Las exportaciones agrarias y de la industria alimentaria ascendieron en 2018 a más de 47.000 millones de euros , un 0,4% más que el año anterior. La cifra supone un frenazo, frente a los robustos crecimientos de la última década. En gran parte, coinciden distintas fuentes de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), el frenazo es consecuencia del aumento de trabas burocráticas y de barreras fitosanitarias relacionadas con la seguridad alimentaria. En otros pocos casos, el parón obedece a aranceles, como el caso de la aceituna en EE UU.
El sector de frutas y hortalizas exporta por valor de 13.000 millones, más del 90% a Europa. El director de la Federación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas, Fepex, José María Pozancos, reclama un esfuerzo a la Comisión para la firma de nuevos acuerdos con terceros países. Se denuncia la lentitud para firmar protocolos con países como China o EE UU, con negociaciones que se extienden hasta dos años. Las dificultades se centran en materia fitosanitaria, pese a que las normas europeas son las más exigentes.
En el vino, con exportaciones de entre 23 y 28 millones de hectolitros , las mayores barreras son arancelarias y, en países como Brasil, Tailandia, India o Sudáfrica las dificultades se concretan en etiquetados no armonizados y exigencia de análisis de contenido en laboratorios del país.
Normas no armonizadas
En aceite de oliva hoy los temores más serios se concretan en la posibilidad de que la EE UU opte por ponerle también un nuevo arancel, como hizo el año pasado con la aceituna negra de mesa . Actualmente, el problema estriba en la ausencia de una normativa armonizada en materia de calidad, sobre todo con países no miembros del Consejo Oleícola Internacional.
Finalmente, en el sector cárnico, con ventas exteriores por más de 5.000 millones, se denuncia la falta de unificación de las competencias entre los ministerios de Agricultura y Sanidad, lo que supone retrasos, descoordinación y más costes. El secretario general de la patronal Anice, Miguel Huerta, denuncia que España siga sin ser declarado libre de la enfermedad de las vacas locas cuando el último caso fue en 2014, situación que impide exportar a países como China o Japón. EE UU, por su parte, exige tener instalaciones revisadas por las autoridades sanitarias de ese país. En el caso del porcino, el reto es el mercado australiano, que no admite el producto fresco o curado.