Hace justo un año, los sindicatos agrarios y los autodenominados manifestantes espontáneos se reunían con el consejero de Agricultura a las puertas de una protesta en la inauguración de FIMA que no se llevó a cabo. Después llegaron los colapsos en las carreteras y los disturbios en La Aljafería
Disturbios en el palacio de La Aljafería, el 1 de marzo de 2024. / Jaime Galindo
Marcos Calvo Lamana
Zaragoza 11 FEB 2025 5:30
Fue hace justo un año. El campo aragonés se había subido al remolque de los agricultores europeos y llevaba una semana de clamor en las calles a bordo de sus tractores. Marcaban los relojes la medianoche del 13 de febrero cuando se abrieron las puertas de la sede del Departamento de Agricultura aragonés. Allí, el entonces consejero, Ángel Samper (Vox, que fue cesado tras la ruptura del acuerdo de Gobierno y sustituido por Javier Rincón), había concertado una reunión en secreto con cerca de 40 representantes de los sindicatos agrarios y de los autodenominados manifestantes espontáneos.
El objetivo: convencer a la plataforma 6-F de que no era conveniente reventar la tregua acordada por las organizaciones oficiales para la mañana siguiente, cuando los focos de todo el sector primario estarían en Zaragoza con la inauguración de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA), evento estrella de la industria congresual por su impacto internacional y por ser la mayor que acoge la capital aragonesa.
Pese a que en aquellos días hubo vaivenes en el discurso oficial, aquella fue la primera ocasión en la que las organizaciones oficiales, que siempre rechazaron de plano las protestas improvisadas, compartieron mesa con las recién creadas asociaciones, hoy recogidas bajo el paraguas de AEGA (Aragón Es Ganadería y Agricultura) y HEGA (Huesca Es Ganadería y Agricultura).
Vuelven las protestas al campo aragonés: los tractores ya provocan retenciones en las carreteras
Durante varias semanas, la revuelta del campo colapsó carreteras, llegó a paralizar la producción de Stellantis Figueruelas al dejar varados a los autobuses que transportan a los trabajadores del turno de tarde y protagonizaron disturbios en el palacio de La Aljafería mientras lasCortes acogían una sesión plenaria. Para la historia queda la fotografía del tractor cruzando el puente sobre el foso... y los 14 agentes de la Policía Nacional que pasaron por el hospital. Los hechos, que terminaron con cuatro agricultores detenidos, continúan bajo investigación en un juzgado zaragozano.
El caldo de cultivo contaba con un ingrediente que prendió la mecha de las protestas: una prolongada sequía que mermó cerca de la mitad de la producción agraria de Aragón en el año 2023, a lo que se sumaron las duras condiciones que exige el seguro agrario y la entonces reciente aprobación del tratado de comercio entre Bruselas y Mercosur, que facilita la importación de productos desde el norte de África.
«Nos reunimos con estas organizaciones antes de la protesta que convocaron el 10 de diciembre. Les dijimos que hay que pactar una agenda reivindicativa, trabajar con unidad de acción, llegar a acuerdos sobre qué necesitamos con mayor urgencia, pero han convocado ahora una nueva protesta... En su derecho están», explica José María Alcubierre, secretario general de UAGA, que como Asaja, Araga y UPA, no respalda estas manifestaciones.
Agricultura reúne en secreto a las organizaciones agrarias y a los "espontáneos"
¿Qué ha cambiado desde entonces? «Desde el pasado febrero hemos trabajado por las ayudas a la sequía o las agroalimentarias o para frenar la enfermedad de la lengua azul», señala Alcubierre. «Poca cosa», critican los espontáneos. Pese a todo, la verdadera batalla del campo aragonés está en la redacción del próximo plan nacional de la Política Agraria Común (PAC). La planificación actual se selló en 2022 y está vigente hasta 2027 y dejó profundamente insatisfecho al sector aragonés, sobre todo porque no recoge incentivos suficientes para el modelo de pequeñas explotaciones familiares que han configurado la historia agraria de la comunidad, lo que provoca una destrucción media de 200 autónomos de este tipo al año.
Para frenar esta sangría impulsó el cuatripartito presidido por Javier Lambán una ley de Agricultura Familiar que el Gobierno de Azcón va a modificar. Es una de las misiones que tiene por delante el consejero Javier Rincón, que deberá también lidiar con la reforma de la PAC, las nuevas protestas de los agricultores espontáneos y el furor de los fondos de inversión por el suelo aragonés.
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