Turbulencias en la PAC
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Turbulencias en la PAC
Como sin duda ya saben, durante la última semana del mes de mayo venían celebrándose las conversaciones entre la Comisión Europea, el Parlamento comunitario y los ministros de Agricultura de los Estados miembros -organizadas a través del mecanismo llamado Trílogo- para acordar en el marco de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) los principales reglamentos de la misma. Sin embargo, las negociaciones naufragaron y por motivos que invitan a una reflexión de calado sobre el modelo agropecuario al que aspira Europa.
La momentánea paralización de esas negociaciones compromete la viabilidad del calendario inicialmente previsto y esa falta de acuerdo va a impedir que en la próxima Conferencia Sectorial de Agricultura entre el ministro Luis Planas y los consejeros autonómicos, fijada para mediados de este mes de junio, se disponga de las necesarias certidumbres sobre el contenido definitivo del reglamento de planes estratégicos como para poder elaborar las bases últimas de un documento de trabajo que debería estar listo a finales de 2021. Por tanto, esta situación sobrevenida impide avanzar en la discusión y el diseño de la propuesta de los principales elementos que han de configurar el futuro Plan Estratégico de la PAC para España.
Además, esta circunstancia implica que la propia negociación acerca de aspectos tan cruciales para las comunidades autónomas como los ecoesquemas, la convergencia, la desaparición de los derechos históricos o la ficha financiera para acometer determinadas intervenciones, no pueda abordarse ni concluirse debidamente. De momento, la reunión previa a la celebración de la aludida Conferencia Sectorial, ha sido suspendida.
La clave del desencuentro en Bruselas estriba en el hecho de que los Estados miembros, los agrícolamente relevantes al menos, no están satisfechos en absoluto con las propuestas emanadas del europarlamento. La propia ministra de Agricultura portuguesa, Maria do Céu, cuyo país ostenta la presidencia semestral de la UE, expresó su posición de forma clara: «Queremos cerrar un acuerdo, pero no a cualquier precio». La denominada arquitectura verde de la nueva PAC o los nuevos regímenes ecológicos (ecosesquemas), junto al competente social, constituyen los principales escollos.
Criterios
Por su parte, el ministro español de Agricultura, Luis Planas, fue aún más lejos en su intervención al señalar que las motivaciones de la ruptura estriban en que las normas de la futura PAC deben cimentarse en criterios que supongan un apoyo real al trabajo de los agricultores o ganaderos y no un peso indebido, en definitiva, un lastre a la tarea fundamental que realizan. No olvidó por ello aludir a la necesidad de insistir en la preservación de nuestros recursos naturales, la sostenibilidad ambiental, pero partiendo siempre de la premisa absolutamente indispensable de lograr la sostenibilidad económica y la rentabilidad de las explotaciones como garante y piedra angular de la sostenibilidad social de la agricultura española.
Salta a la vista, en consecuencia, que la causa que ha provocado este parón, por lo demás no tan infrecuente en esta clase de negociaciones, ha sido la creciente tensión que se viene generando en torno a ciertas ansias basadas en la pulsión de imponer un modelo de producción agraria supeditado, única y exclusivamente, a la componente medioambiental y que pasa por alto o no valora con la seriedad necesaria aspectos capitales.
Cierto es que la agricultura y la ganadería se desarrollan en el entorno rural, ocupan territorio y tienen un impacto sobre el medio ambiente, pero todavía es más cierto que a ninguna otra actividad se le exige tanto. Y ya va siendo hora de destacarlo. También el resto de actividades económicas se llevan a cabo sobre un territorio y tienen igualmente un impacto en términos ambientales que suele ser mucho mayor y más dañino, aunque sobre ninguna de ellas existe, paradójicamente, un nivel de presión equiparable al que se aplica al sector agroalimentario.
Es igualmente cierto que una parte sustancial de los presupuestos europeos se destina a las políticas agrarias, pero en contrapartida las exigencias son múltiples, ya que se trata de un sector fuertemente regulado y con la obligación de producir bajo unos estándares de protección del medio ambiente y de seguridad alimentaria que son los más rigurosos en todo el mundo. Mientras tanto, y al mismo tiempo, los agricultores y ganaderos comunitarios se ven forzados a competir dentro del mismo mercado con los productores de los países terceros cuyas condiciones sociales, laborales, medioambientales y regulatorias son infinitamente menos restrictivas que las imperantes en la UE. Como colofón, y para ensombrecer un poco más el panorama, el sector agropecuario es la actividad escogida de forma permanente como moneda de cambio en cualquier acuerdo comercial. Los tratados con Mercosur o Sudáfrica o las ventajas otorgadas a Turquía por su condición de parapeto frente a la presión migratoria constituyen una buena prueba de lo expuesto. Frente a todo ello, no podemos más que aplaudir tanto el receso que se ha tomado en las negociaciones europeas como la actitud mostrada por nuestro ministro
Aunque la renta agraria valenciana está escasamente condicionada por la PAC -apenas representa el 7% en años de mala coyuntura de los mercados- sí puede verse muy influida por las disposiciones que adopte la Unión Europea en materia tan sensible. Nuestra agricultura, nuestros agricultores y ganaderos difícilmente podrán soportar más presión, difícilmente podrán sobrevivir si se endurecen las normas de la PAC o si de manera indirecta se les obliga a competir con los países terceros en condiciones cada vez más desfavorables, mientras que, a su vez, se procura y favorece por todos los medios la penetración en los mercados de producciones de Sudáfrica, Marruecos o Egipto, donde, vuelvo a subrayar, ni las condiciones ambientales, laborales y sociales son comparables a las nuestras.
Porque hay que decir bien claro que resulta ofensivo, hipócrita, injusto y hasta peligroso que mientras en Europa se exige, y se pretende exigir todavía un poco más, a los agricultores y ganaderos la producción de los alimentos más saludables, ecológicos y seguros del mundo a los mismos ciudadanos europeos se les impele a consumir alimentos con una huella de carbono descomunal, producidos en los antípodas del mundo y con requerimientos muy inferiores en materia ambiental o de seguridad alimentaria. Se trata de una contradicción que es preciso resolver de una vez por todas.
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