Las principales asociaciones del sector del gran consumo han reclamado esta mañana al Gobierno una armonización de los plazos y requisitos de su regulación medioambiental con las normativas europeas para evitar un perjuicio a la industria. En concreto, estas organizaciones, que preparan un informe para cuantificar el impacto económico de las medidas medioambientales sobre su actividad, centran sus quejas en la aplicación española de una normativa de envases que, según denuncian, generará unos costes de miles de millones de euros y lastrará la competitividad del gran consumo. De esta manera, las principales organizaciones de la distribución alimentaria (Anged y Asedas), la patronal de la industria de alimentación y bebidas (Fiab), la patronal del gran consumo Aecoc y otras organizaciones sectoriales, suman fuerzas y resaltan que nuestro país se adelantará en cinco años a ciertas exigencias europeas. "En materia de reutilización, el Real Decreto español obliga a que los establecimientos minoristas de alimentación tengan, en función de su superficie comercial, un determinado número de referencias de bebidas en envases reutilizables a partir del 1 de enero de 2025, mientras que el Reglamento europeo no impone objetivos vinculantes hasta 2030", ha explicado Ignacio García Magarzo, director general de Asedas. En este sentido, las organizaciones denuncian que esta nueva medida tendrá un fuerte impacto en la cadena y en sus modelos de producción, comercialización y suministro, ya que, actualmente, los sistemas de reutilización de envases domésticos en el retail no existen y, para ponerlos en marcha, es necesario desarrollar una nueva industria, con nuevas infraestructuras y nuevos procesos logísticos vinculados a importantes cambios en el sector. "Como parte de esta disposición, el comercio tiene que adaptar sus establecimientos y su logística para recoger los envases reutilizables que les devuelvan los clientes, los hayan vendido ellos o no, y sean del operador que sean. Esto implica que cada tienda tendrá que invertir entre 50.000 euros y 150.000 euros para poder adaptarse a las exigencias de la ley y en España hay, actualmente, cerca de 25.000 establecimientos", aclara García Magarzo. Otro ejemplo de la aceleración normativa nacional se encuentra en etiquetado de envases de alimentación y bebidas. Según Mauricio García de Quevedo, director general de Fiab, "el Real Decreto español establece una serie de consideraciones obligatorias, voluntarias y prohibiciones, de entre las que destaca la obligación de que los envases domésticos indiquen en qué contenedor deben depositarse los residuos de los envases. Esta nueva consideración será obligatoria a partir del 1 de enero de 2025, a pesar de que el Reglamento europeo marca un calendario más amplio". "Por otro lado, mientras España no permite el uso de medios electrónicos para informar al consumidor, el Reglamento europeo deja la puerta abierta a que esta información se facilite a través de un código QR", ha añadido. Por su parte, la presidenta de Anged, Matilde García Duarte, ha recordado que, según datos de Eurocommerce, en la próxima legislatura europea se van a abordar, en el ámbito comunitario, alrededor de 600 regulaciones relacionadas con la sostenibilidad y que afectan a las empresas. "La Unión Europea y los estados miembros tienen una gran capacidad normativa que debería contribuir a la mejora de la competitividad de la UE frente a otros mercados. Sólo mejorando la productividad de las empresas podemos garantizar un crecimiento sano de nuestra economía a largo plazo, capaz de crear mejores empleos y proporcionar el máximo nivel de bienestar a sus ciudadanos. Sin embargo, el exceso de regulación y la fragmentación del mercado generan unos altos costes para las empresas", ha señalado.