El campo español todavía no ha perdonado las acusaciones del Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre la esclavitud y la explotación laboral que supuestamente se realiza en España. Y ahora ve que no dice nada con lo que ha pasado en Hlanda, donde la pandemia ha evidenciado las condiciones abusivas de las agencias de empleo temporal en Países Bajos, un año después de que temporeros españoles denunciaran estos abusos.
España, entonces sola en la lucha por los derechos de estos trabajadores, se enfrenta ahora a un gobierno neerlandés presionado por los sindicatos, pero sin solucionar «el problema de fondo».
Si el año pasado la sensación que tenían las autoridades laborales españolas que trataban de denunciar los abusos que sufrían los temporeros españoles por parte de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) en Países Bajos «era mucho más negacionista, ahora hay más aceptación de que existe un problema», asegura la consejera de Trabajo en el Benelux, Concha Gutiérrez.
FUERON CON PROMESAS LABORALES AJUSTADAS A LA LEGALIDAD NEERLANDESA Y UN SALARIO QUE TRIPLICA EL ESPAÑOL Y FUERON OBLIGADOS A FIRMAR CONTRATOS ENGAÑOSOS
«Digamos que ya asumen que existe el problema, hay más concienciación y respuesta a casos concretos cuando se los hacemos llegar, pero seguimos sin soluciones a los problemas de fondo: la vivienda, la nómina negativa, los contratos de cero horas ligados al alojamiento...», lamenta en una entrevista con Efe.
En testimonios recogidos por Efe, temporeros españoles denunciaron que, tras llegar a Países Bajos con promesas laborales ajustadas a la legalidad neerlandesa y con un salario que triplica el mínimo español, se han visto obligados a firmar contratos engañosos, que les han conducido a una espiral de abusos laborales, sueldos míseros y alojamientos inadecuados, que incluso les han creado deudas económicas con la empresa contratante.
Hay unas 14.000 agencias de empleo temporal en Países Bajos: son fáciles de formar, no requieren autorización especial y apenas hay supervisión independiente, lo que ha conducido a abusos a los empleados migrantes que traen cada año a trabajar en horticultura, mataderos y centros de distribución.
Uno de cada tres empleados que trabajan en territorio neerlandés tiene un contrato flexible «y una relación inestable» con su empleador, en muchos casos con contratos sin garantía de horas, reconoció a Efe el vicepresidente de la federación de sindicatos neerlandeses (FNV), Tuur Elzinga.
Durante la primera ola de coronavirus, y debido al disparo de contagios en la industria cárnica, quedaron patentes las condiciones abusivas de vida y trabajo a las que las ETT someten a los temporeros, lo que llevó a la Comisión para la Protección de Empleados Migrantes a denunciar que es «imposible» mantener la distancia en las viviendas y a recordar su «vulnerabilidad», al depender de su empleador.
Emile Roemer, que lidera el Comité, instó al Gobierno neerlandés a introducir normativas para estas agencias, como un máximo de dos personas por habitación y el uso de bicis o coches para ir a trabajar, en lugar de furgonetas en las que se transporte a todos.