La UE dio el primer paso para rebajar la protección del animal. Hace meses, Asturias, Galicia, Castilla y León y Cantabria reabrieron el frente contra el Ministerio al considerar que la población del animal se mantiene estable La UE dio ayer el primer paso para rebajar la protección del lobo. Lo hizo con el voto en contra de España e Irlanda. En los últimos meses, la tensión entre el Gobierno y las cuatro comunidades del Noroeste a cuenta de la protección del lobo fue en un constante crescendo . Desde que a inicios de 2021 el Ministerio de Transición Ecológica lo incluyera en el Listado de Especies en Régimen de Especial Protección (Lespre), que supone en la práctica la prohibición de su caza, Asturias, Galicia, Castilla y León y Cantabria abanderan una lucha en nombre de sus ganaderos que cuenta con el apoyo del colectivo de cazadores y que ha llegado a la Unión Europea. Las denominadas comunidades loberas exhiben ahora datos sobre la población de la especie para reclamar a Madrid que adapte el nivel de protección "a la realidad de cada territorio". El lobo siempre estuvo protegido al sur del Duero, pero seguía siendo especie cinegética al norte del río. Hasta que aquel 4 de febrero de 2021 la Comisión Estatal de Patrimonio Natural asumía una vieja demanda de organizaciones como la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo (Ascel), después de una doble votación tras un empate técnico y acaloradas intervenciones de los representantes territoriales contrarios a la iniciativa. Ascel porfió también para evitar un resquicio legal en el BOE que autorizaba "planes de control". Desde septiembre de ese año la protección es total. Las cuatro comunidades afectadas concentran el 95% de la población del lobo ibérico. Y los datos "se mantienen estables", al menos en Galicia, lo que permite concluir a la Xunta que "el estado de conservación de la especie no es desfavorable". "Galicia espera que el Gobierno central rectifique" la inclusión en el Lespre. Así lo afirmó la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, tras reunirse la semana pasada en Santiago con representantes de las otras tres comunidades loberas, que también exhibieron sus censos para incentivar sus protestas ante las instancias europeas. Los cuatro territorios -tres de ellos gobernados por el PP y uno por el PSOE- presentarán próximamente un informe sobre el estado actual de la especie en cada uno de sus ámbitos geográficos, con el objetivo de que el Gobierno de España traslade a la Comisión Europea "datos reales" sobre la población del lobo al norte del Duero. En Galicia, según Vázquez, el censo de la Xunta de 2022 reflejaba una población estable, con 93 manadas -tres más que en 2013-, y una presencia general en el 91% del territorio. En el encuentro de trabajo se expuso que en Asturias supera las 45 manadas y en Cantabria son 20, mientras que Castilla y León está previsto que concluya la elaboración de su censo en los próximos meses. La defensa de los intereses de esas comunidades en Bruselas ya se intentó como propuesta a la Comisión Europea en diciembre de 2023 y el pasado abril a través del Comité europeo de las Regiones, donde sus representantes se pronunciaron para reclamar el cambio de estatus de los grandes carnívoros de "estrictamente protegidos" a "protegidos". Tal y como defienden colectivos como Ascel, la protección del lobo emana de la Directiva Hábitats, promovida por la Unión Europea en 1992. En el pasado las instancias comunitarias no simpatizaban especialmente con las demandas de comunidades como las del Noroeste, aunque en septiembre de 2023 la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reabrió las expectativas de los defensores de la caza y las batidas al reconocer que el lobo supone un peligro para el ganado. Ese es el principal argumento de comunidades como Galicia, aunque detrás de su campaña a favor del control de la población también está el colectivo de cazadores, muy activo a escala internacional y con influencia en Bruselas. De hecho, la Real Federación Española de Caza (RFEC) reaccionó a la reunión de esta semana en Santiago de Compostela con una carta a la ministra Teresa Ribera en la que vuelve a la carga con la flexibilización del estatus de protección. Los cazadores se sienten avalados por la Comisión Europea tras las declaraciones de Von der Leyen, por lo que demandan a España una postura más "flexible", "beneficiosa" para la coexistencia entre el lobo y la ganadería. Pero estas demandas chocaron este verano con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en julio falló que ningún Estado miembro puede autorizar la caza de ejemplares de canis lupus porque no se encuentra en un "estado de conservación favorable". El fallo del alto tribunal europeo puntualiza que la caza solo puede autorizarse cuando la población se encuentre en un estado favorable en los ámbitos tanto local como nacional y transfronterizo. Además, los daños graves para la ganadería deben ser imputables al ejemplar de que se trate y justificarse en la inexistencia de una solución alternativa. La orden ministerial que prohíbe la caza deportiva y limita las batidas lleva consigo medidas económicas para compensar a los afectados por los daños provocados por lobos, pero para cobrarla exige el apoyo de las comunidades autónomas. Como Galicia presentó en 2022 un recurso contencioso-administrativo contra la inclusión del lobo en la Lespre, la Xunta perdió ese año 4,3 millones de euros. Ahora, el Gobierno gallego reclama 12 millones de fondos estatales que le corresponderían en el período 2022-2024. Ángeles Vázquez exige además otras medidas de apoyo al sector ganadero, con ayudas tanto para paliar las consecuencias de los ataques al ganado -circunstancia que los conservacionistas de Ascel minimizan- como para implantar medidas preventivas. La conselleira de la Xunta lamentó la "dejadez" del Ejecutivo español y la contrastó con el compromiso del Gobierno gallego para "garantizar el equilibrio y la convivencia entre la actividad ganadera y la protección del lobo". Según sus datos, Galicia destinó entre 2016 e 2023 casi 8,4 millones de euros a prevenir y paliar los ataques de esta especie, y en el presente 2024 convocó distintas líneas de ayudas por más de 2,5 millones de euros La UE dio ayer el primer paso para rebajar la protección del lobo. Lo hizo con el voto en contra de España e Irlanda. En los últimos meses, la tensión entre el Gobierno y las cuatro comunidades del Noroeste a cuenta de la protección del lobo fue en un constante crescendo . Desde que a inicios de 2021 el Ministerio de Transición Ecológica lo incluyera en el Listado de Especies en Régimen de Especial Protección (Lespre), que supone en la práctica la prohibición de su caza, Asturias, Galicia, Castilla y León y Cantabria abanderan una lucha en nombre de sus ganaderos que cuenta con el apoyo del colectivo de cazadores y que ha llegado a la Unión Europea. Las denominadas comunidades loberas exhiben ahora datos sobre la población de la especie para reclamar a Madrid que adapte el nivel de protección "a la realidad de cada territorio".