El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Planas, en una visita a León el pasado viernes. J. Casares / EFE El Ministerio de Agricultura y los consejeros de las comunidades autónomas abordarán esta semana la recta final de las negociaciones para decidir el Plan Estratégico de aplicación de la próxima reforma de la Política Agrícola Común (PAC), con fondos de 47.724 millones de euros, que entrará en vigor en 2023. El departamento liderado por Luis Planas prevé el desarrollo de contactos bilaterales con cada consejero en los primeros meses de 2021 a fin de tener un primer borrador de plan para presentar en Bruselas en primavera; el definitivo estaría en otoño para su aprobación por la Comisión Europea en 2022 y disponer así de tiempo para diseñar su aplicación en 2023. Con las estrategias "Del campo a la mesa" y "Biodiversidad UE 2030" del marco de la Política Verde de la Comisión sobre la mesa para elaborar ese Plan Estratégico, se plantea a los Estados miembros la necesidad de cumplir con casi una veintena de recomendaciones en materia de sostenibilidad. Sobre la reducción de emisiones, el uso de los productos fitosanitarios para los suelos, donde ya se preveía una reducción del 50%; la reducción del 20% en el uso de fertilizantes, el mantenimiento de los suelos vivos libres de materiales pesados o la lucha contra la erosión. Si no se cumplen las exigencias de condicionalidad, no habría ayudas. El encuentro del próximo día 10 supone la recta final tras los debates celebrados en la Conferencia Sectorial el pasado mes de julio, donde quedaron prácticamente cerradas algunas cuestiones como la definición del agricultor genuino o persona cuyos ingresos agrarios supongan al menos entre un 20% y un 30% de sus ingresos totales; la consideración como prioritario del pequeño agricultor (con entre seis y diez hectáreas) por su papel en el tejido socioeconómico para percibir una ayuda de entre 200 y 250 euros por hectárea, o la necesidad de avanzar de una forma mucho más rápida hacia la convergencia y redistribución de ayudas, así como para la eliminación de los pagos por derechos históricos en 2025. Esta próxima reunión entre Agricultura y las comunidades autónomas tiene lugar después de que los ministros del ramo europeos cerraran en octubre los reglamentos para la próxima reforma, que prevé la posibilidad de que un país miembro pueda destinar hasta un 13% de los fondos para los pagos directos a pagos acoplados, un 3% para apoyar programas sectoriales, el 20% para pagos de los eco esquemas o el techo de los 100.000 euros por peticionario y desde los 60.000 euros para aplicar el capping o recorte progresivo de los mismos. Con este nuevo escenario, en esta recta final de los debates se abordarán cuestiones como los apoyos a los jóvenes, las nuevas políticas de Desarrollo Rural que sustituyan a los actuales programas nacional o autonómico, y muy especialmente la política de los pagos acoplados, donde se apuesta por su destino a las cabañas ganaderas. Desde Castilla-La Mancha, el consejero de Agricultura, Francisco Martínez, reclama pagos acoplados para el olivar de bajo rendimiento o un sistema de apoyo que asegure su viabilidad por su papel en el sostenimiento del territorio. Actualmente hay programas de ayudas para sectores como el vino o las frutas y hortalizas. A estas producciones está decidida la incorporación del olivar y, desde Castilla y León, se quiere añadir el ovino, dadas sus dificultades para sobrevivir. Aunque su situación ya se abordó en la cumbre anterior, no hay una posición definida sobre la convergencia de ayudas o redistribución de fondos que colea desde 2014 y el objetivo es que un agricultor reciba los mismos fondos por la misma actividad sea cual sea su ubicación. Las comunidades autónomas apuestan por acabar con los desequilibrios en los pagos, con la sola excepción de Andalucía, acelerando el proceso de convergencia desde 2021 sobre la base de los reglamentos de transición vistos por Consejo, Comisión y Parlamento europeos y ante el retraso en la entrada vigor de la nueva reforma hasta 2023. En ese periodo de dos años de transición ya se ha decidido que se mantendrán las mismas condiciones para acceder a las ayudas. Para avanzar en ese objetivo, punto clave es el compromiso de Agricultura de decidir en las próximas semanas una reducción en el número de regiones, del medio centenar actual a una veintena.