El Gobierno afronta el reto de impulsar la actualización de la Ley de Industria, una de las diez normas y reformas que todavía tiene pendientes para recibir lo que queda de los fondos europeos. El texto es uno de los que más posibilidades tiene de prosperar , a pesar de que la inestabilidad parlamentaria sobre la que se sustenta el Ejecutivo dibuja una compleja agenda legislativa. El ministerio que lidera Jordi Hereu ya está en ello, aunque su desarrollo no será fácil. Debe recoger la esencia del Componente 12 del Plan de Recuperación acordado con Bruselas, pero también las pautas dictadas por informe Draghi , en el que el expresidente del BCE analiza los desafíos a los que se enfrentan la industria y las empresas en el Mercado Único. Todo ello, sin invadir las competencias de las CCAA, y protegiendo y reivindicando a las empresas estratégicas de una actividad clave para el crecimiento de la economía. Cabe recordar, que Iberia -e IAG- es la aerolínea con mayor rentabilidad de toda la Unión Europea. En el segundo trimestre, la española alcanzó una mayor margen operacional del 15,3%, liderando un sector sobre el que se apoya uno de los pilares de carga -la demanda exterior- sobre el pivota el buen momento del PIB. La Comisión Europea demanda una ley que integre dos reformas. Por lado pide desarrollar una estrategia de Impulso Industrial, y por otro, una política de residuos y despliegue de la economía circular. El texto podría llegar al Congreso de los Diputados el próximo 2025, como una de las iniciativas estratégicas, que Moncloa podría utilizar para poner en valor a las compañías españolas que lideran el mercado comunitario. Además, Hereu debe asumir las recetas que el exprimer ministro italiano enumeró a inicios de septiembre. El documento reclama colocar a la energía como uno de los núcleos de la futura ley, y demanda a los socios comunitarios a desarrollar una propuesta para descarbonizar todas las políticas que se desarrollen en la Unión Europea. Para lograrlo -apunta el análisis- será necesaria "una inversión adicional anual mínima de entre 750.000 y 800.000 millones de euros ", según las últimas estimaciones de la Comisión, "lo que corresponde a entre el 4,4 y el 4,7 % del PIB de la UE en 2023". Un puñado de normas esperan su turno No obstante, no es la única ley que Moncloa está obligado a impulsar en el Congreso para hacerse con la parte pendiente de la financiación comunitaria. La norma que busca crear una autoridad de defensa del cliente financiero sigue esperando su turno en el registro de la Cámara Baja. Economía ya trató de aprobar la norma en la pasada legislatura, pero el adelanto electoral provocó que su tramitación decayera. Ahora, Cuerpo busca -con unos números parlamentarios más precarios- impulsar la ley que -entre otros- establece un sistema institucional y público para resolver los conflictos abiertos entre las entidades financieras y sus clientes. El espíritu del texto planteado busca solventar esto de "forma sencilla, ágil, eficaz, gratuita para los clientes -sin necesidad de contar con abogado y procurador- e imparcial". El Consejo de Ministros validó la iniciativa el pasado 19 de marzo. Por último, a la espera se encuentra -también- la ley del Cine, que -al igual que la anterior- también decayó con el adelanto electoral. La norma que, el ministro Ernest Urtasun acordó con el sector, fue aprobada en Moncloa el pasado mes de junio, con varios meses de retraso. En el listado de reformas pendientes se encuentran -además- otras como la oficina de derechos de autor, la ley de profesionales del deporte o el estatuto del personal sanitario.