Sindicatos y empresarios retoman la negociación para desbloquear mejoras laborales mayores al salario mínimo bajo los invernaderos En plenas movilizaciones del sector agrícola español por la pérdida de competitividad ante las producciones de países terceros , se retoman en Almería las negociaciones para renovar un convenio del campo expirado en el año 2015. Aunque tras la reforma laboral más de setenta mil trabajadores de la provincia vinculados al sector hortofrutícola almeriense han visto elevadas sus condiciones económicas hasta los «8,69 euros la hora brutos, con todo incluido» , como confirmó el responsable de Industria de Comisiones Obreras (CCOO) de Almería, Javier Castaño; cincuenta y cuatro mil de esos empleados carecen de un marco colectivo acordado con los empresarios, después de una década desde la firma del último convenio en 2013. «Una situación inadmisible, que no puede dilatarse más en el tiempo, porque son necesarios avances de las condiciones laborales de los trabajadores de la agricultura bajo invernadero», afirmó el secretario provincial de CCOO, Antonio Valdivieso; en un llamamiento más de los muchos realizados en los últimos años para retomar un diálogo «fundamental en uno de los sectores productivos más importantes de Almería y que más observado está por competidores internacionales». De hecho, son habituales los reportajes de televisiones europeas, desde países comunitarios con intereses alimentarios como Holanda, Francia, Bélgica o Alemania; que se desplazan al «mar de plástico» almeriense para mostrar la dureza de las labores asumidas por trabajadores inmigrantes en su mayoría y, sobre todo, relacionando esa precarización con la existencia de asentamientos chabolistas como los existentes en la localidad de Níjar. Una dilación «sin precedentes», que no habría afectado a los aproximadamente veinticinco mil contratos dentro del convenio colectivo del Manipulado y Envasado de Frutas, Hortalizas y Flores para la provincia de Almería, que expira a finales de 2024, pero que sí reguló ya en octubre de 2021 asuntos como la jornada máxima semanal de 48 horas hasta las 46, el valor de las horas extra y el porcentaje de la plantilla que puede acogerse a la jornada de lunes a viernes en un 20%. También incluyó una compensación de nocturnidad para personas que comiencen su jornada a partir de las 17:00 horas. Sin embargo, los sindicatos denuncian que «hasta ahora, los empresarios han sido reacios a abordar mejoras en lo que se refiere al convenio colectivo del campo actual, apostando por modificar desde la raíz lo firmado en 2013, en lugar de consolidar desde ahí los cambios», precisó Castaño. La esperanza es que «en la primera reunión que hemos mantenido este año los empresarios se han mostrado más favorables al abordaje de puntos concretos» , lo que pondría «más cerca un acuerdo», que «hay que concretar aún más» en futuros encuentros. Así, con un valor de la agricultura almeriense superior a los cuatro mil millones de euros, los sindicatos no se conforman con la subida salarial del 5% que afecta a todo el personal del sector, porque «nos falta negociar la conciliación, los permisos, toda la parte social, el transporte, la seguridad en el trabajo o los descansos», como precisó la secretaria provincial de la UGT, Carmen Vidal, matizando que «no se trata solo de cumplir con el salario mínimo», sino clarificar cuestiones como «complementos salariales», posibles «pluses en transporte» o «reconocimiento de la antigüedad», entre otras cuestiones. Por su parte, organizaciones agrarias como Asaja aluden a las mejoras ejercidas recogidas por un Estatuto de los Trabajadores que garantizaría la protección de la mano agrícola almeriense, en un momento de «subida de los costes sociales» que supondría ya «el 44% del total de facturación de cultivos como el del tomate de invernadero», en palabras de su presidenta en Almería, Adoración Blanque. «Son cuatro años consecutivos de aumento del SMI y eso, junto al incremento de los costes por despido, incidirá negativamente en la contratación de obra del sector agrícola», advirtieron desde la patronal agrícola, tendiendo la mano a una negociación que parece no tener fin. También desde la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, Asempal, se han mostrado algunas r eticencias a la posibilidad de aumentar aún más «unos costes labores disparatados» , por lo que piden «bonificaciones a las cuotas a la Seguridad Social para los agricultores» que amortigüen una «pérdida de rentabilidad continua», según un comunicado de firmado por el presidente de la entidad, José Cano. Sin embargo, los sindicatos insisten en «un mayor control horario» que evite la infradeclaración de jornadas de trabajo, con acusaciones de «fraude laboral», así como «incumplimientos de la normativa laboral y en las cotizaciones a la Seguridad Social». Si bien las tasas anuales de fraude han ido descendiendo en los últimos años en la provincia de Almería, CCOO cifra hasta los cincuenta millones de euros anuales una economía sumergida escondida en el sector agrícola almeriense , con la publicación de sucesivos informes que consideran que «sigue habiendo empleados del campo contratados a media jornada que en realidad echan la jornada completa». Se retoma, por tanto, la negociación del convenio del campo en el mismo periodo en el que la Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía (Hortyfruta) ha expresado su «preocupación» ante el «alarmante» desarrollo de la actual campaña , advirtiendo que las producciones de terceros países que «inundan» los mercados europeos en «desigualdad de condiciones», están «lastrando la rentabilidad» del sector y «poniendo en riesgo su continuidad», según su presidente en Almería, José Tomás Cano.