La reducción de las 50 regiones agronómicas en que se divide España para el reparto de las ayudas, la definición del «agricultor genuino» o el régimen de pequeños agricultores, entre los asuntos que más debate generan
El término «sudoku» lo acuñó hace más de una década el exministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, para definir la compleja negociación del modelo de financiación autónomica (desde su salida no se ha vuelto a reformar). Ahora, los agricultores y ganaderos españoles tendrán que resolver el suyo propio para tener un nuevo Plan Estratégico, para distribuir las ayudas de la nueva PAC (Política Agraria Común) . Es decir, unos 47.682 millones de euros para el periodo 2021-2027 repartidos en 39.156 millones para pagos directores y acciones de mercado, junot a otros 7.776 millones para Desarrollo Rural al que se suman otros 750 milloens del Fondo de Recuperación. Un documento cuyo primer borrador se remitirá a Bruselas el próximo mes de abril, para tener la vesión definitiva lista para entrar en vigor el próximo 1 de enero de 2023 .
Esta es la hoja de ruta que ha expuesto el ministro de Agricultura Luis Planas en la reunión del Comité Asesor Agrario celebrada este lunes, en el que están representadas las principales organizaciones agrarias ( Asaja, COAG y UPA ), y en la que también ha esbozado las propuestas de partida de su departamento.
En concreto, Planas ha apostado por construir «desde la unidad» una nueva PAC que se adapte a las nuevas necesidades de la sociedad y ha expuesto los puntos más importantes, que adelantó a grandes rasgos a los consejeros autonómicos la semana pasada: la reducción en el número de regiones agronómicas (actualmente son 50), la nueva definición de « agricultor genuino» (o el retrato robot de quién percibirá las ayudas) asociado a la percepción de un porcentaje determinado de ingresos provenientes de la Agricultura (entre un 20% y 30%), un régimen para los pequeños agricultores que les permita percibir un pago anual de entre 200 y 250 euros por hectárea para explotaciones de entre 6 y 10 hectáreas, el tope de 100 euros por explotación o los «ecoesquemas» (voluntarios) que añaden más requisitos verdes para cumplir con el objetivo de que en 2030 el 25% de la superficie agraria sea ecológica, entre otros temas.
Demasiadas regiones para Bruselas Desde Asaja, su director de relaciones internacionales Ignacio López, ha apuntado que uno de los puntos que mayor debate traerá será el de los límites de pago por explotación - de los que no son partidarios en la asociación mayoritaria del sector- y lo que ha denominado como la «convergencia externa» o la reducción del número de regiones agronómicas - ahora son 50- en los que se divide la distribución de las ayudas. En este sentido, ha augurado que habrá «bastante debate entre las autonomías» por las consecuencias sobre las transferencias de fondos y la reorientación de cultivos que podría producir. Según López, Europa busca «reducirlas significativamente» y orientarlas hacia otras más específicas según tipo de cultivo, por ejemplo.
No el único punto en el que esta organización agraria augura mayor debate. El futuro régimen del pequeño agricultor propuesto desde el Ministerio es visto por el representante de Asaja como un «sistema de simplificación» e intuyen que sus beneficiados podrían incluso tener menos ayudas que con el sistema actual. En cualquier caso ha mostrado su confianza en que haya una «condicionalidad reforzada» (requisitos medioambientales mínimos y buenas prácticas) y en que, todos jueguen con las mismas reglas . Sobre los derechos históricos - acabar con las referencias históricas a la hora de determinar la cuantía de la ayuda- se han mostrado a favor de la posiblidad de un «régimen transitorio» gradual que vaya adaptando el volumen de ayudas a la media de su entorno.
Más y nuevas medidas verdes López (Asaja) también ha reconocido que queda camino por recorrer para concretar el contenido de los ecoesquemas. Al respecto, ha apuntado que «ya hay suficiente abanico de medidas medioambientales» y ha pedido que no se vacíen las actuales de contenido al fijar las nuevas . En su opinión, el objetivo de que el 40% del gasto de la PAC vaya relacionado con el clima o el medioambiente les resta flexibilidad y añadido que la agricultura ecológica debería estar asociada al desarrollo rural.
¿A quiénes llegan las ayudas realmente? Visiones diferentes que deberán acercarse, como las expresadas desde UPA por su secretario general Lorenzo Ramos quien pide que los 47.682 millones de euros se repartan equitativamente y se haga «una política nacional», evitando ceder a la presión de las comunidades autónomas y que luche contra los «desequilibrios» generados por la PAC. Además de que con la Ley de la Cadena se «recuperen» los precios en origen y vivir dignamente de sus explotaciones.
Ramos ha pedido «ser inteligentes» para aprovechar el «empujón» de la sociedad por la pandemia y que « se favorezca a los sectores que lo necesitan como el olivar tradicional o el almendro». Es decir, que las ayudas lleguen a los «verdaderos agricultores y ganaderos».