Desde Asaja aseguran que en este nuevo plan «se prohíben o limitan prácticas tradicionales que históricamente han contribuido a la estabilidad del ecosistema» La Sierra de la Sagra de Granada será declarada Parque Natural de Andalucía en el primer trimestre de 2026, como anunció el pasado mes de agosto la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente Catalina García. Sin embargo, esta decisión sigue generando un gran rechazo por parte de los agricultores, ganaderos y propietarios forestales de la provincia. Este martes la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Granada (ASAJA) ha presentado una serie alegaciones al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de la Sagra, promovido por la Junta de Andalucía, en las que exige la desestimación de su declaración como Parque Natural o una revisión profunda de la misma «que garantice la sostenibilidad social y económica del territorio». «Desde los inicios del proyecto en 2021, nos hemos manifestado en contra, dado que no aporta mejoras significativas a un territorio ya protegido como Zona de Especial Conservación (ZEC) y Red Natura, sino que impone duras restricciones a la actividad agrícola y ganadera y no cuenta con el consenso social», sostienen desde Asaja Granada. Desde la asociación aseguran que «compartimos plenamente los objetivos de conservación del medio natural, pero consideramos que el texto sometido a información pública impone un marco de restricciones excesivo y desproporcionado sobre la actividad agroganadera, que constituye la base económica, social y cultural de la comarca de Huéscar y La Puebla de Don Fadrique». Otorga mayor flexibilidad usos turísticos Desde la asociación recuerdan que el espacio que se prevé proteger cuenta con unas 46.000 hectáreas, de las cuales el 75 % están en manos de propietarios privados y disponen de un nivel de protección ambiental elevado y suficiente, al estar ya protegidas como ZEC y Red Natura. Por lo tanto, la conversión en Parque Natural «no aportaría mejoras sustanciales en materia de conservación, pero sí supondría una carga añadida de limitaciones administrativas y restricciones de uso que comprometerían la continuidad de la actividad agraria y ganadera, así como el mantenimiento de la población en el territorio». Además, desde Asaja denuncian que este plan incurre en «claras contradicciones internas», en tanto «proclama objetivos de sostenibilidad, cohesión territorial y conservación del paisaje mientras impone normas que comprometen directamente la continuidad del modo de vida rural» y «otorga mayor flexibilidad a usos turísticos que pueden generar una presión ambiental considerable, mientras se endurecen las condiciones de desarrollo agrario». En este documento también «se prohíben o limitan prácticas tradicionales que históricamente han contribuido a la estabilidad del ecosistema, como la ganadería extensiva, las quemas controladas o el mantenimiento de bancales, sin ofrecer alternativas de manejo que permitan mantener el equilibrio ecológico y cultural del entorno». Por lo tanto, desde Asaja defienden un modelo de conservación que tenga en cuenta a las personas, que genere riqueza, que permita fijar población y que se base en la gestión activa y no en la restricción.