"Cuando en los años 90 empecé mi proyecto en solitario, siendo una mujer joven y con la idea de dignificar mi tierra a través de un producto ligado a la cultura gastronómica de la zona, me encontré muchas veces subestimada", confiesa Anna Giménez, de 55 años, al frente de una granja de patos y pollos de corral en Deltebre, localidad de 11.000 habitantes donde nació y tiene su propia agro-tienda (Granja Luisiana) en la que trabaja con un equipo de 15 personas. ¿Lo más difícil? Que en el sector primario la visibilidad de la mujer está a años luz de la figura masculina. "La mujer ha tenido una labor silenciada durante mucho tiempo y aún tenemos camino por recorrer. Sigue habiendo brechas salariales y, en las administraciones y las cooperativas, las juntas y presidencias están en manos de hombres", señala. De las más de 900.000 explotaciones agrarias que hay en España, solo 756 tienen titularidad compartida y en 2016 solo un 26% de mujeres dirigía alguna de ellas, según datos del INE. Giménez recuerda que, a pesar de que han trabajado siempre en el campo y muy duramente, todavía hoy se encuentra compañeras que necesitan la autorización de su marido para las gestiones sanitarias de traslado de animales. "Y eso que son ellas las dueñas de las tierras y estamos en pleno siglo XXI". Aun así, algunas cosas empiezan a cambiar. "Si nuestras madres y abuelas fueron silenciadas y tuvieron que estar supeditadas al marido, ahora hay una eclosión de mujeres jóvenes con preparación que viven en y del campo", apunta Giménez. Como Mónica Álvaro, ingeniera agrónoma y licenciada en Ciencias Ambientales de 34 años que lleva ocho en Velilla de San Antonio, un pueblo de 12.000 habitantes de la comunidad de Madrid en el que vende la verdura ecológica procedente de su huerta de cuatro hectáreas, un negocio familiar que tiene con su pareja. Mónica Álvaro creció y estudió en Madrid y cree que el trabajo del movimiento feminista para empoderar a las mujeres no ha calado en los pueblos. "En las ciudades las mujeres buscan salir del estereotipo, pero en el pueblo no tanto", subraya, apoyándose en su experiencia como técnica del sindicato agrícola UPA-Madrid. "Trato con mujeres de agricultores, que son las que se encargan de las gestiones, pero ninguna aparece en los papeles. Eso es muy significativo. No tienen nada a su nombre. Las subvenciones están a nombre del marido", relata. Según la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, más del 80% de las mujeres rurales hablan de machismo generalizado en su entorno. Sus principales problemas tienen que ver con la fragmentación del mercado laboral, la falta de recursos para víctimas de malos tratos y los impedimentos para acceder a las nuevas tecnologías o participar en la toma de decisiones, según la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur). Todo fruto de una doble discriminación: ser mujeres y vivir en el medio rural. Con un hijo de cinco años, a la ingeniera agrícola le preocupa también la falta de expectativas de los jóvenes en un sector donde el trabajo se ve limitado a la agricultura y la ganadería y, en general, las rentas son bajas. "Un niño de ciudad puede soñar con cualquier empleo. Uno del campo no", lamenta. Por otro lado, un joven que no tenga una nave o un terreno tiene difícil incorporarse al mundo agrario incluso con ayudas estatales, explica Álvaro. Por eso reivindica desarrollar vías de comunicación, especialmente el tren, tanto de pasajeros como de mercancías, para prestar servicio a población alejada de los grandes núcleos urbanos. "No podemos pretender que lo bucólico de la vida en el campo, que lo tiene, compense una falta brutal de servicios", exclama. A la falta de transporte se une el sempiterno problema de la conexión a internet. En 2019, el 13% de las zonas rurales no tenía cobertura de banda ancha de 30 Mbps y un 50% carecía de banda de más de 100 Mbps. Álvaro lo ilustra con las dificultades que tiene para teletrabajar en el pueblo de Guadalajara del que es su familia. "Si hay más posibilidades de teletrabajar, aumentas las posibilidades de empleo rural", ilustra. Y apunta, igualmente, que la bajada de precios experimentada en los últimos 20 años como consecuencia de la Política Agrícola Común (PAC) ha arruinado a muchos pueblos y eso exigiría una actuación de los poderes públicos transversal y compensatoria que tenga en cuenta el campo en todas las políticas. "Las instituciones tienen que apostar por las infraestructuras en el mundo rural para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades que en una gran ciudad", apostilla Anna Giménez. "Mucha gente agacha la cabeza porque, antes, ser un granjero era como estar por debajo socialmente de otras personas. Pero siempre he dicho que debemos sentirnos orgullosos. No somos menos que un médico o un investigador. Somos artesanos", resume la ganadera del delta del Ebro.