La Unió Llauradora ha presentado a la Conselleria de Agricultura una propuesta para establecer con carácter urgente una ayuda extraordinaria directa de 1.000 euros por explotación más 300 euros por hectárea , con un máximo de 6.000 euros por beneficiario , destinada a los viticultores profesionales de la Comunitat Valenciana La petición se produce ante el mal inicio de la actual campaña vitícola, en la que las primeras ofertas de compra para los productores se sitúan en algunos casos por debajo de los precios de la campaña pasada. LA UNIÓ advierte de que una nueva campaña con precios insuficientes agravaría la delicada situación económica que arrastran las explotaciones como consecuencia del incremento de los costes de producción, la volatilidad de los mercados y la sucesión de adversidades climáticas de los últimos años. El problema no es coyuntural. Según los últimos datos oficiales del Registro Vitícola publicados por el Ministerio de Agricultura , la Comunitat Valenciana ha pasado de 60.031 hectáreas de viñedo en 2015 a 55.019 hectáreas en 2025, lo que supone la desaparición de 5.012 hectáreas en apenas una década, un de la superficie. Esta evolución constituye, para LA UNIÓ , una señal clara de las dificultades que atraviesa el sector. La desaparición progresiva del viñedo no supone únicamente perder producción agraria, sino que reduce la masa crítica necesaria para mantener cooperativas y bodegas, destruye actividad económica y empleo en las comarcas productoras y dificulta todavía más el relevo generacional. Además, el abandono de viñedos tiene consecuencias territoriales y ambientales especialmente importantes en numerosas zonas del interior valenciano, donde mantener la actividad agraria contribuye a fijar población, conservar el paisaje, proteger el suelo y disponer de un territorio cultivado y gestionado frente al riesgo de incendios. Recuerda que ya solicitó por escrito a la Conselleria de Agricultura en diciembre del pasado año una ayuda extraordinaria para el sector vitícola valenciano ante la pérdida de rentabilidad y el creciente riesgo de abandono de las explotaciones. La organización considera que ahora existe además un precedente que demuestra que las comunidades autónomas disponen de margen para actuar. El Gobierno de La Rioja ha aprobado recientemente una ayuda excepcional destinada al mantenimiento de la actividad agraria profesional, mediante un sistema de concesión directa y con fondos propios. LA UNIÓ no plantea trasladar automáticamente el modelo riojano a la Comunitat Valenciana , sino utilizar ese precedente para diseñar una respuesta propia adaptada a la realidad de nuestro sector vitícola. "Si La Rioja, puede apoyar con fondos propios a sus profesionales agrarios, no entendemos por qué la Generalitat no puede hacer lo mismo con nuestros viticultores. Hace meses que advertimos del problema y ahora existe además un precedente reciente que demuestra que hay instrumentos para actuar" , señala Luis Javier Navarro , vicesecretario general de LA UNIÓ , quien dice que "la Conselleria todavía está a tiempo de dar una respuesta al sector y actuar con rapidez ante las perspectivas de la actual campaña" . La propuesta concreta de LA UNIÓ consiste en establecer una ayuda formada por una cantidad básica de 1.000 euros por explotación , destinada a compensar parte de los costes estructurales inherentes al mantenimiento de una explotación profesional, más 300 euros por cada hectárea de viñedo, hasta alcanzar un máximo conjunto de 6.000 euros por beneficiario . La organización reclama que la línea cuente con crédito suficiente para atender a todos los viticultores que cumplan los requisitos, evitando prorrateos que reduzcan las cantidades previstas o que profesionales que reúnan las condiciones queden fuera simplemente por agotamiento presupuestario. Defiende además que los recursos se concentren en los viticultores profesionales, quienes ejercen efectivamente la actividad agraria, gestionan directamente sus explotaciones, asumen el riesgo empresarial y dependen económicamente de su continuidad. Así, propone vincular la condición de beneficiario a criterios objetivos de profesionalidad, ser titular de una explotación prioritaria o estar de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social por el ejercicio de la actividad agraria. "No queremos ayudas para abandonar viñedos, sino para que quienes viven de cultivarlos puedan continuar haciéndolo. Los recursos públicos deben dirigirse prioritariamente a los agricultores profesionales que están todos los días al frente de sus explotaciones y que son quienes mantienen vivo el sector y nuestros pueblos" , indica Navarro. Plantea también una mejora de la Ley de la Cadena Alimentaria que no funciona y que la tramitación de estas ayudas sea lo más sencilla posible y que la Administración utilice la información de la que ya dispone a través de la Solicitud Única de la PAC , el Registro Vitícola y resto de registros administrativos, evitando solicitar nuevamente documentación que ya obra en poder de la Generalitat. La ayuda debería ser además compatible con las ayudas de la PAC , las medidas de la Intervención Sectorial Vitivinícola y otras líneas que tengan una finalidad diferente o complementaria, dentro de los límites establecidos por la normativa europea. LA UNIÓ considera que el sector vitícola valenciano necesita una respuesta inmediata y no únicamente medidas a medio o largo plazo. "Podemos debatir sobre promoción, reestructuración, comercialización o nuevas estrategias para el sector, pero el primer requisito para poder hacer todo eso es que continúen existiendo viticultores. Si producir uva no permite cubrir los costes y obtener una renta digna, cada vez habrá más agricultores que se planteen dejarlo" , concluye Navarro.