Las políticas agrarias deben diseñarse pensando en el beneficio de los agricultores y ganaderos y en el del consumidor final, no a favor de las grandes corporaciones.
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Soberanía alimentaria y transnacionales
A. Donello
Diariamente el mundo despierta con noticias que hablan de cómo la degradación del medio ambiente se está agravando en todos los territorios del planeta. En algunos, de forma más visible, en otros, poco a poco, de manera casi imperceptible. Mientras tanto, las élites del poder corporativo se enriquecen con las crisis que ellos mismos van provocando.
El calentamiento global, causado en gran parte por el agronegocio y el extractivismo , agudiza estas crisis y pone en riesgo el derecho a la alimentación de nuestros pueblos. Más de dos mil millones de personas -casi un tercio de toda la población mundial- luchan por el acceso regular a una alimentación adecuada. El hambre y la inseguridad alimentaria afectan ya a 864 millones de personas , sobre todo niños, niñas y mujeres.
Las políticas agrícolas promulgadas al dictado de las grandes corporaciones solo empeoran la crisis climática, y el énfasis en la importación y la exportación masiva de productos agrarios está causando una creciente desesperación entre agricultores y ganaderos de todo el mundo. Por ello, exigir medidas para frenar el creciente poder de las empresas en los espacios políticos de nuestros países , en la Unión Europea y, muy especialmente, en aquellos espacios multilaterales donde se deciden políticas agrarias, se convierte en una urgencia para organizaciones como COAG y Vía Campesina, que representan a una buena parte de las personas agricultoras y ganaderas de España y del mundo.
Es preciso establecer medidas legales exhaustivas que limiten el acceso de los fondos de inversión, multinacionales de la alimentación y capital externo a la agricultura, a los foros donde se vaya a debatir la política agraria. Porque e sa política solo puede tener como objetivo alimentar al mundo y generar condiciones decentes de trabajo del campesinado en los cinco continentes y está claro que los intereses de estas gentes, que son los responsables de la actual situación, son otros y muy distintos. Es preciso que esta retirada sea también reglada y sometida a normas, de manera que estos actores, funestos para la agricultura y para toda la comunidad humana, no aprovechen su inmenso poder para generar situaciones de crisis extrema en las zonas de producción.
La regulación y la ordenación de los mercados también es básica. Las políticas agrarias han de elaborarse siempre en beneficio de los hombres y mujeres del campo que trabajan directamente en las explotaciones y viven de su actividad en el marco de una crisis climática, por un lado, y del consumidor final, por otro. Y no en beneficio del sector comercial y las grandes empresas del agronegocio.
La soberanía alimentaria y la protección de los mercados locales (en Europa la aplicación del mecanismo de preferencia comunitaria) deben ser los ejes sobre los que pivote cualquier propuesta de política comercial y de mercados. Muy especialmente en una UE que parece haberse desentendido de sus agricultores y, por tanto, también del derecho a una alimentación de calidad y de cercanía para su ciudadanía .
Las políticas agrarias deben diseñarse pensando en el beneficio de los agricultores y ganaderos y en el del consumidor final, no a favor de las grandes corporaciones
Existen múltiples elementos necesarios para la regulación y la transparencia de los mercados que deben ponerse encima de la mesa como, por ejemplo, la mejora de la Ley de la Cadena Alimentaria que existe en España . El control y la regulación de los oligopolios que gobiernan ambos lados de la cadena es fundamental para mantener el equilibrio y la sostenibilidad de la misma.
Los hombres y mujeres del campo tenemos que ganar poder en el mercado para conseguir la viabilidad económica de nuestras explotaciones . La participación en la cadena nos viene dada por nuestra posición, pero tal y como están las cosas no decidimos nada, y tenemos que poder decidir, porque tenemos que defender la figura del agricultor y la agricultora antes de que quienes vienen dictando las normas nos acaben convirtiendo en meros asalariados que cultivan las tierras que un día fueron nuestras, y que un día cualquiera puedan ser sustituidos por un robot. Es preciso obtener un mayor poder de negociación, ya sea por la vía de las cadenas de comercialización de gobernanza alternativa y colaborativa, por la de la explosión de los mercados de proximidad o por el del refuerzo del asociacionismo y el cooperativismo para la mejora de la comercialización de nuestros productos.
Las cooperativas son imprescindibles como elementos de unión de los agricultores para hacer fuerza y ganar nuestro lugar ante los operadores del comercio de alimentos.
La planificación y la defensa de la calidad y el precio, con estrategias claras para la comercialización, son, en definitiva, un medio para ofrecer rentabilidad a los socios. Para ello es necesario recuperar los valores cooperativos, deformados en los últimos tiempos por intereses comerciales o personales ; claves son las personas dirigentes y clave es también conseguir una mayor implicación de los socios.
Hoy es más necesaria que nunca una agricultura rentable, pero capaz de proporcionar tejido social, de mantener la población rural y de cuidar el medio ambiente. Una agricultura con mujeres y hombres en el marco de una economía social agraria. Es decir, trabajemos por el desarrollo y pervivencia del 'modelo social y profesional de agricultura', proveedor de riqueza en el medio rural así como de otros numerosos bienes públicos. Para afrontar estos nuevos retos es necesario concretar las soluciones, ejecutarlas y ponerlas en valor.
Eduardo Navarro Villarreal es representante de COAG en el Consejo Económico y Social de España
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