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En unos mercados con la mayor parte de los mecanismos de regulación desmantelados; con unas ayudas comunitarias congeladas y unas mayores exigencias pro Política Verde para producir menos con mayores gastos o con unos precios de venta de los productos que en muchos casos no cubren los costes de producción, a pesar de lo que diga la Ley de la Cadena Alimentaria, los seguros agrarios, primera Ley de la democracia, constituyen el principal agarradero del sector agrario para garantizarse unos ingresos que mantengan la viabilidad de la explotación, más en los agricultores que en los ganaderos, aunque el capital asegurado suponga solo unos 15.000 millones de euros frente a valor de la Producción Final Agraria de 50.000 millones.
A lo largo de su existencia -el Gobierno acaba de aprobar el Plan 43- el seguro agrario ha sido objeto de diferentes revisiones para adaptar el mismo a las exigencias del momento, en un tira y afloja entre las demandas del sector y la resistencia de las aseguradoras, generalmente resueltas desde el diálogo, menos en los momentos de su despegue en los ochenta cuando el ministro Carlos Romero se plantaba ante la resistencia de las compañías y amenazaba con poner en marcha un seguro público.
Hoy, el cambio climático y sus posibles efectos sobre la actividad agraria es un fenómeno que preocupa en el sector, desde las compañías aseguradoras a los agricultores y ganaderos, pasando por la Administración.
Se pueden tener posiciones diferentes sobre si el cambio climático es una realidad o un invento, si son fenómenos pasajeros o han venido para quedarse, porque siempre ha habido grandes nevadas, tormentas o pedriscos. Pero, en lo que afecta a la actividad en el sector agrario, para las empresas y para agricultores, el cambio climático sería un hecho. De los datos manejados por las aseguradoras, se desprende que los siniestros son cada vez más frecuentes, que los mismos tienen una mayor intensidad, son más agresivos, abarcan más superficies y no se producen respondiendo al calendario tradicional, pudiendo aparecer "a destiempo".
La sequía sigue siendo el fenómeno que provoca la mayor siniestralidad por la superficie afectada. Hace dos décadas, la sequía era un fenómeno que se repetía cada cinco o seis años. En la actualidad se produce cada dos. Las tormentas violentas, los pedriscos y las inundaciones se han convertido en los principales protagonistas cada año, no solo en los meses de verano, sino desde el inicio de la primavera.
Todo ello ha dado lugar a que la siniestralidad haya pasado de una media de unos 420 millones de euros en los primeros años de la última década, salvo en 2012 que la sequía los elevó, a la cifra récord de 766 millones de euros, a una media en los últimos años superior a los 700 millones y con 755 millones 2018. Este año, hasta el mes de noviembre las indemnizaciones ascienden ya a 690 millones de euros con la previsión de cerrar 2021 con más de 730 millones y unas primas de 800 millones.
Estos datos no suponen pérdidas para las compañías aseguradoras, toda vez que tienen fondos de ajuste través de los recursos que van para el Consorcio, pero unos beneficios escasos no son un aliciente para las mismas y sus accionistas.
Ante este nuevo escenario, compañías aseguradoras y las organizaciones agrarias UPA, ASAJA y COAG coinciden en la necesidad de una revisión en profundidad del mismo para su adecuación buscando un equilibrio entre los intereses de todas las partes, y, sobre todo, su eficiencia; lograr un objetivo de protección a un coste asequible y, en definitiva, asegurar por convencimiento y no desde el miedo de agricultor y ganadero a quedarse "vendido" ante un siniestro.
Con la mirada hacia el futuro, parece obvio que las salidas al seguro agrario en este nuevo escenario de la siniestralidad no pueden tener como eje simplemente una fuerte subida generalizada de las primas como sucediera en los años precedentes ante el incremento del capital asegurado desde los 11.000 a los 15.000 millones de euros y por el ajuste en las subvenciones públicas, tanto de Agricultura como de las comunidades autónomas.
Tampoco puede ser una salida aumentar las franquicias en los niveles de cobertura para tener una póliza de seguro, pero sin seguro, o incluso penalizando al agricultor simplemente si se halla en territorio de mayores riesgos, al margen de ser un buen o mal agricultor.
Para disponer de un seguro agrario real, un primer punto clave son las subvenciones. En los últimos años, la subvención de Agricultura estuvo congelada en 211 millones de euros que cada año se complementaba con créditos extraordinarios que no evitaron un fuerte incremento en los precios de las primas, y que finalmente se elevó el 20% en 2020 hasta los 250 millones y a los 256 millones para el próximo año, aunque lejos de los casi 300 millones de 2010.
Estos fondos se complementan con subvenciones de las comunidades autónomas hasta unos 100 millones de euros que bajaron a la mitad, para actualmente subir a unos 80 millones. Aunque cada gobierno regional tiene su propia estrategia, las comunidades autónomas no pueden dar la espalda al seguro. Otra vía que se barajaría es la posibilidad de incorporar para el seguro fondos de Desarrollo Rural.
Mayor universalización
Un segundo punto importante es mejorar la viabilidad global de los seguros con una mayor universalización de los mismos, lograr que se incorporen algunas producciones y que se aumenten en el resto. El objetivo, en todo caso, sería evitar que, a un posible asegurado, le llegue a interesar más guardar el importe del pago de la póliza en una hucha que contratar el seguro. Es un viejo objetivo y sigue siendo un reto.
A las compañías aseguradoras, desde la producción se les ha reclamado en ocasiones menores gastos de gestión. Y al sector productor le tocaría avanzar en la implantación de varietales más resistentes a la sequía para rebajar la siniestralidad, apostar por plantas con una floración más ajustada a los cambios climáticos o modificando incluso los periodos de siembra en los cultivos herbáceos. Disponer de regadío sería la salida final para la sequía. Se trata de actuaciones que ya se están llevando a cabo en el sector, pero que en paralelo podrían tener efectos directos o secundarios como mayores costes en semillas o plantones, menores rendimientos en volumen o rentabilidad en los mercados.
Desde COAG se insiste en implantar una nueva línea frente a grandes catástrofes, hoy cada año más frecuentes al margen de la sequía, y UPA reclama a las empresas aumentar las reservas propias para hacer frente a la nueva situación.
El campo quiere un seguro que asegure de verdad, equilibrado, que interese a productores y aseguradoras, un agarradero seguro para garantizar la continuidad de la explotación ante un siniestro, un seguro en base a rendimientos reales no tapados por franquicias elevadas y a un precio asumible. Un seguro que de seguridad real.