Las empresas familiares y agroalimentarias ponen deberes a los candidatos para salvar el medio rural de Castilla y León

11/02/2026
En: efe.com
Digital
Las empresas familiares de Castilla y León, en su mayor parte vinculadas al sector agroalimentario, han lanazado este martes una «llamada de socorro» para evitar que, en el plazo de diez años, desaparezcan los municipios debido a la falta de incentivos y rentabilidad de las empresas situadas en el medio rural. La población «únicamente se atrae con puestos de trabajo», ha recordado el presidente de la Empresa Familiar de Castilla y León (EFCYL), Ididoro J. Alanis, quien ha pedido a los partidos políticos que incluyan ese sentir y sus demandas dentro del programa con que se presentarán, el 15 de marzo, a las elecciones autonómicas. Riesgo de desaparición «Nosotros no entramos en campañas políticas, solo queremos poner en conocimiento el drama de las empresas familiares en el mundo rural y agroalimentario de Castilla y León», ha insistido Alanis durante una rueda de prensa compartida en Valladolid con el presidente de la Asociación de la Industria Alimentaria (Vitartis), Santiago Miguel. Ambos han presentado un documento con cien medidas para reactivar el sector productivo en el medio rural de Castilla y León, ya en manos del presidente de la Junta y candidato del PP a la presidencia, Alfonso Fernández Mañueco, y que en las próximas horas pondrán a disposición de todos los grupo con representación parlamentaria. Entre otras propuestas el documento ('Medidas urgentes para incentivar la actividad empresarial en el mundo rural de Castilla y León') propone «un planteamiento más agresivo» para el desarrollo de polígonos y núcleos industriales en municipios con una población de entre 1.500 y 1.000 habitantes. Más polígonos, más grandes Alanis ha matizado este planteamiento no sólo en más metros cuadrados de superficie con una inversión decidida por parte de la Junta de Castilla y León, sino también en la necesidad de dar una «vuelta radical» al procedimiento administrativo (normativa urbanística) de los medianos y pequeños municipios para agilizar la llegada de empresas. En la actualidad, ha puesto como ejemplo, un municipio necesita entre seis y ocho años, con documentación y gestiones ante diecisiete instituciones o instancias, para culminar el cambio urbanístico necesario para la llegada y ampliación de suelo industrial, así como para el asentamiento de negocios y construcción de viviendas para los trabajadores. Dos años, como máximo, es el plazo que el presidente de EFCYL ha estimado para todo este procedimiento que, por otra parte, requiere de asesoramiento a los municipios que no tenga personal especializado en este tipo de gestiones. De esta manera «se puede atraer población y los servicios públicos necesarios, y eso sólo se consigue con la creación de puestos de trabajo», ha insistido Alanis ante de recalcar cómo en caso contrario «muchas empresas van a desaparecer, también los puestos de trabajo y con ellos los municipios de 1.000-1.500 habitantes e incluso las comarcas». «Hay que revertir la situación, es una llamada de socorro de las empresas del mundo rural» en una comunidad autónoma que «es la región más extensa de Europa, con el mayor número de municipios de España, el 98 por ciento de ellos con menos de 1.500 habitantes», datos que suponen «un condicionante para la supervivencia» de las pequeñas y medianas empresas. Más poder, más confianza Por su parte, el presidente de Vitartis, Santiago Miguel, ha abundado en la necesaria «simplificación administrativa» basada en la confianza y responsabilidad de los empresarios, así como en una política fiscal que bonifique el cien por cien de los actos de transmisión u otros actos jurídicos ligados a la actividad comercial y a la vivienda. «Hay que dar más poder a la iniciativa privada», ha resumido antes de reclamar más seguridad jurídica, la mejora de las competencias municipales y más incentivos para el asentamiento de actividades comerciales en el medio rural. Ha recordado, en este sentido, que el 45 por ciento de las pymes de Castilla y León se encuentran en el medio rural, en pueblos de menos de 3.000 habitantes y que generan el 35 por ciento del empleo, además de «una importante cifra de negocio». EFE
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