Sumamente "preocupados" por el riesgo que, aseguran, corren en la actualidad los olivos y viñedos madrileños como consecuencia de la expansión de instalaciones fotovoltaicas -y otras plantas renovables- por toda nuestra geografía, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid anuncian su firme intención de limitar por ley el espacio destinado a tal fin , reduciéndolo a tan solo un cuatro por cierto de la superficie disponible en la región . En suma, unos 321 kilómetros cuadrados sobre un total de 8.032. El plazo estimado para la entrada en vigor de la restricción, en torno a un año y medio.
En palabras del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo , se trata de "muchísimas hectáreas" , más que "suficientes" a fin de llevar a buen puerto los proyectos previstos hasta la fecha. Y todo ello, además, sin "engañar a la industria" , pues se comprometen a "agilizar los trámites" y a dar todo tipo de "facilidades" a aquellas compañías dispuestas a "acudir a los terrenos indicados" por el Ejecutivo. Así lo ha confirmado el titular del ramo durante un encuentro con periodistas celebrado este lunes para concretar esta y otras iniciativas en su hoja de ruta para los próximos meses.
Pese a una tendencia actual al alza en el cultivo de olivo y viña, explica asimismo el titular, "hay varios proyectos que todavía pueden poner en riesgo la producción" . Para evitarlo, "hemos querido proteger estos cultivos , considerando que deben estar al margen de este tipo de explotaciones para no perder en ningún caso terreno fértil cultivable". Una tipología de suelo que "necesitamos" a fin de "mantener -o ampliar si cabe- el mosaico agrícola, ganadero y forestal" vigente. A través de la elaboración de un "Plan de Paisaje" , "nos hemos anticipado" y "hemos identificado los terrenos protegidos" o "con planes de agricultura y conservación de la biodiversidad" . En la práctica, se trata de determinar "cuáles son las zonas dónde sí que vemos viable que se puedan instalar este tipo de energías".
Puesto que "también apoyamos la búsqueda hacia la transición energética" , añadía a renglón seguido, el espacio para la potencial construcción de futuras instalaciones fotovoltaicas superará los 300 kilómetros cuadrados: "Hemos dejado un cuatro por ciento del territorio disponible para que las empresas sepan dónde van a poder instalarse y que no haya ningún problema en la tramitación. Este cuatro por ciento cumple nuestra obligación en cuanto a la transición energética sin perder zonas de cultivo. Especialmente de olivar y viñedo".
Enmarcado en la 'Estrategia de Energía, Clima y Aire' autonómica con vistas a 2030, el primer paso para impulsar la nueva regulación tuvo lugar días atrás, con la elaboración -y posterior publicación a través del portal web de la Comunidad - de un informe pormenorizado en el que se explicitan las "potenciales zonas de implantación de energías renovables" . En paralelo, el estudio recoge la ubicación de "proyectos fotovoltaicos ya autorizados o en tramitación" , incluyendo "líneas de evacuación, subestaciones y demás infraestructuras asociadas". El objetivo no es otro que "contrastarlos" con "los datos de otros usos del territorio, como los agrícolas, ambientales, mineros, culturales y sociales" para optimizar el espacio disponible al tiempo que "no se pierdan zonas de cultivo".
"La política energética europea y española avanza hacia un modelo descarbonizado, con una penetración acelerada de las energías renovables en el mix energético . La Comunidad, con apenas 8.000 kilómetros cuadrados y la mayor densidad de población del país, concentra una intensa actividad económica , una alta demanda energética y un valioso patrimonio ambiental y cultural. La actual urbanización y los condicionantes medioambientales hacen inviable el desarrollo eólico a gran escala, por lo que el despliegue fotovoltaico se convierte en la principal opción para avanzar en la transición energética ", justifica el argumentario publicado al respecto el pasado mes de septiembre.
El anuncio de esta medida viene acompasado a lo que desde la consejería no dudan en tildar de "gran noticia": mientras la extensión de viñedos se mantiene estable, "en la de olivar estamos creciendo por primera vez en nuestra historia reciente . Por primera vez en los últimos 25 o 30 años se están planteando olivos en la Comunidad". Y todo "gracias al impulso de la denominación de origen Aceite de Madrid". En la misma línea, ha ratificado el propio Novillo, la Comunidad iniciará próximamente los trámites para solicitar a Europa idéntica consideración para el "ajo fino de Chinchón, el espárrago y la fresa de Aranjuez y la miel de Madrid".
Modificación de la normativa forestal, explotación maderera y más agentes forestales
Este especial grado de protección para olivos y viñedos se anuncia junto a la pretendida modificación de la actual regulación en materia forestal -Ley 16/1995, de 4 de mayo- . Se trata con ello de "dotar de un marco jurídico y administrativo" adecuado para la "gestión eficaz de los montes". En concreto, el foco se sitúa sobre la "prevención y extinción de incendios". Y es que la futura legislación pretende "clarificar las obligaciones de propietarios y gestores de terrenos forestales" al tiempo que "se garantiza una respuesta más rápida y eficaz frente a emergencias".
El "aliado fundamental" a tal fin, sobre todo a tenor de su papel como "método natural y sostenible para la prevención de incendios, la conservación del paisaje y la lucha contra el abandono rural", no será otro que la ganadería extensiva , sector al que se continuarán brindando "ayudas y subvenciones".
En su conjunto, la estrategia regional engloba también un 'Plan de Impulso al Sector Forestal' bautizado como 'Madrid Forestal'. En la práctica, este aspira a "multiplicar por 20 el aprovechamiento maderero" actual , empleando para ello tanto "montes públicos" como "fincas particulares". O lo que es igual, poner en el mercado hasta 357.333 metros cúbicos de madera frente a los 18.504 de la pasada legislatura. Una actividad que, de cumplirse las previsiones de la Comunidad, traería consigo ingresos superiores a los cuatro millones de euros. Un montante que a los postre se reinvertiría en "seguir mejorando los bosques".
El primer aprovechamiento, ligado al pino silvestre , se llevará a cabo en el monte de utilidad pública 'Gascones' , en la zona norte de la región . En el aparta de beneficios, esta práctica "mantiene los bosques en buen estado", "permite bajar el nivel de combustible, crear cortafuegos y fajas de defensa" y, en último término, "hacer la masa arbórea más adaptable a sequías, grandes lluvias, plagas y enfermedades".
El cuerpo autonómico de Agentes Forestales , cuyas filas se verán engrosadas con 91 nuevos efectivos en el segundo trimestre de 2026 , serán los encargados del "control" de tales actividades. Para la movilización de tales recursos se pondrá en marcha una "unidad técnica específica" en coordinación con los técnicos responsables de la ordenación y gestión de cada monte.