La Ley frente a la Despoblación de CLM asume por primera vez en España el tratamiento fiscal preferente para quienes viven en el medio rural
por Redacción | Mar 21, 2021 | Desarrollo rural , Destacados , Iniciativas de desarrollo
La Red Española de Desarrollo Rural ha entrevistado al consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de CLM, Francisco Martínez Arroyo, sobre la futura Ley frente a la Despoblación de Castilla-La Mancha y el papel de la red RECAMDER y los grupos de acción local LEADER en la región. «La Ley frente a la Despoblación de Castilla-La Mancha incorpora por primera vez en España el tratamiento fiscal preferente para quienes viven en el medio rural», afirma Martínez Arroyo.
Asimismo, recalca que «Hoy, todo el mundo es capaz de reconocer la importancia del medio rural y es consciente de que es un territorio que requiere de un mayor esfuerzo por parte de la Administración; es necesario un esfuerzo de solidaridad por parte de los habitantes de las ciudades respecto a aquellos que viven en los pueblos».
P.- ¿Cómo ha sido el proceso de creación de una Ley para combatir la despoblación tan ambiciosa como la que se va a aprobar en Castilla-La Mancha? ¿Ha habido algún aspecto en concreto más difícil de encajar a nivel legal?
R.- La primera cuestión importante para elaborar la Ley frente a la Despoblación ha sido la Estrategia que seguíamos desde el punto de vista territorial, cómo afrontábamos la distribución territorial regional a través de una Ley que posteriormente iba a tener su impacto, sus efectos en la economía de la zona, de las empresas, de la vida de la gente que está en los pueblos... Quedó claro desde el primer momento que estamos ante una Ley de enfoque territorial y no de enfoque sectorial, una cuestión que hemos perseguido -y yo particularmente como Consejero-. Hay que tener en cuenta que en el medio rural, en nuestro caso, muchas zonas tienen un componente muy relevante de agricultura y de inversión agroalimentaria, mientras que hay otras actividades económicas en zonas en las que esas actividades ni siquiera son preferentes. En segundo lugar, el aspecto más importante de la Ley ha sido el proceso de participación que se ha hecho, también los trabajos que se han realizado por una Comisión que se creó expresamente en las Cortes de Castilla-La Mancha para analizar la cuestión del despoblamiento; con las ideas que surgen de esa Comisión de las Cortes se elabora parte de la Ley y, finalmente, se consigue incorporar -lo que no es fácil- una discriminación positiva desde el punto de vista fiscal, para las personas que viven en el territorio. Opino que este aspecto es el más novedoso, revolucionario y relevante de esta Ley frente a la despoblación.
"UNO DE LOS PUNTOS MÁS IMPORTANTES DE LA LEY FRENTE LA DESPOBLACIÓN ERA ESE TRATAMIENTO FISCAL PREFERENTE PARA LAS PERSONAS QUE VIVEN O EMPRENDEN EN EL MEDIO RURAL"
P.- ¿Cree que el principal éxito de la Ley es su enfoque transversal que, por primera vez, contempla las áreas rurales de una región como una parte troncal de su territorio?
R.- Este aspecto era clave: si hubiéramos hecho una Ley de desarrollo rural «clásica», apoyándonos en los instrumentos del FEADER o en el planteamiento del sector agroalimentario, nos hubiéramos dejado muchas cosas. A la hora de elaborarla, seguimos un poco el patrón de trabajo que se hizo en el año 2007 en la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural a nivel del Estado, incluso incorporando conceptos como la zonificación, para designar qué tipos de zonas se podían tratar de una manera o de otra. En definitiva, se ha hecho un trabajo muy relevante desde el punto de vista del enfoque transversal o territorial de la Ley, y ahora hay que ponerlo en práctica; no sólo cuando se apruebe la Ley, sino que luego hay que desarrollar dos Estrategias que contiene la propia Ley: una enfocada exclusivamente a la despoblación y otra enfocada al desarrollo rural en el conjunto de la Comunidad Autónoma. Estamos ya en ese proceso de elaboración de esas dos Estrategias, que serán la forma de aplicación real de la Ley. Desde el punto de vista transversal, me gustaría destacar las referentes a las garantías de colegios en la zona, de servicios socio-sanitarios, de centros de salud, las distancias y comunicaciones... Se ha hecho un esfuerzo muy grande y quiero destacar que es un avance en la legislación autonómica en Castilla-La Mancha y creo que puede servir de ejemplo en otras zonas.
P.- Las medidas fiscales que incorpora la Ley frente a la Despoblación -una reivindicación tradicional de las asociaciones rurales y la propia sociedad civil- han sido destacadas por muchos expertos como el aspecto más relevante de esta nueva Ley. ¿Cómo se ha logrado compatibilizar este aspecto con las políticas fiscales ya existentes? ¿Cómo ha sido el encaje legal?
R.- Siempre hay una batalla -que es comprensible, por parte de cualquiera que haya trabajado en una administración pública-, entre las Consejerías con gestión y la Consejería de Hacienda, que es la que tiene que dar su visto bueno a estas iniciativas de prioridad fiscal o tratamiento prioritario desde el punto de vista fiscal. Aparte de eso, no ha habido mayor problema, porque nosotros actuaremos -y así lo dice la Ley- sobre los impuestos que están cedidos por el Estado y los impuestos que son propios de la Comunidad Autónoma. El IRPF, en el tramo autonómico y el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es probablemente otro elemento importante donde se puede lograr una reducción de la carga fiscal importante para las personas que vivan o emprendan en el medio rural en zonas con despoblación, que es lo que pretendíamos con la Ley. Considero que este es el elemento más novedoso -para mí el más importante-, el que marca claramente la diferencia respecto a otras medidas legislativas anteriores. Hemos sido valientes, el Gobierno lo ha sido, pero siempre ha contado con el apoyo de los grupos de acción local, de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER), porque se firmó por parte de los grupos LEADER el Manifiesto de Sigüenza, hace dos años (y desde el Gobierno hemos suscrito ese Manifiesto y nos hemos comprometido a llevarlo a cabo); uno de los puntos más importantes, por no decir el más relevante, era precisamente ese tratamiento fiscal preferente para las personas que viven o emprenden en el medio rural.
P.- Hemos conocido también hace poco que los Reglamentos FEDER incluyen por primera vez una «definición jurídica de la despoblación a nivel europeo»; y, en Bruselas, se está discutiendo sobre la posibilidad de que los fondos FEDER reserven un 5% obligatorio para que los Estados miembros lo destinen a la lucha contra la despoblación. ¿Cree que este 5% es suficiente? ¿Elevaría dicha dotación? ¿Reservaría porcentajes de otros Fondos Estructurales a la lucha contra la despoblación?
R.- Estamos en una Comunidad Autónoma muy rural. Las ciudades de tamaño mediano que tenemos tienen un componente muy rural, porque están muy vinculadas a los pueblos de las provincias, a la actividad agraria y agroalimentaria... tenemos un modelo claramente rural en Castilla-La Mancha. Ese 5% es un mínimo a nivel europeo, y a nosotros nos parece bien -si al final llega a buen puerto- pero, en nuestro caso, vamos a estar muy por encima de la inversión del 5% de los fondos FEDER y FEADER en municipios con problemas de despoblación o baja densidad de población. Entre otras cosas, tenemos dos provincias -Cuenca prácticamente entera y la provincia de Guadalajara, salvo el corredor del Henares, además de áreas de Sierra en Ciudad Real, en Albacete o en el oeste de la provincia de Toledo- en las cuales la densidad de población es bajísima, de las más bajas de España y de Europa. Por eso, siempre vamos a superar ese 5% de inversión de FEDER o FEADER.
"HAY MARGEN DE MANIOBRA A NIVEL DEL ESTADO PARA TRABAJAR EN LA CREACIÓN DE UNA LEY FRENTE LA DESPOBLACIÓN A NIVEL NACIONAL"
P.- ¿Está a favor de incluir un enfoque rural o «rural proofing» a todos los Fondos europeos, incluido el reciente fondo de recuperación Next Generation?
R.- Estoy totalmente a favor. Defiendo que también hay que hacer un esfuerzo de solidaridad por parte de los habitantes de las ciudades respecto a aquellos que viven en los pueblos. Y no es una cuestión en el ámbito de Castilla-La Mancha, ni en España ni en Europa, es evidente que la población rural requiere de un esfuerzo mayor, para garantizar esa igualdad en las condiciones de vida, para garantizar esa igualdad de acceso a los servicios socio-sanitarios y educativos como he mencionado anteriormente... Esos son impuestos, y una parte principal de los impuestos, a través de todos estos fondos, debe ir a los municipios rurales. Estimo que, además, es una cuestión fácilmente argumentable al conjunto de los ciudadanos, porque hoy, todo el mundo es capaz de reconocer la importancia del medio rural y de saber ser consciente de que es un territorio que requiere de un mayor esfuerzo por parte de la Administración pública, y para eso se necesitan fondos, no solamente los ordinarios, sino los de Next Generation y el Plan de Recuperación y Resiliencia... e invertir en esos territorios. Nosotros estamos poniendo en marcha, en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, fondos para, por ejemplo, actuar en depuración o en abastecimiento en municipios menores de 5.000 habitantes de manera no sólo preferente sino exclusiva: es decir, los Fondos públicos para la Recuperación y la Resiliencia, en estos ámbitos, van a ir precisamente a esos municipios pequeños, que en Castilla-La Mancha son la mayoría (prácticamente el 90% de nuestros municipios tienen menos de 5.000 habitantes) y un porcentaje, un poco menor, pero muy alto, de menos de 1.000. Hablamos por lo tanto de municipios muy rurales que van a ser objetivo prioritario de los fondos europeos.
P.- Llevamos muchos años luchando por que el medio rural cuente con servicios equiparables a las ciudades. Tras este año, hemos visto un cierto cambio de tendencia social y mediática hacia el medio rural, una mayor sensibilización. ¿Crees que la sociedad está ahora más concienciada que nunca sobre la importancia de las áreas rurales?
R.- Es algo patente que cada vez se entiende mejor que se invierta más en el medio rural. Tenemos que seguir haciendo un esfuerzo de divulgación, didáctico, para explicar por qué es necesario invertir más en estas zonas, aunque no haya «eficiencia económica directa» desde el punto de vista de los recursos. Es necesario desde el sector público invertir en las nuevas tecnologías, llegada de banda ancha, que haya un centro de salud a menos de 20 minutos de cada uno de nuestros ciudadanos, vivan donde vivan. Hoy hay una mayor conciencia sobre esta realidad. También es cierto que, debido a la situación de la pandemia, hemos vuelto a mirar a los pueblos de alguna forma; ahora parece que la gente de la ciudad está deseando salir a los pueblos... Todo ayuda a que el conocimiento sea mayor, pero es necesario seguir insistiendo didácticamente en la necesidad de reservar fondos públicos para esas zonas. Ese es uno de los papeles más importantes que tiene la Administración Pública: si decimos que afrontamos este Reto Demográfico, lo debemos afrontar con todas las consecuencias; eso significa inversión pública e impuestos de la ciudad que, de alguna manera, se transfieren a los pueblos.
P.- ¿Estaría a favor de colaborar en la creación de una Ley frente la despoblación a nivel nacional con un espíritu similar al de Castilla-La Mancha? ¿Cree que es necesaria?
R.- Estaríamos encantados de colaborar, por supuesto, además tenemos una muy buena relación en este momento con la Vicepresidenta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tengo en cuenta además que estas competencias han cogido un impulso en los últimos meses; creemos que es el momento, venimos mucho tiempo esperando una situación como la que tenemos, desde el punto de vista de la relación entre administraciones, y desde la ubicación de las competencias, incluso, ya que nunca había habido una Secretaría General de Reto Demográfico hasta esta Legislatura y, desde luego, nosotros estamos dispuestos a aportar todo nuestro conocimiento. Creo que, además, hay margen de maniobra a nivel del Estado, independientemente de que las CCAA -como en el caso de Castilla-La Mancha-, tengamos nuestra propia Ley frente a la Despoblación, para avanzar en ese Reto Demográfico, esa lucha contra la despoblación que nos implica a todos hoy y que no podemos dejar de lado.
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