SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad buscan sentar un precedente que frene la cuestión a nivel nacional «Van a ejercerse acciones para que se aplique la ley». Esta es la advertencia que lanzan SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad, la unión que liderará la macrocausa contra la sustitución de terrenos agrícolas productivos por la instalación de placas solares. El caso de la Campiña Norte de Jaén, donde se especula con el arranque de 100.000 olivos centenarios para levantar parques fotovoltaicos en los municipios de Lopera, Arjona y Marmolejo, ha dado lugar a una potente respuesta de la sociedad civil promovida por SOS Rural -que acumula más de 132.000 firmas en contra y espera tener 300.000 antes de que acabe el año- y que ahora suma el músculo jurídico de Ecología y Libertad. Las plataformas, tal y como han trasladado en un encuentro con medios Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural, y Margarita Fernández, presidenta de la Asociación Ecología y Libertad, han apostado por «una alianza histórica» con el objetivo de frenar el despliegue «desordenado y especulativo» de estas instalaciones fotovoltaicas en el suelo agrícola de toda España. La estrategia jurídica de Ecología y Libertad apuesta por acciones en vía administrativa y judicial no solo sobre los proyectos que aún están en tramitación, sino a los que ya están en funcionamiento. «Las primeras acciones judiciales, basadas en el estudio exhaustivo de los proyectos fotovoltaicos que afectan al término municipal de Lopera, nos van a permitir frenar la tala de olivos centenarios en aquel territorio», apunta Fernández, que señala a un manifiesto fraude de ley cometido por la Junta de Andalucía: «En Lopera en principio hay cuatro proyectos fotovoltaicos, aunque en un radio de 8 kilómetros hay ocho, curiosamente todos están promovidos por la misma empresa (Greenalia) y ninguno alcanza los 49,5 MW de potencia instalada, ya que si fueran de 50 MW o más la competencia del gobierno regional ». Ecología y Acción sostiene que la realidad en el entorno de Lopera es la de un macroproyecto tramitado en fraude de ley por la Junta de Andalucía, que habría autorizado intencionadamente estos planes de forma individual «algo que es totalmente contrario a la ley, ya que se aplican mal las normas» para evitar que las tramitaciones se lleven a través del órgano competente. SOS Rural y Ecología y Acción inciden en que la Junta de Andalucía ha realizado las evaluaciones ambientales de cada uno de los ocho proyectos mencionados de forma separada e individual, cuando a su parecer tendría que ser conjunta. «Se hace así para evitar que sea competencia estatal y para eludir la legislación, es una aplicación manifiesta en fraude de ley», asevera Fernández, que hace referencia al caso de Lopera como base de lo que va a ser una estrategia de escala nacional. Corbalán recalca que esta lucha no es contra la energía renovable, sino contra su implantación irresponsable en tierras fértiles y productivas. «No podemos permitir que nos roben la producción de alimentos (...) El auge de las energías renovables, especialmente de la solar fotovoltaica en España, es una oportunidad estratégica para avanzar en la descarbonización y favorecer la soberanía energética del país siempre que no se base en el desarrollo masivo y desordenado, que genera impactos territoriales, económicos, agrícolas, paisajísticos y sociales que no pueden ser ignorados», indica la portavoz de SOS Rural. En Andalucía, el 69,6 % de las plantas fotovoltaicas y el 90,9 % de las termosolares están sobre suelos agrícolas clasificados como S1 y S2, es decir, de alta capacidad productiva. Las plataformas reclaman el establecimiento de una zonificación vinculante que prohíba la instalación de parques solares convencionales en esos suelos agrícolas de alta productividad y que se prioricen los suelos degradados como alternativa sostenible para estas infraestructuras. «Necesitamos ya una ley, como la que ya tienen países como Italia o Francia, que regule de forma clara y eficaz el uso de los terrenos con altísimo poder productivo para la instalación de plantas fotovoltaicas, que garantice la protección del suelo agrícola, la biodiversidad, el paisaje, la actividad económica agraria y que evite decisiones especulativas con graves consecuencias para el medio rural», concluye Corbalán.