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Puig eleva la presión contra el Gobierno por la gestión del agua
El jefe del Consell no entiende que «se cambien ahora las reglas del juego» en el trasvase Tajo-Segura mientras la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, mantiene que se sigue el mismo criterio
Balsa del trasvase Tajo-Segura en la localidad de Rojales. | AXEL ÁLVAREZ
RCV
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El enfrentamiento entre el Consell y el Gobierno por el trasvase Tajo-Segura lejos de calmarse parece llevar camino de enconarse en un rifirrafe entre ambas Administraciones. Tras conocerse un informe de la Abogacía de la Generalitat, encargado por el Botànic, para instar al Ejecutivo a que respete el proyecto aprobado por el Consejo Nacional del Agua que garantizaba la continuidad de la infraestructura, el presidente Ximo Puig aseguró ayer que «no entiende que se cambien las reglas del juego una vez ya hay acuerdo». «No tiene sentido», aseveró.
Para el jefe del Consell, «no existe ninguna justificación jurídica ni técnica» para el cambio de criterio del Gobierno sobre el acuerdo alcanzado en el Consejo del Agua. E insistió: «No tiene sentido que un acuerdo que garantiza el caudal ecológico y al mismo tiempo garantiza esa actualización se ponga en duda de una manera unilateral», informó Europa Press.
Puig defendió que es a la Generalitat a quien «más interesa la vitalidad del río». «Y, por tanto, no queremos que se explote de una manera inadecuada, en absoluto», aseguró, al tiempo que lamentó: «No entendemos que se cambien las reglas del juego una vez ya hay un acuerdo».
Pese a las críticas, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, mostró su confianza en que no haya una nueva guerra del agua, aunque dejó claro que el Gobierno «no ha cambiado de criterio» sobre el trasvase Tajo-Segura.
«El ministerio ha mantenido exactamente el mismo criterio con el que empezamos a abordar esta cuestión hace dos años, que tuve ocasión de presentar en Alicante y en el Palau de la Generalitat», declaró antes de impartir una conferencia en la Semana de Derechos Humanos de la Universitat de València.
Ribera aseguró que «todo el trabajo de estos años ha estado precisamente centrado en conseguir la mejor financiación que nunca se haya destinado a obras hidráulicas en una versión moderna», con el objetivo de que puedan contar con agua tanto los regantes como los ciudades y las cuencas cedente y beneficiarios.
Inversiones
Todo ello, añadió, «anticipando una situación que, como consecuencia del cambio climático, evidentemente genera más tensiones». La ministra reiteró que el Gobierno confía en cumplir todos los objetivos de inversión que se ha fijado para la aportación adicional de recursos hídricos, la conexión dentro de cada cuenca «de la mejor manera posible» y una seguimiento «transparente» de los parámetros de calidad y cantidad y de los «hitos» establecidos tras las conversaciones con los regantes y las Administraciones afectadas.
El Gobierno de Castilla La Mancha también rechazó ayer el informe jurídico encargado por el Consell para no modificar las condiciones del trasvase. La consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández, acusó a la Generalitat de «construir una realidad paralela utilizando la Abogacía de la Generalitat. No se sostiene en pleno siglo XXI».
Para Blanca Fernández, el Consejo Nacional del Agua «aprobó caudales ecológicos sin ningún tipo de condicionamientos y es inamovible», una medida que, según explicó, «supone que en 2027 tendremos 8,65 metros cúbicos por segundo a su paso por Aranjuez y 18 metros cúbicos en Talavera; un hito histórico en Castilla-La Mancha al que no vamos a renunciar bajo ningún concepto».
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