ECONOMIA
Consumo
Multas de hasta medio millón de euros para las empresas que incumplan la ley de desperdicio alimentario
RAQUEL VILLAÉCIJA
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El Consejo de Ministros aprueba esta norma que pretende evitar que se tire comida
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tras el Consejo de Ministros Chema Moya EFE
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un proyecto de ley contra el desperdicio alimentario que obliga las empresas de la cadena alimentaria (desde los agricultores, pasando por los fabricantes, hasta la distribución) a contar con un plan de prevención para minimizar el desperdicio y destinar estos alimentos a otros usos.
La norma, comienza ahora su trámite parlamentario y se espera que entre en vigor en enero de 2023, prevé multas para las empresas que no cuenten con este plan de entre 2.001 y 60.000 euros .
"Esta ley pretende regular y concienciar. Regular el uso preferente de los alimentos para el consumo humano y su donación para los bancos de alimentos y concienciar al conjunto de la sociedad para evitar la pérdida de alimentos y su despilfarro", ha dicho el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Todas las empresas tendrán que tener este plan, excepto los comercios con menos de 1.300 metros cuadrados. Los bares y restaurantes, otro de los focos de desperdicio, tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse lo que no haya consumido. Los establecimientos tipo bufé deberán disponer de envases que sean reutilizables.
El 30% se desperdicia
Según Agricultura, los hogares españoles tiran a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, según datos de 2020, mientras que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que se desperdicia el 30 % de los alimentos que se producen en el mundo.
Aecoc, La Asociación de Fabricantes y distribuidores que agrupa a más de 32.000 compañías, "comparte el espíritu general y el objetivo del proyecto de ley". Sin embargo, respecto a la propuesta de incluir un régimen sancionador, apuestan por uno al estilo de la ley italiana, "en lugar de optar por un modelo sancionador como el francés que, hasta el momento, se ha mostrado ineficaz, dadas las dificultades para establecer mecanismos de control".
El sector ya cuenta con una iniciativa de adhesión voluntaria de la que ya participan más de 700 empresas y que, gracias a la adopción de planes de prevención en línea con las propuestas en el Proyecto de Ley, la gran distribución ha conseguido reducir de un 1,78% a un 0,9% el porcentaje de producto no aprovechado sobre el total comercializado.
Donación
La prioridad de la ley es destinar los desperdicios al consumo humano a través de la donación a empresas, ONG o o bancos de alimentos. El ministro ha reconocido que esto puede suponer un coste extra para las empresas. Estas tendrán que garantizar la trazabilidad de los productos donados mediante un sistema de registro.
Los alimentos que no sean aptos para el consumo humano se destinarán la alimentación animal y fabricación de piensos, el uso como subproductos en otra industria y la obtención de compost o biocombustibles.
Las sanciones graves se penalizarán con entre 60.001 y 500.000 euros de multa . Como leves, con multas de hasta 2.000 euros, se consideran no aplicar esta jerarquía de prioridades en el uso de los alimentos o que las industrias, empresas de distribución al por menor, de hostelería y restauración no lleven a cabo la donación de aquellos productos no vendidos a través de un pacto o convenio.
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