Apoyan el recurso aunque no todos rechazarían (a priori) el cambio si se velara por la calidad y no por el territorio. La Junta mantiene la decisión de tumbar la modificación del Gobierno central y estudia ya los pormenores del recurso
Actividad en una planta de cava en Almendralejo, en una imagen de archivo. - EFE/JERO MORALES
No hay una voz unánime en Extremadura y sí muchos matices en la decisión del consejo de Ministros de ceder a la Denominación de Origen (DO) Cava la decisión de ampliar o no la superficie de cultivo. Lejos del consenso, lo que ha puesto de manifiesto la modificación del real decreto es que se trata de un asunto con muchas aristas en el sector, donde hay voces que exhiben un amplio abanico de grises en torno a cuestiones clave como son quién debe decidir (el Ministerio de Agricultura o la DO) o si el hecho de que decida la DO perjudica al cava extremeño. Pues para algunos productores y organizaciones agrarias, depende. En todo caso, incluso los que entienden que sea acertado que la DO tenga más peso en la decisión, coinciden con el argumento de la Junta de Extremadura en cuanto a que es el Estado (y por tanto el Ministerio) quien debe ostentar la obligación de decidir, tal y como recoge la normativa europea y por ello apoyan el recurso contencioso administrativo que presentará, previsiblemente ante el TSJ de Madrid, el ejecutivo extremeño.
«La decisión del Gobierno central deja al descubierto que la mayoría que controla la denominación de origen puede tener el poder de decisión. Y en parte es lógico que si son la mayoría ostenten ese poder y es cierto además que la política del consejo regulador hasta ahora me ha parecido correcta, pero también es cierto que la decisión nos deja desprotegidos», asegura Marcelino Díaz, uno de los precursores del cava en Extremadura (está desde 1983 en la DO) y productor del cava Puerta Palma. Díaz entiende que la DO «va a velar siempre por la calidad del producto» y eso a su juicio, «siempre es bueno». Desde esa perspectiva entiende también «que en la situación actual es mejor que no se aumente la producción para que no se deprecie el producto. Eso lo ve la denominación de origen y tiene razón», insiste el bodeguero, que tira de datos: «hay un millón de litros de vino base que están aún en las bodegas y entre tres y cuatro millones de kilos de uva destinada a cava no ha encontrado este año bodega». Y junto a esas cuestiones, como trasfondo otra que ha crispado toda la campaña de la vendimia, en torno al precio que recibían los agricultores: 20 céntimos por kilo de uva en la región (frente a los 40 que se pagaban el año pasado), muy por debajo de los precios que se han dado además en otras regiones por la uva de cava: entre 30 y 35 céntimos e incluso 44 céntimos la uva ecológica.
exceso de producción/ «Hay un exceso de producción fruto de que se ha ido plantando y reclamando sin freno en los últimos años», sostiene Juan Moreno, dirigente en Extremadura de la coordinadora agraria COAG, que está presente también en otras regiones productoras. Esta organización cifra en 86 millones de botellas, la superproducción de cava en la DO, y de ellas alrededor de cinco millones serían de Extremadura. Desde esta organización aseguran que hay grandes industrias interesadas en acumular mucha materia prima y que eso está provocando ese exceso de producción que ha llevado a un desequilibrio del precio en Extremadura. Defienden que «sí, Extremadura tiene capacidad de crecimiento, pero siempre que los viticultores tengan unos precios dignos, dice Moreno.
COAG es la voz discordante dentro de las organizaciones agrarias puesto que tanto Apag Extremadura Asaja como UPA-UCE rechazan sin matices la decisión del Gobierno central. «El Gobierno ha cedido a las presiones de los productores catalanes en detrimento del resto del país», sostiene el dirigente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, que recuerda que el cava extremeño «lleva años de crecimiento continuado» en cuanto a sus ventas y que ahora «puede ver limitadas esas posibilidades de expansión por una política proteccionista de los productores catalanes», que están «en la tendencia contraria» al cava extremeño.
También se opone sin ambages a la modificación la secretaria regional del Vino en UPA-UCE, Catalina García. «No se está llevando a cabo un incremento de forma temeraria ni de la noche a la mañana porque no todo el potencial que tenemos se planta. Pero lo que no podemos permitir es que se nos prohiba decidir», dice. Y a su juicio, entregar el control a la DO «va a suponer que no podamos decidir porque no tenemos representantes con voto (sí con voz) en el consejo regulador».
ya en vigor/ «El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aceptará las recomendaciones presentadas por los consejos reguladores de las DOP supraautonómicas y resolverá respecto del resto». Ese párrafo, que supone la modificación del apartado 4 del artículo 7 del Real Decreto 1338/2018 de 29 de octubre por el que se regula el potencial de producción vitícola es el que ha prendido esta semana la mecha en el ejecutivo autonómico y ha avivado el debate en el sector extremeño del cava. La cuestión es que la nueva redacción deja en manos del consejo regulador del cava, controlado por los productores catalanes (suman el 90% del cava de España), la decisión de aumentar o no las superficies de viñedo amparadas por el sello de calidad, un asunto que ha estado sujeto a un permamente tira y afloja entre la DO y las comunidades autónomas (principalmente Extremadura y Cominidad Valenciana) y en el que el Ministerio de Agricultura ha tenido hasta ahora no solo el poder de decisión, sino con ello también el papel de mediador. Y ahí es donde todas las voces consultadas coinciden en que el movimiento permite al Gobierno central echarse a un lado y «dejar hacer» a la denominación de origen. Entienden que puede ser lo acertado a priori, aunque en el sector no todos se fían de que el consejo regulador vaya a mantener una equidistancia respecto a todas las regiones productoras: «hace un par de años ya emitieron un informe para que se limitaran las plantaciones como quería Cataluña y contenía información muy sesgada», aseguran fuentes del sector.
La modificación adoptada por el Consejo de Ministros está en vigor desde el pasado domingo, 21 de septiembre, después de que se aprobara el viernes anterior y se publicara un día después en el BOE.
el recurso/ En cuanto al recurso anunciado por la Junta, se está analizando el real decreto y redactando el contencioso administrativo que se presentará, en breve y previsiblemente ante el TSJ de Madrid por el tipo de conflicto que plantea. El argumento del ejecutivo autonómico es que la modificación deja en manos del consejo regulador una decisión que le corresponde tomar al Estado, según la normativa europea, que es la que regula la ampliación de las zonas de cultivo. En definitiva, es la UE quien tiene la potestad, pero la traslada a los gobiernos de cada país y con el gesto del Ejecutivo español, ahora la decisión no recaerá en él sino en el consejo regulador, un órgano que no forma parte de la administración.
«Sorprende la decisión, cuando afecta a siete comunidades autónomas», reconoce Marcelino Díaz. Además de Cataluña y Extremadura, producen también cava dentro de la DO Comunidad Valenciana, La Rioja, País Vasco, Aragón y Navarra. Desde que se dio a conocer la decisión del Consejo de Ministros, adelantada por este diario, el ejecutivo autonómico ha insistido en que la recurrirá y todos los grupos políticos se han mostrado a favor de que se reclame «y se proteja los intereses de los productores y agricultores».
Los productores, afrontan con cautela el posible impacto de la decisión. «Si se mantiene en manos del consejo regulador, la cuestión será ver qué se decide y cómo», sostiene Diego Nieto, gerente de Bodegas Romale, que forma parte de la DO Cava desde el 2006. A su juicio, restringir la plantación como tradicionalmente se perseguido la DO no perjudica a los productores de uva y sí beneficia al sector: «si se plantan viñedos a lo loco cae el precio de la uva y el precio del vino base y al final perjudica a todos, incluidos los productores y la DO», sostiene. Pero entiende también que el modelo de crecimiento ahora no es equitativo. «Si en lugar de limitarse la plantación de viñedos, como sucede, se limitara la producción, sería un modelo más justo para todas las comunidades», defiende Nieto.