Ya es un hecho. La denominada Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular acabó este jueves su trámite parlamentario, después de meses de espera, tira y afloja de grupos de presión, y amenazas de multa de Bruselas a España por no transponer varias directivas sobre el asunto. El Congreso de los Diputados dio luz verde definitiva a la norma, que fija nuevos objetivos de reducción y prohíbe la venta de productos de plástico de un sólo uso, entre otros cambios. El texto, una vez publicado en el BOE, reemplazará la ley de residuos vigente desde 2011. Termina así una larga tramitación de la norma, que ha sobrevivido a la escasez de apoyos en el Senado, donde se tramitaron 579 enmiendas. Ha salido adelante con el apoyo del PSOE, Unidas Podemos, Más País y los grupos vascos y la abstención del PP, pero sin los votos de Vox y de los grupos catalanes, que intentaron negociar en ambas cámaras para que Cataluña mantuviera la plena gestión del impuesto que ya se aplica en esa comunidad y que, alegan, peligra por el nuevo tributo al vertido e incineración que la ley introducirá a nivel estatal en 2023. La nueva norma transpone con retraso las directivas europeas de residuos y de plásticos de un sólo uso, que debían haberse trasladado al marco normativo español en 2020 y en 2021. Impuestos sobre envases de plásticos y a la incineración Entre los principales puntos de la norma figuran, para fomentar la economía circular dos nuevos impuestos, uno sobre los envases de plástico no reutilizables y un impuesto a la incineración, coincineración y al depósito de residuos en vertedero, así como la obligación para las entidades locales en el plazo de tres años de desarrollar una tasa o prestación patrimonial de carácter pública no tributaria, específica, asociada a los servicios de gestión de residuos que prestan. El texto incorpora también la posibilidad de implantar, siempre a partir de finales de 2023 y tras una evaluación previa, el sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR), una reclamación de ONG y de Unidas Podemos y Más País Verdes-Equo. Reducción del 15% La norma incluye objetivos como la reducción del peso de los residuos producidos de un 13% en 2025 y de un 15% en 2025 respecto a los generados en 2010. Desde 2025 también habrá que recoger de manera separada los residuos textiles, aceite de cocina usado, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos a partir de 2025. Destrucción de excedentes El texto prohíbe también la destrucción de excedentes no vendidos de productos no perecederos como textiles, juguetes y aparatos eléctricos, que deberán destinarse preferentemente a reutilización y reciclado.Para reducir el consumo de envases, los establecimientos de hostelería y restauración deberán ofrecer la posibilidad del consumo de agua de grifo gratuita. Además, entre las principales novedades, según destaca el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, figura la consideración de ciertas particularidades en las tasas municipales de residuos, como la participación en compostaje doméstico o comunitario o las situaciones de familias y personas en riesgo de exclusión social. Por otro lado, establece nuevas obligaciones para los productores a la hora de proporcionar información sobre la posibilidad de reparar los productos eléctricos y electrónicos. El texto nace con el rechazo de gran parte de la industria agroalimentaria por "amenazar la competitividad del sector, en tanto que ponen a las empresas españolas en desventaja respecto a sus competidores" del resto de Europa. "La Ley de Residuos y Suelos Contaminados aprobada hoy [por ayer] tendrá un importante impacto en las empresas del sector, alrededor de 2.000 millones de euros, y por tanto en el empleo", afirmó Mauricio García de Quevedo, director general de la patronal alimentaria FIAB. La industra rechaza también el proyecto de real decreto de envases y residuos de envases, que se está tramitando como complemento y en paralelo a la Ley de Residuos. FIAB: cierre de 2.400 empresas Este real decreto tendría un fuerte impacto económico en el sector de alimentación y bebidas, ya que podría provocar el cierre de hasta 2.400 empresas, el 7,1% de toda la industria, y la destrucción de 26.500 empleos en España, según un estudio realizado por Analistas Financieros Internacionales (Afi) junto a FIAB. La futura norma establece, entre otras medidas, la reducción del 50% de botellas de plástico de un solo uso para 2030, así como nuevos objetivos de reutilización. Según Afi, estos objetivos "conllevan un incremento de los costes e inversiones inesperadas para el sector. Las pymes y las compañías ubicadas en el medio rural, serían en general las más afectadas". En concreto, Afi estima en alrededor de 7.050 millones de euros los costes que acarrearía la aplicación de la norma, e indica y que en algunos aspectos "excede las directivas europeas", además de imponer inversiones de 6.270 millones de euros en una década para adaptarse a los nuevos objetivos de reutilización y reducción de plástico.