Las principales asociaciones sectoriales que componen la industria del gran consumo han unido fuerzas para reclamar al Gobierno el aplazamiento del impuesto al plástico, que entrará en vigor el 1 de enero. Una petición en la que vienen insistiendo desde hace meses ante el deterioro económico provocado por la inflación, pero que vuelven a elevar a un mes vista de su aplicación, y tras su aplazamiento en Italia. En concreto, reclaman que el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, la denominación técnica del tributo, se suspenda hasta el 1 de enero de 2024. Este grava con 45 céntimos cada kilo de plástico de un solo uso que se utilice para el envase de alimentos y bebidas. Según los Presupuestos Generales de 2023, el Estado aspira a recaudar 456 millones de euros por esta vía durante el año próximo. Patronales de la industria alimentaria como FIAB, de los supermercados y grandes superficies como Asedas y Anged, del gran consumo como Aecoc, o del comercio textil en el caso de Acotex, insisten en que su entrada en vigor tendrá un impacto directo en costes de 690 millones de euros. "No pedimos su eliminación, sino que se aplace porque este es el peor momento para que se aplique", ha explicado el director general de Aecoc, José María Bonmatí, en rueda de prensa. Este impuesto se elevó a consulta pública a principios de 2020, y fue incorporado a la ley de residuos y suelos contaminados aprobada en abril. Es decir, su aplicación ya era conocida, aunque según Bonmatí, "lo que ha cambiado es el entorno económico, que es mucho peor que el que teníamos". Este ha explicado que las asociaciones del sector mantienen una interlocución fluida con distintos ministerios, como el de Transición Ecológica, el de Agricultura, o el de Turismo y Comercio. Entre ellos no ha mencionado el de Hacienda, que quien depende la aplicación de los tributos especiales como este. "La desesperación que mostramos refleja la respuesta que tenemos. Parece que nos hacen poco caso. Nos escuchan, pero lo que pedimos es que reaccionen y actúen", ha apuntado el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola. Las asociaciones apuntan a un carácter "recaudatorio" de la tasa. "Desde los ministerios con los que tenemos relación hay receptividad, pero no tienen poder para cambiarlo, es una decisión que es recaudatoria", ha dicho Bonmatí. "Entendemos que el impuesto no tiene una finalidad incentivadora de le mejora mediambiental, sino que es fundamentalmente recudatoria", ha apuntado Aurelio del Pino, presidente de ACES, patronal de Alcampo, Carrefour o Eroski. Las patronales defienden que España es el único país europeo que va aplicar el impuesto desde el año próximo, tras la decisión italiana de aplazarlo, algo que, según su análisis, hace peligrar la competitividad y la inversión en estos sectores, además de afectar en mayor medida a las pequeñas empresas. "Multinacionales que invierten en España está reconsiderando las inversiones que estaban en marcha y podrían llevarselas a otros países donde este impuesto no existe. Estamos muy preocupado y pedimos que reconsidere este impuesto", ha apuntado Val Díez, directora general de Stanpa, la patronal de la perfumería y cosmética.