granjas se verán abocadas al cese de su actividad", alerta.
"Las nuevas normas propuestas podrían llevar al cierre a muchas explotaciones ya que ponen en peligro su viabilidad y el sustento de quienes dependen de ellas"
Comienza el CESE su documento dejando claro que apoya la aplicación y el cumplimiento armonizado de las normativas, respaldadas por la evidencia científica y la experiencia de los operadores. Y reconoce que e l transporte de animales implica riesgos conocidos para su bienestar, tal y como lo evidencian los informes científicos realizados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), pero insiste en que "es fundamental que la propuesta de la Comisión tenga en cuenta el conocimiento práctico de los ganaderos, transportistas y veterinarios".
Pero, sobre todo, este órgano consultivo recomienda, siguiendo la estela de una de las principales reivindicaciones del sector, que cualquier norma que se imponga a los productores europeos solo será aceptada si se garantiza la inclusión de condiciones equivalentes para las importaciones en los acuerdos comerciales bilaterales. Para justificar su argumento, el CESE reconoce que una prioridad de los ganaderos es el bienestar de sus animales y que son los productores los que en todo momento buscan cumplir con los estándares más altos a fin de garantizar la mejor calidad de vida para su ganado . "Sin embargo, también necesitan que se promueva la inclusión de cláusulas equivalentes en las importaciones, para mantener la equidad en el mercado y asegurar que todos los involucrados cumplan con las mismas normativas", ya que de lo contrario se crea "un agravio comparativo hacia los productores europeos".
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Si las exigencias tienen que ser iguales para aquellas producciones que llegan de fuera de las fronteras europeas, el dictamen también habla de diversidades. Son las que tienen los Estados miembros (diferencias climáticas y geográficas como la temperatura media, la ubicación, el tamaño del territorio, las redes de carreteras e infraestructuras e incluso la proximidad a los mataderos) y a las que toda normativa debe adaptarse. Porque si no es así se "abrirá la puerta a situaciones asimétricas o de desequilibrio", señala el CESE, que reconoce, eso sí, que las necesidades y fragilidades de los animales son las mismas en todas partes.
¿Quién paga los costes?
No duda el Consejo Económico y Social Europeo de que la aplicación de esta normativa conllevará costes. Pero considera que no tienen por qué salir de los bolsillos de los agentes del sector. Para eso pide al Ejecutivo comunitario un fondo específico de financiación , independiente de los presupuestos destinados a la Política Agrícola Común (PAC), con el propósito de capacitar a los operadores frente a estas nuevas exigencias.
Hay gastos que incluso se pueden evitar. Al menos eso es lo que cree este órgano, que no considera necesaria la supervisión por un veterinario cuando la carga de los animales en el vehículo sea realizada por una persona competente y autorizada que puede ser el ganadero, el transportista o un tercero, ni cuando el viaje esté debidamente registrado en el sistema Traces. Esta supervisión "no aporta ningún valor añadido", recoge el documento, que señala que la asistencia en la carga de este profesional "requeriría un incremento en personal veterinario de al menos un 120%".
¿Y el bienestar humano?
Una de las exigencias recogidas en la propuesta de Bruselas que ha levantado más ampollas en el sector tiene que ver con la prohibición de que los animales viajen por el día cuando las temperaturas son extremas. Ahí pone también el dedo en la llaga el dictamen del CESE, porque esas disposiciones obligarán a los operadores a trabajar en turnos de noche (especialmente a ganaderos, conductores y veterinarios). "La nocturnidad obstaculiza en gran medida la conciliación familiar y social para estos trabajadores, y puede llegar a tener repercusiones en su salud mental", recoge el documento, que recuerda que tal y como indican las fuentes estadísticas europeas "la probabilidad de que se produzca una colisión por la noche es al menos diez veces superior a que se produzca de día".
Una de las exigencias recogidas en la propuesta de Bruselas que ha levantado más ampollas en el sector tiene que ver con la prohibición de que los animales viajen por el día cuando las temperaturas son extremas.
Así que para evitar el impacto que las temperaturas muy elevadas pueden tener sobre los animales, el dictamen propone legislar la temperatura interior de la caja de carga del vehículo en vez de regular las horas en las que se autoriza el viaje. Y pide a la Comisión que proponga soluciones alternativas a las contempladas en su propuesta actual porque considera fundamental "encontrar un equilibrio que permita mejorar el bienestar animal sin comprometer la estabilidad de los trabajadores ni su seguridad laboral".
Y aún más, el CESE recuerda que actualmente faltan 400.000 conductores de vehículos de transporte animal para cubrir la demanda en Europa y advierte que este déficit será "más difícil de colmar" dado que la obligación de trabajar por la noche "impide la conciliación personal, familiar y laboral".
No solo preocupa el impacto en los operadores, el CESE también se detiene en los perjuicios para el medio ambiente. No comparte la propuesta de la Comisión de reducir el número de animales en los vehículos para que estos dispongan así de mayor espacio. Y no lo comparte porque asegura que esa circunstancia podría aumentar el riesgo de caídas y lesiones entre las cabezas de ganado , especialmente entre los de más altura. Además, permitiría a los animales desplazarse de un lado a otro dentro del habitáculo desestabilizando potencialmente la parte trasera del camión.
Pero muestra, además, su desacuerdo porque las restricciones en densidad y tiempo de viaje "implicarían un número de trayectos 3,5 veces superior al actual, con emisiones que pasarían de 116.263,14 toneladas de CO2 a 406.920,99 toneladas", añade el dictamen.
El documento, que repasa con detalle el impacto que la propuesta puede tener en las cadenas de suministro, concreta con cifras las negativas consecuencias que se ciernen sobre las ventas al exterior si se limita a nueve horas el transporte al mataderos.
El órgano consultivo de la UE pide que los costes de adaptación a la norma no recaigan en el sector
De hecho, las estadistas del CESE proyectan una disminución del 58% en la exportación de terneros para sacrificio hacia la Unión Europea, equivalente a 42.000 terneros. Se espera además, señala el documento, una reducción del 57% (unos 100.000 terneros) en la exportación de este ganado hacia terceros países.
¿Y la viabilidad de las granjas?
La propuesta de la Comisión incluye una edad mínima de cinco semanas y un peso mínimo de 50 kilos para el transporte de terneros no destetados, una medida para la que propone un periodo transitorio de dos años
Y ahí es donde el dictamen del CESE se muestra más demoledor. Advierte que esta exigencia "condenaría a muchas explotaciones al fin de su actividad". Porque las granjas, recuerda el documento, están construidas para las medidas exigidas actualmente, por lo que reformar y reconstruir completamente sus estructuras y ciclos productivos "sería un paso inviable económicamente para muchas de ellas".
Además, alerta el órgano consultivo de la UE, los costes no previstos asociados con la necesidad de mantener al ganado durante períodos más prolongados (alimento, alojamiento y cuidado, así como transporte adicional si se requiere mover el ganado a instalaciones alternativas) " pueden representar un desafío significativo" para muchos productores. Especialmente ruinoso será para aquellos con márgenes de ganancias ajustados, lo que podría provocar, augura el CESE, dificultades financieras significativas e incluso poner en riesgo la viabilidad a largo plazo de sus actividades ganaderas.
Con estas advertencias en la mano y el clamor del sector que no cesa, la Unión Europea tendrá que tomar una decisión teniendo en cuenta, como le advierte uno de sus propios órganos, que el período de transición para cambios de la envergadura que apunta Bruselas con su propuesta "tendría que ser de varias décadas" y pide que se realice un correcto acompañamiento en las explotaciones que se verían afectadas.
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