La protesta de los viticultores resuena en Castilla-La Mancha: los precios de la uva se han hundido, regresando a niveles de los años 80, y se puede generalizar el abandono de un viñedo que está produciendo a pérdida. Parte de los reproches recaen en el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, del PSOE.
La Unión de Pequeños Agricultores habla de una caída del 20% con relación a 2017, cuando la producción fue más baja -hecho que aducen los grandes grupos para indicar que la caída se debe a la ley de la oferta y la demanda-, y otra organización agraria, la Unión de Uniones, habla de "un 14% o aún mayor para determinadas variedades".
Esteban Saavedra Martínez, viticultor de Valdepeñas citado por la cadena SER-La Mancha, afirma que son precios "de hace 30 años, son precios que se pagaban en 1989" y que con estos precios de la uva están acabando con muchos viticultores, añadiendo: "No tenemos relevo generacional".
Uno de los sindicatos agrarios, ASAJA, ve indicios de cártel de precios. Las tablillas de precio de uvas hechas públicas por dos importantes empresas del sector del vino son prácticamente iguales, por lo que denuncia un "pacto ilegal de precios que atenta contra la libre competencia".
Publicados los primeros precios por parte de las mayores bodegas de la región, la Unión de Uniones "considera injustificada la bajada", y precisa que llega a esa conclusión "dada la situación de estabilidad del mercado, el moderado nivel de existencias y las previsiones de cosecha media".
Añade que, salvo para airén y tempranillo, la caída supera con mucho el 14%, y "los precios quedarían, para el grueso de la producción de la región, por debajo de los costes de producción, que se moverían según las estimaciones de Unión de Uniones entre los 0,023 y los 0,027 /kilogrado, colocando a los viticultores en situación de pérdidas en esta campaña".
Es decir: un kilo de uva con 13º de alcohol potencial se pagaría entre 30 y 35 céntimos, y eso es efectivamente lo que se pagaba a finales de los años 80. Los costes, naturalmente, se han multiplicado desde entonces.
La crítica a Martínez Arroyo es palmaria: "Unión de Uniones se pregunta para que sirve que el consejero de Agricultura se vanaglorie cada año de los records de exportación de vino que la región bate cada año y de los millones de subvenciones públicas que concede a la industria vinícola para comercialización y promoción, si finalmente los beneficios del mercado no repercuten a los viticultores de la región. La organización pide a la Consejería de Agricultura que no conceda subvenciones a aquellas industrias privadas que no se comprometan a un reparto equilibrado del valor añadido generado en la cadena del sector vitivinícola y a unos precios dignos para los productores".
"Ni un euro de subvenciones públicas para aquellas industrias que arruinan a los viticultores de la región", han expresado desde la organización, desde la que optarían por que se destinaran esos fondos a financiar mejor las iniciativas de las cooperativas y del pequeño tejido empresarial.