Carla González Miguel Defensora de los derechos humanos En diciembre de 2025, una operación coordinada por las fuerzas de seguridad y la Inspección de Trabajo desarticuló una red criminal que explotaba a 322 extranjeros en España. La organización, con cúpula en Barcelona, utilizaba un entramado de empresas falsas y testaferros para introducir a personas de Nepal, Bangladesh y Marruecos mediante visados de turista en el espacio Schengen. Una vez en España, las víctimas eran trasladadas a fincas agrícolas en ocho provincias (Albacete, Alicante, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Murcia, Valencia y Zaragoza). Allí eran forzadas a trabajar hasta 12 horas diarias y hacinadas en condiciones infrahumanas, carentes de ventilación y salubridad mínima. Esta operación, iniciada en julio de 2024, evidencia cómo el favorecimiento de la inmigración irregular se convierte en una herramienta para el tráfico ilícito de mano de obra. Almería: Una realidad estructural de exclusión La vulneración de derechos no es un caso aislado, sino una realidad que afecta a miles de personas. Según informes de 2025 de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), unas 12.000 personas viven en asentamientos precarios en Almería y Huelva. Estas «ciudades de plástico» carecen de agua potable, electricidad y saneamiento, exponiendo a niños, mujeres y jóvenes a enfermedades y al riesgo permanente de incendios. Se estima que solo en Almería hay más de 25.000 trabajadores sin contrato sosteniendo la agroindustria que exporta a toda Europa. La precariedad se manifiesta en varios niveles. En primer lugar, hay una brecha salarial ilícita. Quienes tienen documentación perciben poco más de siete euros la hora; quienes carecen de ella, cobran entre cuatro y cinco, o incluso sufren el impago total de sus salarios. Por otra parte, ante la imposibilidad de empadronarse, los migrantes pagan entre 100 y 600 euros a terceros por un registro, y hasta 6.000 euros por un contrato de trabajo necesario para su regularización. Empresas como Agrupaejido han enfrentado protestas por despidos colectivos que han dejado a cientos de trabajadores sin prestaciones y con deudas salariales pendientes. La precariedad habitacional se agravó en febrero de 2026 con el desalojo de un asentamiento y un chalet ocupado en San Isidro (Níjar). Organizaciones sociales han denunciado que la actuación, que afectó a 70 personas, se realizó mientras la mayoría trabajaba en los invernaderos, encontrándose sin hogar a su regreso. La falta de alternativas habitacionales efectivas provoca que los afectados simplemente se desplacen a otras zonas de chabolas, perpetuando el ciclo de exclusión. Perspectiva a nivel europeo Este fenómeno trasciende las fronteras españolas. Según el estudio 'Esenciales pero invisibles y explotados' de la Universidad Pontificia de Comillas y Oxfam, una de cada cuatro personas empleadas en el sector agrícola europeo es migrante víctima de explotación. De los 9,2 millones de trabajadores del sector en el continente, 2,4 millones son extranjeros temporales (26 %), aunque la cifra real es mayor debido a la economía sumergida. El Informe apunta a una violación sistemática de los derechos humanos en nueve países de la UE, donde se documentan jornadas de 10 horas por salarios de apenas 37 euros. Además del abuso laboral, estos trabajadores enfrentan barreras lingüísticas y administrativas que les impiden acceder a servicios básicos de salud, quedando totalmente excluidos de la cobertura sanitaria debido a la falta de una dirección fija.