Una oleada motorizada de protestas recuerda estos días al mundo urbano europeo que los agricultores tienen problemas y demandan soluciones . El giro medioambiental de la Política Agraria Común, las sequías y otros desastres naturales, y el encarecimiento de costes por factores geopolíticos fuera de su control, les han puesto en el disparadero. No resulta difícil simpatizar con sus quejas ante la burocracia que acompaña las ayudas de la PAC. Cada vez que desde Bruselas se anuncia la simplificación de la gestión de una política comunitaria, puede apostarse a que ocurrirá justamente lo contrario. Pero formulan otras dos quejas de más envergadura y sin respuesta sencilla. La primera apunta a relajar las normas ambientales aplicables al sector, en particular las incluidas en la Estrategia de la Granja a la Mesa del Pacto Verde Europeo. Sin embargo, los problemas ambientales generados por la agricultura y la ganadería europea no son un invento de los tecnócratas comunitarios: la agricultura genera algo más del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE, y el 70% procede del sector ganadero. La contaminación por exceso de nitratos y los riesgos derivados del uso excesivo de antibióticos en la producción ganadera y de pesticidas en la vegetal no pueden olvidarse, tampoco la pérdida de biodiversidad en el medio rural. La otra gran reivindicación reclama aplicar la exigente normativa ambiental europea para la producción agraria a aquellos países que deseen acceder con sus exportaciones al Mercado Único Europeo para evitar que gocen de una ventaja competitiva poco justificada frente a los agricultores europeos. El primer tema implica un debate sobre el destino del amplio porcentaje de recursos, alrededor de una tercera parte, que el presupuesto comunitario viene destinando a financiar la PAC. Desde los medios agrarios se tiende a olvidar que hoy en día la principal justificación de las subvenciones de la PAC, frente a las hipotéticas demandas de apoyo que podrían proceder de otros sectores con problemas, reside en apoyar la capacidad de la agricultura para producir bienes públicos como la conservación de recursos naturales - agua, suelo, biodiversidad - o luchar contra el cambio climático, y ayudar a los agricultores a cubrir los costes de reducir toda una serie de impactos ambientales negativos. Considerar que las subvenciones deben limitarse a apoyar las rentas agrarias, a la vez que se relajan los objetivos ambientales, ya no resulta convincente, aunque en un año con elecciones europeas bastantes políticos comprarán sin duda ese argumento. Ya en noviembre pasado, el Parlamento Europeo votó en contra de una propuesta de la Comisión relativa a una reducción del 50% en el uso de pesticidas, una pieza importante del Pacto Verde Europeo, y la pasada semana la Comisión ha plegado velas en ese terreno. Pero la transición verde no se encuentra en dificultades solamente por cuestiones de dinero. Las estructuras agrarias europeas no facilitan la transición a un modelo agrícola más sostenible. En primer lugar, porque solo una parte de los gestores de las explotaciones son profesionales que viven de la agricultura: los aproximadamente 20 millones de agricultores europeos se convierten en solo ocho millones cuando se calcula su equivalente a tiempo completo. Además, trabajan en explotaciones que en su inmensa mayoría son de reducido tamaño, ya que por término medio solo son capaces de absorber 1,6 unidades de trabajo anual. Es cierto, sin embargo, que aumenta continuadamente el peso en la producción total de las grandes explotaciones, que son las más rentables, y que el 52% de la superficie utilizada está siendo ya gestionada por explotaciones de más de 100 hectáreas, aunque solo suponen el 4% del total. También en España, la comparación entre los censos agrarios de 2009 y 2020 muestra que el estrato de explotaciones de más de 100 hectáreas es el único que ha visto crecer su número. Ese aumento de dimensión de las explotaciones - que puede llegar por vías diversas- es una condición necesaria para asimilar los cambios técnicos y las fuertes inversiones necesarias para hacer compatibles productividad y sostenibilidad ambiental, reduciendo el uso de algunos inputs tradicionales e incorporando nuevas formas de producción (agricultura de conservación, agricultura de precisión, etc.). La elevada edad media de los agricultores europeos y su limitado bagaje en términos de formación técnica, más allá de la basada en la experiencia, crean también inercias que dificultan incorporar las innovaciones necesarias. El otro gran tema se refiere a la posible imposición de la normativa agroambiental europea a terceros países que exportan a la Unión Europea. Una primera consideración es de rigor: la Unión Europea es la tercera área importadora mundial de alimentos, pero también es la primera exportadora, por lo que debe tener en cuenta la posible reacción de los países afectados. La segunda es que la denominada cláusula espejo se tendrá que aplicar respetando las normas internacionales, principalmente las de la Organización Mundial de Comercio. En ese contexto resulta relativamente sencilla la aceptación de los reglamentos europeos en materias que afectan a la protección de la salud humana mediante requisitos impuestos sobre el producto final - siempre que exista evidencia científica que lo justifique - pero las propuestas procedentes de la UE se enfrentarán a un terreno mucho más resbaladizo cuando tengan que ver con los métodos de producción en sí mismos si estos no tienen una repercusión directa sobre ese producto. La Comisión Europea es consciente de ello, como ya evidenció en un informe publicado en junio de 2022, y planea incorporar capítulos específicamente medioambientales en sus nuevos tratados comerciales. Es urgente, sin embargo, que las autoridades europeas se aseguren ya de incrementar el control del estricto cumplimiento en todos los puntos de entrada a la UE de las normas sanitarias y fitosanitarias actualmente vigentes y procedan a realizar auditorías de los sistemas de certificación de las exportaciones procedentes de países de los que repetidamente se detectan incumplimientos, como ha ocurrido en los últimos tiempos con partidas de cítricos procedentes de Sudáfrica. Ernest Reig es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Valencia y profesor investigador en el Ivie Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook , X y Linkedin , o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días