El Ejecutivo regional apela al «importante papel» que juega el Parlamento Europeo en este asunto. Organizaciones agrarias y Junta esperan a tener el documento, pero avisan de las consecuencias
Varios trabajadores del campo durante la recogida de tomate en una finca extremeña. - EL PERIÓDICO
Rechazo frontal en Extremadura a la posibilidad de que la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) para el período 2021-2017 tenga menos presupuesto, tal y como propone la Comisión Europea, que plantea reducir un 5% los fondos para la PAC y un 7% los destinados a políticas de cohesión (enfocadas al desarrollo rural), «para reflejar la nueva realidad de la Unión Europea a 27». Las organizaciones agrarias extremeñas y la propia Junta ya han denunciado esa merma presupuestaria y advierten de lo que podría suponer para el campo en la comunidad autónoma.
La vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, indicó ayer que se ha puesto en contacto con los europarlamentarios españoles para tratar que el próximo presupuesto de la Unión Europea no afecte ni a los sectores sustentados por la PAC ni a las políticas de cohesión. Espera que el Parlamento Europeo juegue un «importante papel» en la definición del presupuesto comunitario, y aseguró que la propuesta de la Comisión Europea «no nos puede dejar satisfechos».
No obstante, la Junta reconoce que sí se han tenido en cuenta algunas cuestiones planteadas desde Extremadura en los foros donde se negocia la posición española para trasladar a la Comisión Europea, como son las referidas al despoblamiento, a la necesidad de la política de cohesión, así como la vinculación de esta al desempleo.
En cualquier caso, aclaró que se trata de un documento «muy complejo, que requiere un análisis más pormenorizado». El Parlamento Europeo, insistió, «tiene ahora un importante papel que desempeñar y ya estamos en contacto con los europarlamentarios españoles, para que se ponga de manifiesto que los recortes no pueden afectar a sectores vitales para Extremadura como son los que sustenta la PAC y fundamentalmente la cohesión».
Tampoco gusta ni mucho menos la propuesta a las organizaciones agrarias. Así, Apag Extremadura Asaja considera que una PAC con menos presupuesto «pondrá en peligro la calidad, competitividad y rentabilidad de las producciones extremeñas». Además, cree que mermará la viabilidad económica de las zonas rurales y de las explotaciones agrarias, y pone en riesgo el abastecimiento de 500 millones de consumidores y la calidad de los productos alimentarios, «por no hablar de los precios, que ya de por sí están fuertemente castigados».
Asimismo, asegura que menos presupuesto pondría en jaque a la incorporación de los jóvenes al medio agrario, lo que significa «un futuro incierto para el campo extremeño, a la par que afectaría negativamente al empleo agrario y a población rural». No hay que olvidar, insiste, que «el principal motor económico de los pueblos extremeños es la agricultura y ganadería».
Finalmente, esta organización subraya que recortar en una política tan importante y social para Europa como es la Política Agraria Común supone cuanto menos una temeridad, pues «quitaría sentido a la palabra 'común' y generaría una Europa con distintas velocidades».
Ante esta situación, entiende prioritario que los estados miembros y, en concreto, el Ejecutivo español, «apueste por un presupuesto fuerte, moderno y estable, con un código normativo único para que no se ponga en peligro el pan de nuestros agricultores y ganaderos».
En este mismo sentido se pronuncian desde la organización agraria UPA-UCE Extremadura, que muestra su preocupación e impotencia por la «inestabilidad» que generan las modificaciones que se plantean.
La reducción presupuestaria, en opinión de esta organización, no estaría justificada ya que «la rentabilidad de las explotaciones agrarias no ha cambiado», y además podría verse perjudicada porque «se piden cumplir más requisitos». Por ello, entiende que «hay que garantizar como mínimo el mismo presupuesto, sino más», al tiempo que critica que pueda haber una PAC a la carta, pues «ya no serían 28 PAC distintas (por cada Estado miembro), pues solamente en España, habría tantas como regiones hay en el país», asegura.