adolid, 8 may (EFE)..-Castilla y León ha reclamado este miércoles "flexibilidad" en el seguimiento y evaluación de los objetivos de la futura Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea que actualmente s negocia y que posiblemente no entre en vigor hasta enero de 2023.
Lo ha hecho el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, con atribución de las responsabilidades de agricultura y ganadería en la Junta, quien ha participado mediante video conferencia en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Europeos, que ha presidido el ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas.
Después del Consejo Consultivo, el consejero de Fomento y Medio Ambiente ha explicado a los periodistas que una de sus propuestas, apoyada por otras comunidades autónomas, ha sido que se flexibilice el reglamento que regula el seguimiento y evaluación de los objetivos de las ayudas.
Ha indicado que está previsto que el seguimiento y la evaluación de las ayudas se haga de manera anual, a lo que se ha opuesto Suárez-Quiñones, al considerar que la actividad agraria está condicionada por el clima y un año adverso, por ejemplo debido a la sequía, puede dar al traste con el cumplimiento de los objetivos.
El consejero ha recordado que el incumplimiento de los objetivos puede impedir que se reciban los fondos que se prevean en la nueva PAC, por lo que ha pedido al ministro que España exponga que esta evaluación se haga cada dos años.
En el Consejo Consultivo también se han debatido las obligaciones de lucha contra el cambio climático de la UE, que obligan a reducir en 2050 hasta el 80 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), de las que el 10 por ciento corresponde a las actividades agrícolas y ganaderas.
En el cumplimiento de estas obligaciones, el consejero ha reclamado que se tenga en cuenta el poder de absorción de CO2 que tienen algunas actividades agrícolas, como las plantaciones de remolacha, comparables a la de los bosques, y que ello sea compensado.
En otro punto, el consejero también ha planteado que la UE reconozca los esfuerzos superiores que tienen que hacer las regiones más extensas para la implantación de las nuevas tecnologías en la agricultura y la ganadería.