Numerosos colectivos se están movilizando por distintos puntos de Andalucía en defensa del río Guadalquivir, avalados por la Plataforma SOS Guadalquivir. Desde las distintas ARBAs andaluzas apoyan estas movilizaciones y animan a participar en ellas. La próxima, convocada por la Plataforma Ciudadana de Chipiona, se celebrará el día 20 de julio, bajo el lema 'Salvemos el Guadalquivir', a la 11.00 horas en la Plaza de las Américas de Chipiona (Cádiz). Desde los grupos ecologistas (ARBA Aguzadera, ARBA Almedinilla, ARBA Cádiz, ARBA Carmona, ARBA Chipiona, ARBA Córdoba, ARBA El Bosque, ARBA Málaga, ARBA Montoro, ARBA Sevilla, ARBA Torremolinos...) quieren dejar claro que nuestros ríos se encuentran en una situación de emergencia ambiental. La falta de dinámica fluvial, la deficiente calidad y depuración de las aguas, las extracciones abusivas, la alteración de cauces y riberas, la proliferación de especies exóticas y los vertidos de lodos tóxicos y metales pesados provenientes de distintas industrias, entre otras causas, son identificados como los principales problemas que padecen la mayor parte de los ríos andaluces. Campaña contra las toallitas en el wáter A pesar de las obligaciones que imponen las legislaciones europeas, estatales y autonómicas, nuestros ríos agonizan en imágenes impropias de sociedades del siglo XXI: Riberas ocupadas y trasformadas, cauces sin caudales ecológicos, aguas colmatadas de residuos, toallitas, espumas o aguas residuales mal tratadas, es lo habitual y frecuente en los cursos de los ríos andaluces. La ineficiente depuración de las aguas de las urbes urbanas y los vertidos que se pretenden hacer proveniente de las minas de Aznarcóllar y Gerena, convertirán a nuestro principal río en una cloaca a cielo abierto. El Gobierno regional ignora sistemáticamente su obligación legal de adaptar sus depuradoras al cumplimiento del objetivo del buen estado de las masas de aguas receptoras, es más, numerosos ayuntamientos carecen de sistemas de depuración o bien éstos son también insuficientes. Por si esto fuera poco, la contaminación difusa de la agricultura es corresponsable de las altas concentraciones de nutrientes en muchos de los cursos fluviales. Los ríos de la cuenca del Guadalquivir, y de Andalucía en general, siguen careciendo de un auténtico régimen de caudales mínimos ecológicos que cumpla con su objetivo de garantizar la funcionalidad y estructura de los ecosistemas fluviales. Los caudales ecológicos fijados por ley, son insuficientes para reproducir los procesos ecológicos naturales de un río. A todo esto, hay que añadir la dejación de funciones de las distintas confederaciones hidrográficas con respecto a su obligación legal de dar trámite a la eliminación de barreras sin uso y obsoletas que impiden la continuidad fluvial, limitando y propiciando el exterminio de los peces autóctonos que necesitan realizar emigraciones para poder hacer sus frezas aguas arribas. Todas estas situaciones son impedimentos para asegurar plenamente el derecho humano al agua. La protección de las aguas superficiales y subterráneas y sus ecosistemas asociados son acciones esenciales para garantizar la disponibilidad de agua en la cantidad y calidad suficientes para las generaciones actuales y futuras, especialmente en escenarios de cambio climático. En definitiva, resulta inaceptable la inhibición de las administraciones que deberían asegurar su conservación: La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), al igual que la Agencia Andaluza del Agua (Red Hidrosur) son responsable de la protección del dominio público hidráulico y de garantizar el buen estado de las aguas. El gobierno regional de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (actualmente Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural) "es el responsables de la gestión los espacios protegidos y de los recursos hídricos empleados en la política agrícola", y "los ayuntamientos son responsables de la gestión y depuración de las aguas residuales". Estas administraciones siguen sin comprender el valor de los ecosistemas fluviales y las oportunidades y beneficios sociales, económicos y recreativos que podrían ofrecer a las localidades ribereñas. Disfrutar de ríos en buen estado es un derecho ciudadano que exigimos a las administraciones competentes. "Aún estamos a tiempo de conseguir que los ríos de la cuenca del Guadalquivir sean ríos vivos con agua para la vida, recuperando sus funciones ambientales, culturales y sociales".