Las frutas y verduras representan el sector agrario más importante de España, que permite además el desarrollo de la industria y los servicios. Alrededor de la producción y distribución hortofrutícola giran empresas de transporte, reciclaje, tecnología alimentaria, embalaje... y su largo alcance lo han convertido en un sector clave para la recuperación económica del país. A todo ello hay que sumar su contribución a la vertebración territorial, social y económica del mundo rural. Genera un empleo directo estimado en 280.000 trabajadores a los que hay que añadir otros 150.000 en labores de manipulación en origen y otras actividades complementarias, representando ambos más del 50% del empleo agrario nacional. El sector ha sabido mantener su competitividad, con un valor de producción de cerca de 15.200 millones de euros en el año 2020, un 7% más que en 2019 y un 9% por encima de la media de las últimas cinco campañas, según los datos del Ministerio e Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), cifra que representa el 21% del valor total de la UE. De ahí que con frecuencia se defina a España como la huerta de Europa. La superficie dedicada a su producción supera las 800.000 hectáreas, sólo el 5% del área cultivada en España. Aproximadamente el 40% de la producción hortofrutícola se dedica al mercado interior y el 60% restante a la exportación que el año pasado tuvo un crecimiento interanual del 2,6% en volumen y del 7,4% en valor, totalizando 13,4 millones de toneladas y 15.680 millones de euros respectivamente, según datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. El 94% se destinó a la UE y Reino Unido, poniendo en evidencia la trascendencia del mercado europeo. «Fue un año normal en el contexto de los volúmenes exportados y regular en el contexto de los precios», resalta José María Pozancos, director de Fepex, asociación que reúne a los productores del sector. Pozancos no esconde la preocupación que existe en el sector «por el incremento descontrolado de todos los elementos de producción: transporte, gasóleo en las exportaciones, energéticos en las centrales de manipulación, del agua en las instalaciones desaladoras, en los envases...». Y preocupa igualmente el comportamiento de la distribución en los mercados de destino porque «no se ha podido trasladar al mercado el crecimiento de los costes y afecta a la viabilidad de las explotaciones y las empresas». Al mercado no ha llegado ese aumento «por la resistencia de la distribución europea a subir los precios y una demanda del consumo que cada vez se resiente más de la inflación y de los costes», añade. Son momentos de incertidumbre para el sector que representa casi el 60% de la actividad agraria. «Corre el riesgo de griparse como consecuencia de los costes disparados. No hay sector productivo que aguante esto. Y en este caso no se puede parar la fábrica, muchos productos son de producción continua y no admiten almacenamiento. Todo ello genera una fragilidad acentuada», advierte Pozancos. Por eso el sector pide al Gobierno una serie de medidas para poder resistir a las dificultades que se acumulan. «Pedimos un paquete de medidas extraordinarias de reducción de costes, como bonificación del gasóleo, de plásticos y fertilizantes y la contratación de potencias eléctricas acorde a los periodos de producción», indica el responsable de Fepex. Por otro lado, quieren también un paquete de medidas de gestión del mercado como suprimir los límites para la distribución gratuita, que ahora es del 5%, o mejorar las cuantías que se pueden destinar a la alimentación animal. Entre las fortalezas del sector destaca el hecho de que España «es un gran productor durante todo el año y cuenta con una gran diversidad de zonas de producción que permite una gran variedad de productos», indica el director de Fepex. Pero a pesar de contar con algunas ventajas frente a otros países, como es el clima, España se enfrenta al reto de la competitividad, una vez que la globalización del mercado genera competencia con otros mercados. Compiten en precios con países como Marruecos o Túnez y «una de las características del sector es la fuerte volatilidad de los precios, que no se puede corregir, es el juego de la oferta y la demanda la que determina los precios», recuerda Pozancos. En España hay más de 50 centros de investigación de nuevas variedades, de las cuales más de 20 son de frutas y verduras. Las empresas españolas dedicadas a la mejora vegetal invirtieron en 2020 en I+D+i, aproximadamente el 20% de su facturación. El coste medio para poner una nueva variedad vegetal en el mercado es de 1 a 1,5 millones de euros, y se tarda de 10 a 12 años en conseguirlo, según datos de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (Anove). Uno de los aspectos en los que más se está trabajando es en el desarrollo de variedades resistentes a enfermedades y a plagas, así como a las variedades climáticas. Con el esperado aumento de la población el sector debe ser más eficiente cultivando la misma tierra o incluso menos. «Es vital para los próximos años lo que se está haciendo y buscando ahora en el campo de la mejora», afirma Antonio Villaroel, director de Anove.