Las deficiencias son de las campañas 2013 y 2014 y se han detectado tras una investigación abierta por la Unión Europea en 2015 Extremadura debe devolver 623.000 euros a Bruselas . El motivo es que la Junta no realizó controles ganaderos adecuados en los años 2013 y 2014 respecto a la identificación y notificación de compraventa de ganado vacuno. Ni los ganaderos comunicaron en plazo a la Administración esas operaciones ni el Gobierno regional, entonces presidido por José Antonio Monago , impuso a los ganaderos las sanciones correspondientes, según la UE. Esto implica que ahora la Consejería de Medio Ambiente y Rural tenga que devolver 623.271,68 euros. Esta cantidad saldrá de fondos propios de la Junta, no del bolsillo de los ganaderos que no notificaron bien a la Junta esas identificaciones.
La Junta de Extremadura tiene que abonar ese dinero a Bruselas porque, al final, los controles administrativos del ganado tienen implicación directa en el derecho al cobro de ayudas de la PAC. En este caso, están sujetas a la llamada condicionalidad. Son una serie de obligaciones que hay que respetar para que no se reduzcan los importes de determinadas ayudas comunitarias del sector agrario . Tienen relación con el medio ambiente, las buenas condiciones agrícolas de la tierra, la salud pública, la sanidad vegetal y la sanidad y el bienestar animal.
Técnicos de la UE vinieron a Extremadura en 2015 y realizaron una inspección para determinar si esa condicionalidad se ajustaba a la normativa respecto a los controles en el vacuno. Determinaron que no había sido así durante los dos años anteriores y e iniciaron el proceso para obligar a la Junta devolver una parte de ayudas de fondos europeos.
El pasado viernes, en Consejo de Ministros, se anunció por parte del Gobierno de Pedro Sánchez que se había producido un acuerdo entre el Gobierno extremeño y Bruselas para rebajar a casi la mitad lo que debe pagar la Administración extremeña.
Plazos superados
Funcionarios de Bruselas detectaron deficiencias en «controles fundamentales» en relación con los años de solicitud de ayudas de 2013 y 2014. Sus conclusiones son que el Gobierno autonómico no realizó una «correcta aplicación de las sanciones y exclusiones administrativas». Esto es, que la Consejería de Agricultura no sancionó y/o anuló expedientes de ayudas vinculadas a la condicionalidad en el vacuno.
De forma concreta, detectaron un retraso en la comunicación a la base de datos de la Administración «de hechos relativos a animales», como sacar una guía ganadera y confirmarla en el tiempo estipulado, «cuya notificación se efectuó con retraso a lo largo del año de solicitud».
Bruselas concluye que hubo retraso en la comunicación de guías ganaderas
Se sobrepasó el plazo especificado para comunicar la información pero la Junta entonces no consideró que se había producido incumplimiento «en el marco de la condicionalidad», explica a HOY la Consejería de Medio Ambiente y Rural.
Por estos errores administrativos la Unión Europea planteó inicialmente que la Junta debía devolver algo más de un millón de euros, exactamente, 1.096 200,62 euros. Sin embargo, la Junta acudió al Servicio de Producción Agraria, órgano de conciliación para intentar rebajar devoluciones o sanciones.
La Consejería que dirige Begoña García Bernal justificó allí que el impacto de los fallos de control en el vacuno eran menor que los señalados inicialmente por la UE. Por ese motivo la región ha conseguido una reducción de lo que hay que ingresar en las arcas comunitarias.