POR LA AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS (AICA)
Cuatro industrias tomateras extremeñas, multadas por incumplir los plazos de pago
En total, las sanciones impuestas a estas firmas suman más de 22.500 euros. La denuncia fue interpuesta por la organización agraria La Unión en 2021
Cuatro industrias tomateras extremeñas, multadas por incumplir los plazos de pago Trabajadoras en una industria del tomate.
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La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) acaba de publicar el listado de sanciones firmes vía administrativa y/o judicial relativo al primer trimestre de este año. Se trata de 69 penalizaciones por infracciones calificadas de graves o muy graves de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y entre las que figuran las correspondientes a cuatro de las principales industrias tomateras extremeñas. La multas son consecuencia de una denuncia presentada por La Unión en febrero de 2021 por incumplimiento del precio mínimo del tomate y por superar los 30 días de de máximo para el pago del producto. Y es este segundo motivo, el no respetar los plazos a la hora de pagar, el que aparece recogido para las cuatro transformadoras de la región. A Agraz SA le impone por ello 6.410,89 euros de penalización; a Alimentos Españoles Alsat SL 3.846,2 euros; a Conservas Vegetales de Extremadura SA (Conesa) otros 4.770,06; y a Transformaciones Agrícolas de Badajoz SA (Transa) 7.558,75 euros.
«Dos años después, nos han dado la razón», se congratuló ayer Luis Cortés, secretario general de La Unión Extremadura, que subrayó que hasta el momento de presentar esta denuncia ante la AICA se venía incluyendo por defecto en los contratos de compraventa de tomate fresco para industria el pago en el plazo de dos meses, frente a los 30 días a lo sumo que serían preceptivos por tratarse de productos alimentarios perecederos. No obstante, Cortés consideró escasa la cuantía de las multas. «Son sanciones muy bajas para el montante del que estamos hablando» (según las estimaciones de esta organización, la producción estaba valorada en más de 187 millones de euros, importe que se cobraba con retraso), esgrimió, a la vez que argumentó que las multas deben ser «coercitivas, para que no salga rentable cometer un fraude». Eso sí, recordó que, en caso de reincidencia en la infracción, esta pasaría de calificarse como grave a muy grave, y el importe de la penalización oscilaría entre los 100.001 y el millón de euros. En cualquier caso, puntualizó, «creo que es algo que ya han cambiado», extremo que no puede confirmar, dijo, «por la falta de transparencia con la que se firman estos contratos».
El importe total de las sanciones incluidas en este primer informe del año de la AICA, entidad dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sobrepasa los 210.000 euros, de los que 2.100 corresponde a otra firma extremeña, Lácteos de Castuera, castigada en este caso por no incluir en el contrato el precio de una forma adecuada a la norma. Por cuantía, el castigo más elevado corresponde a otra firma del sector lácteo, Ray Lech, con dos sanciones por valor de 14.501 euros, una por incumplir plazos de pago (3.001) y otra multa, de 11.500 euros, por no formalizar por escrito los contratos alimentarios y no incorporar en ellos el precio. Dia, Carrefour o García Carrión aparecen también en el listado.
272 sanciones durante 2022
La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) impuso 272 sanciones a empresas de la cadena alimentaria en 2022 por infracciones legales, más de la mitad de ellas (53%) por incumplimiento de los plazos de pago por parte de mayoristas e industrias agroalimentarias, según revela el informe anual de la organización.
El resto de sanciones se vincularon con otros incumplimientos del marco legal, como la falta de contrato, la no inclusión del precio en el contrato o la destrucción de valor de la cadena alimentaria. Por sectores, 109 sanciones correspondieron al de frutas y hortalizas, 68 al vitivinícola y ocho al lácteo.
Por otra parte, el año pasado, AICA recibió 23 denuncias por presuntos incumplimientos de la ley de la cadena, con el sector hortofrutícola a la cabeza en número de procedimientos (15), seguido del lácteo (3), el vitivinícola (2) y los del aceite de oliva (1), la aceituna de mesa (1) y los frutos secos (1).
Además, AICA realizó 929 controles de oficio en 2022 que abarcaron 1.487 relaciones comerciales entre operadores de la cadena alimentaria, principalmente del sector de frutas y hortalizas (29,4%), el cárnico (21%), el del vino y los de la aceituna de mesa y los frutos secos.
Desde la entrada en vigor de la modificación de la ley de la cadena alimentaria, a finales de 2021, este organismo ha acometido un total 7.638 actuaciones, de las que 2.487 tenían como finalidad comprobar la existencia de contratos y 5.151 controlaban que no se produjeran prácticas abusivas comerciales. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, señaló el pasado lunes que la reforma de la ley de la cadena alimentaria resultó «ambiciosa en el ámbito de la Unión Europea», y supuso un «claro ejercicio de transparencia» sobre las relaciones comerciales.
«La ley de la cadena funciona y el Gobierno está comprometido, junto al trabajo de las comunidades autónomas, con su cumplimiento», remarcó. E. P .