Empiezan a perfilarse los primeros detalles sobre cómo será la Política Agraria Común (PAC) de 2023-2027 y el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, explicó ayer los entresijos de la negociación con el Ministerio. «Ojalá fuera una PAC a la medida de Castilla y León», deseó. «Teníamos un punto de partida muy complicado para la Comunidad y hemos logrado uno de llegada con importes muy parecidos a los que tenemos ahora», resumió en todo caso. Así, aunque concedió que «estamos ante un cambio de modelo con exigencias excesivas para nuestro gusto», hizo del mantener lo presente un logro y aseguró que esta hoja de ruta no supondrá «freno o retroceso» para la actividad agraria de la Comunidad. El nuevo plan de financiación, vital para el sector, promete en esta ocasión más autonomía a los estados, de modo que se ha confeccionado en las comunidades y países miembros, pero aún tiene un largo recorrido por delante. De momento, el borrador de España se remitió a la Comisión Europea a finales de diciembre y espera su aprobación. Las declaraciones de Carnero llegaron tras una reunión entre el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y los representantes de Urcacyl y de las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, UPA-COAG y UCCL). El mensaje trasladado por el presidente sintonizaba con el de su consejero: este no es el texto que habría elaborado Castilla y León, pero la negociación dio sus frutos. En los asuntos en los que los intereses de la región colisionaban con el Ministerio o con los de otras autonomías «se ha apostado por la continuidad», aclaró Carnero. Por ejemplo, en la definición misma de los beneficiarios, para la que se ha impuesto el 'agricultor activo', aunque Castilla y León habría querido que se ajustara a la figura del agricultor profesional. El mayor reproche de la Junta a la nueva PAC es para su «arquitectura verde», con más requisitos dentro de lo que llama 'condicionalidad reforzada', «la llave para cobrar la PAC», según describió el titular. «No nos gusta porque nos parece que esa sostenibilidad ecológica que plantea no garantiza rentabilidad, no da financiación adicional a nuestros agricultores», declaró. Eso sí, dentro de ello, la Consejería se anotó el tanto de haber conseguido rebajar el nivel de exigencia. Los beneficiarios podrán optar a más dinero si -a mayores y de forma voluntaria- cumplen los 'ecoesquemas', en los que entran prácticas como el pastoreo extensivo o la siega sostenible. Carnero realzó que Castilla y León seguirá siendo la autonomía con más financiación en las subvenciones vinculadas a la producción, y que en las básicas, ante su rechazo a la degresividad (reducción del importe a partir de una cierta superficie), consiguieron una cláusula para que esta se aplicara sólo si no hay dinero suficiente para todas las solicitudes. «Hemos trabajado para que se quite a a todos lo menos posible», aseguró, algo que también se nota en el pago reditributivo. Así, «la ayuda básica va a aumentar en explotaciones pequeñas y medianas y será sólo algo menor en las más grandes».