España perdió más de once mil explotaciones agrarias al año entre 2007 y 2014, un periodo el que la población rural y el empleo agrícola continuaron disminuyendo de forma considerable pese a las ayudas distribuidas desde la Unión Europea a través de la Política Agrícola Común (PAC).
Así figura en un trabajo publicado en la revista 'Nature Ecology and Evolution' realizado por investigadores de la Universidad de Oviedo, que han evaluado los impactos y resultados de la PAC desde su anterior período de programación hasta la actualidad.
El informe recuerda que la PAC supone el 37,5 por ciento del presupuesto europeo -más de 50.000 millones de euros al año- y afecta directamente a más de la mitad del territorio europeo, a 10 millones de explotaciones agrarias -casi un millón de ellas seguía funcionado en España en 2016, según los últimos datos publicados por el INE- y 22 millones de empleos del sector agrícola.
Los investigadores plantean una serie de pasos para mejorar la legitimidad y los resultados de la PAC desde un punto de vista ambiental como enfocar los pagos hacia objetivos ambientales, promover el apoyo a los sistemas agrarios de alto valor natural, mejorar la flexibilidad de las medidas y la integración de las diferentes políticas que afectan a los objetivos de la PAC.
Se concentran los pagos cada vez en menos manos y en las explotaciones más grandes dejando fuera a las más pequeñas
Desde hace décadas, recuerdan, los pagos se dirigen sobre todo a la superficie agrícola y al número de animales de la explotación o consisten en derechos históricos.
"Hoy en día todavía se reciben pagos por derechos históricos, como en el olivar, que recibe enormes ayudas indistintamente de sus prácticas de manejo. Mucha superficie de este cultivo está perdiendo toneladas de suelo al año", según señalado uno de los autores del trabajo, Alberto Navarro.
Esta circunstancia ha contribuido a concentrar los pagos cada vez en menos manos y en las explotaciones agrarias más grandes dejando fuera a las más pequeñas "y que probablemente más lo necesitan", pese a que, desde la perspectiva de la protección ambiental, este tipo de ayudas son los menos efectivas.
Así, inciden en que los pagos que presentan mejor desempeño son aquellos que están enfocados a objetivos concretos y desacoplados de la producción y en que las explotaciones con mejor desempeño ambiental y que presentan mayor biodiversidad, conocidas en Europa como sistemas agrarios de alto valor natural, pero que pese a ser prioritarias para la PAC, siguen sin identificarse correctamente.
Los autores proponen que estos sistemas sean correctamente identificados y que se les apoye por el valor de conservación que realizan, más allá del actual pago por lucro cesante.
Para Navarro, con los datos disponibles sería posible mejorar la identificación de estos sistemas de forma que las explotaciones que con sus prácticas contribuyan a la conservación de la biodiversidad deberían ser más apoyadas.
En este sentido, señala que el pago por el lucro cesante por realizar sus actividades en áreas con limitaciones naturales es insuficiente para detener el abandono de estos sistemas y aboga por identificar esas explotaciones, valorar su aportación a la conservación y protección ambiental y compensarlas de forma justa.
Además, señalan que para alcanzar los objetivos ambientales de la PAC, así como de otras políticas europeas y los comprometidos por la UE a nivel internacional, es necesaria su integración con diferentes políticas de forma efectiva y cambiar el sistema actual de asesoramiento a las explotaciones, basado en un único asesor, por uno interdisciplinar dada la multitud de objetivos de la PAC.
"No es posible alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible o los comprometidos en acuerdos internacionales de conservación del medio ambiente y la biodiversidad sin una PAC que integre dichos objetivos de forma efectiva", concluye otro de los autores del informe, José Vicente López-Bao.