Las prohíbe en todas las explotaciones inferiores a 14.000 metros cuadrados y exige el interés general en el suelo rústico protegido
Las agroestancias sólo se permiten en la vivienda del payés
La nueva Ley Agraria, aprobada el pasado martes en el Parlament, no permite ninguna instalación agrícola en las fincas de menos de 14.000 metros cuadrados, lo que según Asaja condena a los pequeños agricultores y sólo beneficia a los grandes propietarios de terreno. Desde el año 2002, los agricultores con menos de dos cuarteradas podían levantar casetas o naves para el desarrollo de la actividad agraria siempre que fueran agricultores profesionales. Ahora la nueva ley ha tumbado esta posibilidad que aprobó el primer Pacte cuando Mateu Morro era el conseller de Agricultura. La posible creación de naves, casetas o almacenes se mantuvo en la Ley Agraria de Company, aprobada en 2014. Durante esta legislatura, la Cooperativa Pagesa de Pollença construyó una nave en un terreno de superficie inferior a los 14.000 metros cuadrados y el propio conseller de Agricultura, Vicenç Vidal, asistió al acto inaugural y ensalzó la iniciativa de la Cooperativa. Con la nueva Ley Agraria impulsada por el conseller Vidal, la construcción de esta nave que se consideró tan importante ahora ya no sería posible.
La nueva Ley Agraria trata el suelo rústico del mismo modo que la normativa urbanística sobre edificación de viviendas y el levantamiento de una nave agrícola está prohibido en todos los casos, no cabe la posibilidad de solicitar el interés general.
Otra novedad de la Ley Agraria es que para construir una tafona, invernadero, bodega o cualquier tipo de instalación en suelo rústico protegido se requerirá la declaración de interés general, lo que implica para el promotor una complicada tramitación administrativa.
Desde Asaja se denuncia que en contra de lo que sostiene el conseller Vidal, la nueva Ley Agraria va en contra del sector y ataca especialmente al pequeño agricultor que sólo encuentra dificultades para desarrollar su actividad. «El propietario de una gran finca no tiene problemas para edificar una nave o poner un invernadero porque dispone de superficie suficiente y si es suelo protegido, dispondrá probablemente de técnicos para tramitar el interés general pero un pequeño agricultor está condenado con la nueva ley, no puede hacer nada», afirma Joan Simonet, gerente de Asaja.
Otra queja de los agricultores está relacionada con las limitaciones que se han impuesto para poder ejercer la venta al público de los productos de una finca. Las instalaciones para la comercialización no podrán superar los 110 metros cuadrados. «Es una superficie demasiado pequeña para hacer muestras de productos o celebrar catas. La venta puede funcionar si se organizan visitas guiadas y programadas con grupos numerosos de personas pero no en una pequeña dependencia que sólo sirve para atender a alguien que pase por la finca, sostiene Asaja.
Las organizaciones agrarias también denuncia la normativa que contiene la nueva ley sobre las agroestancias, ideadas en principio para conceder una renta complementaria al payés. Sólo se permite alojar a visitantes en la propia casa que habita el payés. Muchas explotaciones son propiedad de empresas o comunidades de bienes y en ellas no hay casa habitada por un payés y, en consecuencia, no podrán beneficiarse de las agroestancias.
Finalmente Asaja denuncia que la nueva Ley Agraria ha olvidado incluir alguna disposición transitoria para aclarar qué pasa con las solicitudes de naves, invernaderos, bodegas o tafonas presentadas antes de la entrada en vigor de la nueva normativa.
La Ley Agraria fue aprobada por el Parlament el pasado martes con los votos a favor del Pacte y en contra de la oposición. Según el conseller Vidal, la nueva ley «garantizará el futuro del sector» y «dignificará la figura de los payeses».
Dice Vidal que la ley busca detallar la ordenación general de los sectores agrícola, ganadero, agroalimentario y forestal y potenciar, asimismo, el desarrollo rural de las Islas desde «un carácter estratégico y funcional». Vidal señaló que se establecen tres líneas de actuación que son la «soberanía alimenticia», la consolidación de una «renta mínima» y la promoción de «aspectos sociales», que incluya a los jóvenes dentro del sector.
Conforme a los criterios de
Saber más