El ministro de Agricultura, Luis Planas, nada más cerrar el acuerdo sobre la nueva PAC (Política Agraria Común)2021-2027 el pasado 28 de junio, deslizó un deseo: «Si hemos sido capaces de hacerlo a nivel europeo, espero y deseo que seamos capaces de hacerlo en España». Planas se refería al final feliz a tres años de interminables negociaciones, entre los 27 países miembro de la Unión Europea (UE). Ahora le toca el turno a cada socio europeo de elaborar un Plan Estratégico, para la aplicación de la PAC en los próximos seis años y remitirlo a Bruselas antes del 31 de diciembre. El calendario aprieta y, en el caso de España, hoy tendrá lugar una importante reunión técnica convocada por el secretario general del Ministerio de Agricultura con la asistencia de los directores generales del resto de las comunidades autónomas. El objetivo no es otro que preparar el terreno para el próximo consejo sectorial de Agricultura, que probablemente se celebrará la siguiente semana, según ha apuntado Planas en alguna ocasión. En juego, el reparto de un goloso pastel de 47.724 millones de euros hasta 2027, entre unos 695.000 agricultores y ganaderos españoles. Entre los temas más complejos de acordar con las 17 comunidades autónomas la definición 'de agricultor activo' -por ejemplo, la inclusión o no de los agricultores a tiempo parcial-, la gestión de los Ecoesquemas (voluntarios) a los que se destinará el 25% de los pagos directos para fomentar las prácticas verdes; el límite a las ayudas directas (fijado en un máximo de 100.000 euros anuales por explotación), la aplicación de la condicionalidad laboral que Planas ha declarado en varias ocasiones que no supondrá mayor carga burocrática. Pero, sobre todo, el proceso de convergencia en las ayudas dentro de una misma región, que deberá alcanzar el 85% en 2026. Todo ello acompañado con una reducción drástica del número de regiones de pago, a petición de Bruselas. En la actualidad España cuenta con 50 regiones, siendo el país de la UE con mayor cantidad de ellas . Por su parte, este fin de semana, Agropopular (Cope) filtraba un borrador en el que se pone cifras a algunos de los debates más enconados de la PAC: por ejemplo, se fija una reducción progresiva de las ayudas a partir de los 60.000 euros y, en paralelo, se amplía a 200.000 euros la subvención máxima a recibir descontando los costes laborales. De igual modo, siempre según este documento, las regiones de pago se reducirían hasta un máximo de 20 diferenciando las superficies de pastos permanente de los cultivos de secano o los herbáceos de regadío. Las Islas Baleares constituirían una región propia, y las ayudas básicas tendrían como referente los derechos de pago individuales al finalizar las campañas de 2022. Sobre el documento de trabajo de Agricultura las posiciones son diversas: autonomías como Madrid se muestran muy críticas y no ven elementos suficientes para poder evaluar: «No se ha aportado ningún informe de impacto», destacan desde la Consejería de Medio Ambiente madrileña que pide más concreción. En este sentido, muestran su preocupación por que «se destine el 48% de los pagos a la Ayuda Básica a la Renta» o las ayudas asociadas a la producción dirigidas a sectores como el vacuno, cuyos importes piden que se incrementen, así como que las ayudas se dirijan a profesionales. «Parece una PAC diseñada por Teresa Rivera en vez de por el ministro Planas» , resumen desde esta comunidad autónoma . En una línea intermedia, Castilla y León (PP), reconoce que se trata de «un documento de principios, general, al que le falta algunos detalles» y mencionan temas específicos como la definición de agricultor activo para lo que apuestan por un «modelo profesional». Además de mostrar su preocupación, por la posible aparición de desequilibrios territoriales debido a la simplificación en el número de regiones de pago y de pedir que se mantengan «más o menos igual» las ayudas concretando los umbrales o límites. Sobre aquellas orientadas a sectores en dificultades piden que se tenga en cuenta la ganadería extensiva. «Todavía quedan muchas cosas por definir» , avisan sobre un calendario ajustado. Más optimismo se respira en otras autonomías: el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez (PSOE), apuntó esta semana que «ve factible» alcanzar un acuerdo para el Plan Estratégico y mostró «su total predisposición». Martínez también destacó el apoyo que va recibir el olivar tradicional dentro la nueva PAC (que algunos cifran en unos 30 millones de euros), y añadió «que nadie se va quedar atrás» a la hora de percibir las ayudas.