La tensión crece en la Alcarria de Guadalajara. Agricultores, ganaderos, vecinos y colectivos ecologistas han escenificado este lunes una protesta frontal contra el proyecto fotovoltaico 'Haza del Sol' , una macroplanta prevista en el municipio de Fuentelencina que ocuparía 275 hectáreas de terreno agrícola y cuya línea de evacuación recorrería 41 kilómetros atravesando varios pueblos de la provincia hasta conectar con Madrid. La imagen de numerosos agricultores reunidos junto a representantes de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG), Ecologistas en Acción, la Plataforma Aliente y la Plataforma de Afectados simboliza el creciente malestar que ha provocado un proyecto que muchos consideran una amenaza directa para el futuro del campo en la comarca. La protesta no se ha limitado únicamente al rechazo de la planta solar. Los colectivos han elevado el tono y han reclamado públicamente el cese del delegado provincial de Agricultura, Santos López Tabernero , que además es alcalde de Fuentelencina . Consideran incompatible que quien representa institucionalmente al sector agrario respalde una infraestructura que, a su juicio, destruirá explotaciones agrícolas y perjudicará al medio rural «Esto es una cicatriz para la Alcarria» El presidente de APAG, Juan José Laso , fue especialmente contundente durante la comparecencia. Según denunció, el macroparque no dejará riqueza en Guadalajara y únicamente servirá para exportar energía fuera de la provincia «Esto va a ser una cicatriz más para transferir energía a Madrid, sin ningún beneficio para los que habitamos el medio rural de Guadalajara», afirmó. Las organizaciones presentes insisten en que no están en contra de las energías renovables, pero sí del modelo de implantación que se está desarrollando en numerosos pueblos de Castilla-La Mancha , donde grandes extensiones agrícolas están siendo ocupadas por megaproyectos energéticos. En este caso, el proyecto contempla una planta fotovoltaica de 2,75 millones de metros cuadrados y una línea de evacuación que atravesaría distintas zonas rurales y explotaciones agrícolas de la provincia. La indignación de los agricultores Uno de los momentos más duros de la comparecencia llegó cuando los afectados denunciaron cómo tuvieron conocimiento del proyecto. Según explicó Aurelio Urigoga, portavoz de la Plataforma de Afectados, muchos propietarios no supieron oficialmente de la iniciativa hasta febrero de este año, cuando comenzaron a recibir cartas de la empresa promotora. En ellas, según denunciaron, se les planteaban contratos de alquiler de sus tierras o se advertía de posibles expropiaciones. «O cedíamos las tierras por 1.000 euros por hectárea o nos las quitaban», resumió Urigoga. Los vecinos aseguran sentirse completamente desinformados y reprochan al Ayuntamiento de Fuentelencina no haber comunicado previamente la existencia de un proyecto que afecta directamente a decenas de familias. «Ningún agricultor de Fuentelencina se lee el BOE todos los días» , lamentaron durante la rueda de prensa al explicar que muchos no pudieron presentar alegaciones porque desconocían la publicación oficial del expediente. Según los cálculos de los colectivos, existen más de medio centenar de afectados directos e indirectos entre agricultores, propietarios y explotaciones vinculadas a la zona por la que pasaría tanto la planta como la línea eléctrica. Jóvenes agricultores en riesgo La preocupación se extiende especialmente entre los jóvenes que recientemente apostaron por quedarse en el campo. Durante la comparecencia, representantes de APAG alertaron de que algunos agricultores podrían verse obligados incluso a devolver ayudas públicas recibidas para incorporarse al sector si pierden las tierras sobre las que sustentan sus explotaciones. Víctor Plaza, representante de Jóvenes Agricultores de APAG y vecino de Fuentelencina, explicó que muchos han invertido en maquinaria, modernización y explotaciones agrarias contando con la estabilidad de sus terrenos. «Mientras unas administraciones fomentan el relevo generacional, otras permiten proyectos que nos expulsan del territorio» , denunció. La frase resume el sentimiento que se respiró durante toda la protesta: la sensación de abandono de un mundo rural que asegura sentirse utilizado para abastecer energéticamente a las grandes ciudades mientras pierde población, tierras y oportunidades Exigen una moratoria inmediata Los colectivos han pedido ahora una moratoria que paralice temporalmente el proyecto y permita abrir un proceso de diálogo y revisión del expediente. APAG sostiene que el Ayuntamiento todavía dispone de herramientas urbanísticas y administrativas para frenar o replantear la instalación , recordando que otros municipios de Guadalajara ya aprobaron restricciones o moratorias a proyectos similares. Además, Ecologistas en Acción y la Plataforma Aliente alertaron sobre posibles impactos ambientales y técnicos que, según sostienen, no han sido suficientemente aclarados. Entre ellos mencionan la afección a fauna protegida, riesgos de incendios o el impacto sobre explotaciones ganaderas cercanas, incluida una finca de caballos árabes situada junto al trazado de la línea de evacuación. También cuestionan que el expediente no concrete cómo se desmantelará la instalación al finalizar su vida útil Un conflicto que crece en Castilla-La Mancha El conflicto de Fuentelencina se suma a la creciente contestación social que están generando algunos megaproyectos energéticos en Castilla-La Mancha . En numerosas zonas rurales comienzan a multiplicarse las voces que denuncian la ocupación masiva de suelo agrícola y el impacto paisajístico y económico de estas instalaciones «Se llenan la boca hablando de la España despoblada y del medio rural, pero luego permiten que se expulse a agricultores y jóvenes de los pueblos», resumieron los convocantes. comentarios